Los retrasos en pedidos de acceso a la información pública desgastan a los periodistas

Los retrasos en el acceso a registros públicos se han convertido en una de las mayores trabas cotidianas para quienes hacemos periodismo de investigación o de control del poder. No es un problema nuevo, pero sí uno que se agrava y que, según testimonios cada vez más frecuentes, está desgastando a colegas de todas las edades, especialmente a los más jóvenes que empiezan en redacciones estudiantiles.

Hoy, 22 de octubre de 2026, el panorama sigue siendo el mismo que se describía en la nota original publicada por el Student Press Report y recogida por Poynter: funcionarios públicos han encontrado una forma efectiva de limitar la transparencia sin violar formalmente la ley. Simplemente demoran las respuestas más allá de lo razonable, obligando a los periodistas a invertir tiempo, energía y recursos en seguimientos que muchas veces terminan en nada.

El mecanismo es conocido. Se envía una solicitud formal bajo la ley de acceso a la información (FOIA en Estados Unidos, pero equivalente en la mayoría de los países con marcos legales similares). La norma establece plazos claros, generalmente de 10 a 30 días hábiles. Sin embargo, las agencias responden con extensiones “por volumen de información” o “por necesidad de revisión”, y luego el expediente entra en un limbo que puede durar meses o años.

Para un periodista freelance o para un estudiante que tiene un semestre por delante, ese plazo es letal. Una investigación que debía publicarse en octubre termina archivada o convertida en una nota más blanda porque el dato clave nunca llegó a tiempo. El costo no es solo periodístico: es emocional. La sensación de estar peleando contra una pared invisible termina por quemar a muchos.

El problema no se limita a una jurisdicción. En Argentina y en buena parte de América Latina ocurre algo parecido con las solicitudes bajo leyes de acceso a la información pública. Los plazos legales existen, pero las respuestas tardías, las excusas de “falta de personal” o las derivaciones interminables son moneda corriente. El resultado es el mismo: autocensura preventiva. Muchos colegas dejan de pedir registros porque saben que el esfuerzo casi nunca se justifica en términos de tiempo invertido versus resultado obtenido.

Desde el punto de vista ético, esto afecta directamente la libertad de prensa. El acceso a la información pública no es un favor que concede el Estado: es un derecho ciudadano que los periodistas ejercemos en representación de la sociedad. Cuando ese derecho se vacía de contenido práctico, se debilita toda la arquitectura de control democrático.

¿Qué se puede hacer? En primer lugar, documentar sistemáticamente cada demora. Registrar fechas de envío, acuses de recibo, respuestas parciales y tiempos transcurridos. Esos registros pueden convertirse en insumos para notas sobre la propia opacidad del Estado o para acciones judiciales colectivas. En segundo lugar, combinar estrategias: no depender exclusivamente de pedidos formales. El trabajo de campo, las fuentes humanas, el análisis de datos abiertos y la colaboración entre redacciones ayudan a mitigar el daño.

También es importante que las redacciones, incluidas las universitarias, incorporen este tema en la formación. Enseñar a los estudiantes no solo cómo redactar una buena solicitud, sino cómo seguirla, cómo negociar plazos y cómo contar la historia del propio obstáculo cuando el acceso se niega. Convertir la traba en parte de la narrativa puede ser, en sí mismo, un acto de periodismo relevante.

El desgaste que genera esta situación no es menor. Como relata el autor de la nota original, uno termina sintiendo que el sistema está diseñado para cansarte. Y cuando el cansancio gana, gana la opacidad. Por eso es clave que el gremio, las organizaciones de defensa de la libertad de prensa y las propias facultades de comunicación sigan visibilizando este problema y exigiendo que los plazos legales se cumplan de verdad.

Mientras tanto, cada periodista que persiste en pedir registros públicos, que sigue el rastro de papel y que no se deja vencer por los “en breve le responderemos” está haciendo algo más que buscar una historia: está defendiendo el derecho básico de toda la ciudadanía a saber qué hace su gobierno con sus recursos y sus decisiones.