Medios e industria

Francia busca obligar a grandes anunciantes a destinar hasta 10% de su inversión digital a medios

El Gobierno francés presentó un proyecto de ley que obliga a los anunciantes que gastan más de un millón de euros anuales en publicidad digital a reservar hasta el 10% para prensa de información política y general. La medida, conocida como fléchage publicitaire, busca compensar la dominancia de las plataformas.

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Francia busca obligar a grandes anunciantes a destinar hasta 10% de su inversión digital a medios
Laboratorio de Periodismo

El Gobierno de Francia presentó ante el Consejo de Ministros un proyecto de ley que obliga a los grandes anunciantes, tanto públicos como privados, a destinar una porción de su presupuesto publicitario digital a medios de información política y general. La medida, conocida localmente como fléchage publicitaire, recae sobre quienes invierten más de un millón de euros al año en publicidad y fija un tope del 10% de esa inversión digital, porcentaje que se definirá por decreto.

La ministra de Cultura, Catherine Pégard, fue quien expuso el texto el 10 de noviembre. Según el resumen oficial, el objetivo es que esos recursos permitan a los medios invertir en su transformación digital y recuperar una parte de los ingresos publicitarios que hoy se concentran en las plataformas. En 2025, las grandes plataformas captaron el 76% del mercado publicitario online francés, equivalente a 9.400 millones de euros de un total de 12.400 millones, según datos de la revista INfluencia.

Solo se beneficiarán los medios que tienen el estatuto de prensa de información política y general, el mismo que da acceso a otras ayudas públicas en Francia. Quedan excluidas las revistas y la prensa especializada. El proyecto retoma varias propuestas surgidas de los Estados Generales de la Información lanzados en octubre de 2023 que hasta ahora no habían prosperado en el ámbito legislativo.

Antecedentes parlamentarios y evolución del texto

El texto llega después de un intento fallido en la Asamblea Nacional. El 2 de noviembre, los diputados aprobaron en primera lectura una enmienda que creaba una tasa del 0,5% sobre la facturación de los anunciantes que invierten más de un millón de euros anuales en publicidad. Esa tasa se podía evitar si se destinaba hasta el 15% del gasto digital a medios de información política y general. Una subenmienda que pretendía extender el beneficio a toda la prensa online, incluidas revistas, fue rechazada. La enmienda terminó cayendo junto con la parte de ingresos del proyecto de presupuestos para 2027, lo que llevó al Gobierno a optar por un proyecto de ley específico.

Reacción de los anunciantes y dimisión en la ACPM

La propuesta encontró fuerte resistencia entre los anunciantes. Jean-Luc Chétrit, director general de la Union des marques, presentó su renuncia el mismo 10 de noviembre como presidente de la ACPM, el organismo que certifica difusión y audiencia de los medios en Francia. En una carta a los administradores, criticó que los editores que apoyan el fléchage prioricen la obligación por sobre el rendimiento publicitario. Considera que la medida equivale a una tasa encubierta y sostiene que los grandes anunciantes ya son los que más invierten en prensa.

Philippe Bailly, consultor de NPA Conseil que participó en los Estados Generales de la Información, señaló que el texto final va mucho más allá de la propuesta original, que solo pedía mayor transparencia en el reparto de los presupuestos publicitarios.

Contexto más amplio de tensiones entre medios y plataformas

No es la primera vez que la distribución de la publicidad digital genera conflicto en Francia. En julio de 2026, Google fue condenado a pagar 126 millones de euros a varios grupos de medios franceses por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad online.

Qué deja para el oficio

En las redacciones argentinas que dependen cada vez más de la publicidad digital, este debate francés resulta ilustrativo. Muestra cómo un Estado puede intentar corregir la concentración de inversión en plataformas que no reinvierten en producción periodística. Aunque el contexto regulatorio y de mercado es distinto al argentino, la discusión sobre si corresponde obligar o incentivar a los anunciantes a sostener medios de información de calidad merece atención. La experiencia francesa puede servir para pensar mecanismos voluntarios o fiscales que, sin caer en subsidios directos, ayuden a sostener el periodismo que produce valor público. Quienes trabajan en medios nacionales o regionales deberían seguir de cerca cómo evoluciona el proyecto en el Parlamento francés y qué impacto real tiene sobre los ingresos de los editores.

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