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El ministro de la Solidaridad dijo que el municipio se desentendió de las personas que viven en el río /

El ministro de la Solidaridad dijo que el municipio se desentendió de las personas que viven en el río

Daniel Passerini estuvo hoy relevando el operativo de desalojo en una de las márgenes del río Suquía. Fue a hablar con algunos de los que se resisten a ser relocalizados. Allí mantuvo una entrevista con Sosperiodista donde fustigó al estado municipal por haberse desentendido de la situación de estas personas. Dijo que es "burdo" argumentar que porque las aguas son de competencia provincial el municipio no interviene, siendo que "es una cuestión humanitaria hacerlo". Se preguntó qué hace la Secretaría de Derechos Humanos.


Sosperiodista.

El ministro de la Solidaridad, Daniel Passerini, cargó las tintas hoy contra el gobierno municipal al señalar que se ha desentendido de las personas que viven en las márgenes del río Suquía y debajo de los puentes de la ciudad y que si no fuera por la Provincia, que se está preocupando por relocalizarlos frente al riesgo de inundaciones, estas personas seguirían allí por años, sin soluciones a la vista.

Agregó que esto va más allá de la responsabilidad jurisdiccional que tiene la Dipas -y por ende, la Provincia- sobre las aguas y márgenes del río. "Es una cuestión de humanidad", dijo a Sosperiodista, en un recorrido de rutina realizado en el mediodía de hoy en un sector del río. El ministro estaba acompañado por su vice, Sergio Lorenzatti, y el Director de Hábitat de la cartera, Darío Ranco.

"¿Dónde está la municipalidad acá? En un pueblo o ciudad cualquiera, el primero que debería asistir a esta gente es el gobierno municipal. Y esto no lo digo por una cuestión politica, pero tienen una Secretaría de Derechos Humanos (a cargo de Miguel Baronetto), y tienen 50 reparticiones de hábitat y hábitat popular y sin embargo, si vos estos días que has venido viste algún funcionario municipal avisáme, porque yo no he visto a ninguno. Ninguno se acercó a ver si necesitabamos algo", dijo Passerini.

"Nosotros no eludimos nuestra responsabilidad como Estado. La Dipas notificó del desalojo y nosotros contenemos", dijo. Y siguió con su tono crítico: "La excusa de que la gente vivie a orrillas del río y de que es responsabilidad de la Dipas, me parece que es un argumento burdo. Creo que hay una ausencia de la municipalidad en lo que es una cuestión social bajo todo punto de vista".




En su visita, Passarini logró hablar con algunas de las personas que se resisten a abandonar sus lugares. Son los que viven debajo de la estructura de los puentes Alvear y Maipú. Mariano y Carolina, el caso que publicamos hoy, son uno de ellos. Passerini sostuvo que las personas serán reubicadas, y que para ello se agotarán todas las instancias del diálogo para persuadirlos de que es peligroso vivir donde viven. "Acá no hay ninguna acción judicial", aclaró.

Precisó que las personas que fueron desalojadas el lunes y que vivían en una casilla precaria, el gobierno los reubicó en un albergue o se comprometió a pagarles una pensión o alquiler por tres meses, tiempo en que el Estado evaluará si les corresponde una casa. Mientras que para los que viven hace muchos años debajo de los puentes, dio casi por hecho que esa gente será beneficiada con una vivienda del programa "Mi casa, mi vida".

"La tranquilidad que le doy a esta gente es que el programa de viviendas va a continuar como mínimo hasta el 2008, o sea que a los que censemos y firmen un acta acuerdo se les asignará una vivienda. Pero no podemos hacer esto de manera discrecional porque por ahí aparecen grupos o casos individuales que dicen que hacen años que aprovecharon la movida y se instalaron ahora", explicó.

Para aquellos que desconfían de la solución cortoplacista consistente en el pago de un alquier por tres meses, Passerini dijo: "De ninguna manera, acabado ese tiempo, nos vamos a desligar de estas personas. Tenemos casos donde hace más de una año asistimos a grupos familiares en riesgo y la idea es ir ubicándolos en el programa cuando corresponda".

Hoy había una pareja joven -con la mujer embarazada- que aparentemente aceptó irse. "A esta chica le estamos garantizando que reciba la leche y que vaya a hacerse los controles". También estaba Rafael, que vive hace años debajo del puente Alvear, y que no está muy convencido en ceder a las promesas oficiales.

El ministro indicó que una persona perteneciente a una ONG, llamada Lita Ore, está interviniendo para persuadir a la gente a que acceda al pedido del Gobierno. Ayer esta persona estaba junto al ministro, y luego acompañó a la joven pareja hasta el puente.

Le preguntamos también a Passerini si hubo representantes del gobierno ofreciendo dinero para persuadir a la gente a que se vaya: "Nosotros no ofrecimos nada. La gente nos dice que han venido otros y nos han hecho un chamuyo. Si fue así, yo la repudio, pero no es gente que dependa del ministerio", dijo.

26/9/07 - 16.50 horas
Solidaridad /

Solidaridad

Nos enteramos ayer que la obra social de los empleados estatales cordobeses “Apross buscará captar afiliados jóvenes. Es por el envejecimiento de sus beneficiarios. El 25% es mayor de 65 años y consume el 42 por ciento del presupuesto”, según publica la Voz del Interior. Además, de ser noticia por si debe ser una obra social provincial gerenciada o no –se supone que en octubre deja ese sistema según anticipó el gobernador Schiaretti- en los últimos meses el ex Ipam fue noticia en los diarios con títulos que dan cuenta de que poquitos afiliados consumen mucho presupuesto del Apross. Que si el 2 % se consume el 30%, que el alto costo de la receta de un paciente con fibrosis quística ,o lo que demandó económicamente el corazón artificial de Dominique. Lo diga o no la ley, la obra social estatal debe conservar un carácter solidario y hacer lo que debe hacer. Resulta peligroso insistir y mostrar como una decisión caritativa, lo que el Estado debe sostener como un principio: la solidaridad y garantizar el acceso a un derecho humano básico como es la salud, sea que el paciente tenga 5 años o 60. Captar afiliados jóvenes –como rescata el artículo de ayer- o apuntar a la prevención para paliar el problema son algunas alternativas. Sin embargo, muchas de las notas publicadas dan lugar a ideas que parecen reñidas con el espíritu de un ente estatal destinado a brindar salud. Sino, fíjese.


Sosperiodista.

Según la ley de la obra social de los empleados públicos de la Provincia, la APROSS observará “la igualdad en el acceso a las prestaciones, el resguardo de la equidad en la asignación de los recursos y la difusión y promoción del autocuidado de la persona...”

Sin embargo, alguna seguidilla de títulos periodísticos parecen fomentar la idea de que el ex Ipam le hace un favor a ciertos afiliados. Y que un pequeño grupo de personas debe sobrellevar –además de su enfermedad- la responsabilidad de una posible crisis financiera en la obra social.

En mayo del año pasado el diario La Mañana publica “APROSS: 2,5% de afiliados consume 31% del presupuesto de medicamentos. Es por enfermedades de baja frecuencia y alto costo. Por ejemplo, la receta media de un hemofílico ronda los $ 62 mil.”

En julio del 2007, La Voz señala que la Apross gastó tres millones en dos afiliados.
“En 2006, el 2,7 por ciento de los beneficiarios consumió 130 millones de pesos: el 31% del presupuesto del ex Ipam”. Allí también se daba cuenta de lo que demandó el caso de Dominique Lescano, la nena de 5 años que por afección cardíaca debió permanecer conectada a un corazón artificial, hasta la procuración de un órgano adecuado para el transplante. También sobre lo que cuesta un sólo afiliado con fibrosis quística.

En varios artículo, tanto en La Voz como en la Mañana, el titular de Apross, Rodolfo Rodríguez señala que en otros países el sistema público no costea transplantes a los mayores de 67 años ya que el coeficiente de calidad de vida futura no alcanza para justificar los gastos necesarios.

El propio Rodríguez se ha encargado de recordar también que la ley le pone un límite claro al gasto: el fondo que se genera por aportes y contribuciones de empleadores y trabajadores. También que la cantidad de amparos que presentan los afiliado, complica la posibilidad de administrar los recursos.

Ideas contundentes y repetidas hasta el cansancio. Por el funcionario. Y por los medios.


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15/1/08

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