Sosperiodista.

José Manuel de la Sota desmintió el viernes desde Río Cuarto que el campo no haya cumplido con el impuesto inmobiliario rural pese a que el 53% de los inmuebles presenta deudas.

El argumento del mandatario para hacerlo es que "no son datos oficiales" los difundidos por el diario La Voz del Interior. Sin embargo, en el matutino aclararon que las cifras fueron chequeadas en el Ministerio de Finanzas y de la empresa Kolektor, la encargada del recupero de las deudas.

El 7 de agosto pasado, nosotros publicamos un informe dando cuenta que los propietarios de campo ubicados en Córdoba poseen una deuda con el fisco del orden de los 527 millones de pesos, según un informe remitido entonces por el Ministerio de Finanzas a la Legislatura.

No tuvimos oportunidad de preguntarle a De la Sota por ese informe, pero seguramente su respuesta hubiera sido la del viernes: "No son datos oficiales".

Bueno, según la particular interpretación del gobernador, habrá que replantearse entre los periodistas si lo que entendemos por oficial no nace de una equivocación. De la Sota pretende, quizá, catalogar sólo como oficial lo que sólo es elaborado por la Dirección de Prensa o lo que surge de sus propias declaraciones o las de sus ministros. Qué hacemos entonces con los papeles o documentos que llegan a nuestras manos firmados de puño y letra por funcionarios, o las informaciones que los propios funcionarios se encargan de ratificar o difundir, vía llamado telefónico o entrevista personal. Si eso no es oficial ¿qué es?

Lo cierto es que el campo no paga, no honra los tributos como debería. Y eso, teniendo en cuenta que es un sector aliado al gobernador, incomoda un poco al gobernador. Entonces mejor desviar el debate con disquisiciones de estilo y comportamiento periodístico. Sería bueno que De la Sota nos ilustrara un poco más a los que hacemos periodismo lo que entiende por oficial.  

12/10/06

A partir del trágico episodio que dejó dos muertos en Petroquímica Río Tercero, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Río Tercero (APDH) remitirá al intendente Luis Brower de Koning y a la Asamblea de Constituyentes para la Carta Orgánica de esa ciudad seis cuestionamientos básicos vinculados a la seguridad de los vecinos.

Enviado por Carlos Esnaola.

La A.P.D.H. Delegación Río Tercero, cumpliendo con sus objetivos de bregar por los derechos de los ciudadanos, ocurre ante ustedes para decir y solicitar.

Frente a la realidad de encontrarnos habitando en una ciudad que esta definida como un polo de Industrias Químicas y ante la escasa información que el ciudadano común tiene respecto a la realidad de la empresas radicadas dentro del ejido urbano queremos pedir:

1. Que con la máxima premura posible se hagan públicos cuáles son los verdaderos riesgos que corre la población frente a un accidente químico de envergadura. Esto, con la profunda convicción de que no se trata de agitar el pánico sino muy por el contrario, evitar la hipocresía y el inconsciente disimulo de una realidad que parece ser considerada un tema tabú en nuestra sociedad.

2. Si existe algún Plan de emergencia para aplicar a la población en general (escuelas, empresas, hogares y demás). No solamente el manoseado Plan Apel que nadie conoce. De ser positiva la respuesta, cómo y quienes son los encargados de aplicarlo. ¿Porqué la población no sabe qué acción tomar frente a un acontecimiento de esta naturaleza? (hay encuestas hechas respecto al grado de información del ciudadano).

3. ¿Qué tipo de controles e inspecciones de seguridad se efectúan a las plantas químicas? ¿Con qué periodicidad? ¿Quién es la autoridad de aplicación en la materia? ¿Se cumplen las normas internacionales vigentes para los polos químicos, con inversiones para disminuir el impacto ambiental logradas en países como Suecia o Alemania por ejemplo?

4. ¿Existen controles e informes acerca de los elementos de seguridad modernos y actualizados con que deben contar los trabajadores de plantas químicas para realizar cada tipo de maniobra? ¿Se cumplen con todos los protocolos de seguridad? ¿La información con que se cuenta sólo es la proporcionada por las empresas?

5. Los escapes que periódicamente ocurren y que son de conocimiento público aunque nunca informados ni aclarados por nadie (hemos hablado con los vecinos del lugar y además recopilado información histórica), ¿son nocivos para la población? ¿Hay informes al respecto?

6. En definitiva, (solicitan) toda otra información referida al tema que nos ocupa y que pueda servir para esclarecer la permanente nebulosa que se percibe sobre la cuestión inseguridad.

El presente pedido será remitido a todas las autoridades, entidades, organizaciones, medios de comunicación, empresas específicas, a efectos de que tengan conocimiento sobre el carácter de transparencia que queremos imprimir a nuestro accionar, como así también se establecerá contacto con entidades ambientalistas para recopilar la abundante información con que las mismas cuentan. Oportunamente, solicitaremos entrevista con autoridades, directivos de compañías, fiscales, técnicos y demás, con el objeto de profundizar en el tema que tanto preocupa a todos pero que nadie se anima a profundizar. Nuestra consigna es que desde el punto de vista del horror “Debemos evitar otro posible 3 de noviembre”.

*Carlos Esnaola es miembro de la APDH DELEGACIÓN RIO TERCERO

19/06/07

MIRIAN ZUCCARINI

Felicito por la tarea y considero que sería bueno que todos pudiéramos apoyar este tipo de iniciativas que tienen que ver con la salud y la mejora de la calidad de vida del común de la ciudadanía.

jose marcos

desearia saber opinion de Alberto Rodriguez Saa o de su hermano sobre las elecciones para intendente en Rio Cuarto en junio de 2008 donde el Frejuli presentara candidato