El periodismo universitario que las autoridades no querían

En las últimas semanas, varios casos en universidades argentinas volvieron a poner en evidencia una tensión que no es nueva pero que sigue siendo preocupante: la distancia entre el discurso institucional sobre transparencia y la reacción real cuando el periodismo estudiantil decide investigar a la propia casa de estudios.

Desde redacciones independientes de facultades públicas y privadas, jóvenes periodistas han publicado informes sobre manejo de fondos, condiciones edilicias deficientes, irregularidades en concursos docentes y hasta casos de acoso que las autoridades tardaron en abordar. La respuesta, en varios casos, no fue el debate de ideas ni la corrección de problemas, sino el intento de limitar la difusión, retirar el apoyo logístico o, directamente, ejercer presión sobre los estudiantes.

Este tipo de fricciones no es exclusivo de un país ni de un tipo de universidad. En Estados Unidos, donde el fenómeno se documenta con mayor sistematicidad, organizaciones como la Student Press Law Center registran decenas de incidentes anuales. Aquí, aunque las cifras no están centralizadas de la misma forma, los testimonios de estudiantes y docentes consultados en los últimos años muestran un patrón similar: cuando la nota toca el nervio institucional, aparecen las trabas.

El problema se agrava porque muchos medios universitarios dependen, en mayor o menor medida, de presupuestos o espacios físicos asignados por las mismas autoridades que son objeto de sus coberturas. Esa dependencia económica y logística genera un conflicto de intereses estructural que pocos reglamentos internos resuelven de manera clara.

Un caso paradigmático que se repite es el de la “nota que desaparece”. Estudiantes publican un informe crítico en el sitio web del medio universitario y, al poco tiempo, reciben pedidos formales de “revisión” o directamente se les corta el acceso al servidor. En otras ocasiones, las autoridades envían comunicados a los periodistas acusándolos de “dañar la imagen de la institución” sin precisar errores factuales concretos.

Desde el punto de vista ético, la situación plantea un dilema claro para los estudiantes: ¿priorizar la supervivencia del medio o cumplir con el mandato periodístico de rendir cuentas al poder, aunque ese poder sea el rectorado o el decanato? La mayoría de los jóvenes con los que se dialogó en talleres y charlas opta por la segunda vía, pero no sin costo personal. Hay reportes de estrés, sanciones académicas veladas y hasta amenazas de acciones legales que, aunque rara vez prosperan, generan un efecto disuasivo importante.

La solución no pasa por eliminar la vinculación entre universidad y medio estudiantil —muchos proyectos nacen y se sostienen gracias a esa relación—, sino por establecer salvaguardas claras. Algunas facultades han avanzado en estatutos que garantizan la autonomía editorial y prohíben represalias. Sin embargo, la implementación sigue siendo irregular y depende, en gran medida, de la voluntad de las gestiones de turno.

Los estudiantes que hoy están en las redacciones universitarias están aprendiendo una lección que los manuales de periodismo no siempre incluyen: hacer periodismo serio dentro de la propia institución requiere tanto rigor factual como coraje cívico. Y ese coraje, lamentablemente, sigue siendo necesario porque la tentación de controlar el relato propio es tan antigua como la primera universidad.

Mientras las administraciones sigan viendo al periodismo estudiantil como una amenaza en lugar de como un aliado en la mejora continua de la casa de altos estudios, seguiremos asistiendo a este tipo de choques. La buena noticia es que cada vez más jóvenes se preparan para afrontarlos con herramientas técnicas sólidas, redes de apoyo entre medios universitarios y una comprensión clara de sus derechos.

El periodismo que las universidades “no quieren” es, muchas veces, el que más necesitan.