Investigación del Washington Post impulsa cambios en Flock para frenar abusos policiales

La investigación publicada por The Washington Post sobre el mal uso de los lectores de patentes de Flock por parte de agentes de policía tuvo un efecto concreto: la empresa anunció cambios en sus políticas de acceso y almacenamiento de datos.

Según el informe del Post, Flock opera una red extensa de cámaras que capturan automáticamente números de patente y los suben a una base de datos nacional consultable por fuerzas de seguridad y otros clientes. Esa información permite rastrear vehículos específicos o identificar aquellos que cumplen ciertos criterios, con posibilidad de compartir los datos entre agencias.

El anuncio de las nuevas medidas se produjo apenas una semana después de que el diario detallara decenas de ejemplos de oficiales que usaron el sistema para acosar a mujeres sin su conocimiento ni consentimiento. Uno de los casos más graves involucró a un jefe de policía que consultó la patente de su ex pareja más de 500 veces y le envió mensajes sugiriendo que conocía sus movimientos.

A partir del 1 de enero, los usuarios policiales de la base de Flock deberán etiquetar cada búsqueda con un número de caso criminal. Además, la compañía implementará detección automática de “actividad anormal”, como búsquedas repetidas sobre una misma patente, y modificará su configuración por defecto para que los datos se conserven solo siete días. Las agencias podrán extender ese plazo hasta un año, pero solo con aprobación de un funcionario electo o del cuerpo gobernante correspondiente.

Otra novedad es que los departamentos que comparten sus datos podrán establecer restricciones sobre los tipos de investigaciones en las que se pueden usar. El Post citó el ejemplo de una ciudad que autoriza el uso de sus cámaras para delitos violentos pero no para operativos migratorios.

Más allá de los casos de acoso, Flock ha enfrentado críticas recientes por el rol de sus datos en operativos de inmigración y por errores en los que vehículos fueron identificados erróneamente como robados, lo que derivó en confrontaciones con ciudadanos inocentes. Organizaciones de derechos civiles consideran que el sistema representa un caso de vigilancia excesiva. En respuesta, activistas han vandalizado o destruido algunas de las cámaras instaladas en vía pública.

Desde el punto de vista periodístico, el caso ilustra cómo una investigación con trabajo de verificación y acceso a registros puede generar modificaciones concretas en una empresa que opera en un sector sensible como la vigilancia tecnológica. El Post no solo documentó abusos sino que expuso fallas estructurales en los controles de la compañía, lo que obligó a Flock a responder públicamente.

Para los periodistas que cubren tecnología, privacidad y transparencia policial, el episodio refuerza la utilidad de cruzar bases de datos públicas, registros de acceso y testimonios de víctimas. También pone de relieve las tensiones crecientes entre el despliegue masivo de herramientas de vigilancia automatizada y los límites éticos y legales que deben imponerse para evitar abusos.

Flock no es la única empresa en este rubro, pero su escala nacional la convirtió en un caso testigo. Los cambios anunciados, aunque bienvenidos por defensores de la privacidad, dejan preguntas abiertas sobre su efectividad real y sobre si serán suficientes para prevenir futuras violaciones. La prensa especializada seguirá observando si las nuevas reglas se cumplen y si generan un efecto disuasivo genuino entre los usuarios policiales.

El episodio también sirve como recordatorio de que el rol de la prensa no termina con la publicación: el seguimiento de las medidas adoptadas por las empresas bajo escrutinio es parte esencial del oficio.