FOPEA pidió intervención de la Relatoría Especial de la ONU ante escalada de agresiones al periodismo

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia formal ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a cargo de Leopoldo Maldonado Gutiérrez. La organización advierte sobre el grave deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en la Argentina y solicita la intervención de la Relatoría ante el Estado argentino.

La presentación se acompaña de un informe basado en el Monitoreo de Libertad de Expresión que FOPEA mantiene desde 2008. Los números muestran una tendencia clara: los casos de agresiones pasaron de 116 en 2023 a 179 en 2024 y alcanzaron 278 en 2025, la cifra más alta registrada. En lo que va de 2026 ese récord ya fue superado.

Más del 60% de las agresiones documentadas en el período actual provienen del presidente Javier Milei. El detalle por año es elocuente: en 2023 se registraron 5 casos vinculados al Presidente (tres de Alberto Fernández y dos de Milei); en 2024 la cifra atribuible a Milei subió a 56; en 2025 alcanzó 119 y en lo que va de 2026 ya suma 175 hechos.

El informe presta especial atención a la escalada del discurso presidencial en las últimas semanas. El 6 de octubre el presidente publicó en X la frase “Torpedo a la cabeza de los sicarios corruptos del micrófono”. El viernes 23 de octubre, durante la cena anual de la Fundación Faro y horas después de su sobreseimiento en la causa $LIBRA, nombró a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, y luego afirmó: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

FOPEA considera que la identificación nominal de periodistas junto con la evocación de violencia física representa un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa. La organización advirtió a la Relatoría que este tipo de expresiones estigmatizan a los trabajadores de medios y los exponen a riesgos.

En la presentación, FOPEA solicitó que la Relatoría remita una comunicación al Estado argentino, que se pronuncie públicamente sobre la situación y que le recuerde las obligaciones derivadas del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre esas obligaciones figura el deber de los funcionarios públicos de abstenerse de expresiones que estigmaticen a periodistas o los expongan a riesgos.

La entidad también pidió que se evalúe una visita oficial al país y que la Relatoría actúe en coordinación con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de 2025, FOPEA ya había expuesto un panorama similar en una audiencia ante la CIDH.

La organización reiteró su solidaridad con todos los periodistas agredidos e instó a los dirigentes políticos, legisladores de todos los bloques e instituciones de la República a pronunciarse con claridad ante un discurso que legitima la violencia contra quienes informan. Recordó que la libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas sino una garantía del derecho de toda la sociedad a estar informada.

Desde la perspectiva del oficio, este tipo de intervenciones internacionales buscan recordar que la protección del periodismo no depende solo de los gremios o de las propias redacciones, sino que implica responsabilidades concretas del Estado. La escalada registrada en los últimos años obliga a revisar tanto las prácticas institucionales como la formación de las nuevas generaciones de periodistas en el manejo de contextos de alta hostilidad.