Hernán Vaca Narvaja.

Nora Dalmasso fue asesinada en la madrugada del sábado 25 de noviembre del año pasado. Volvió a su casa alrededor de las tres y fue estrangulada por un sistema de compresión mixta entre esa hora y las seis de la mañana en la cama de su hija menor.

Esa es la información concreta, no sujeta a mayores contradicciones. A partir de allí los caminos se bifurcan: Nora tuvo sexo, pero no se pudo establecer en forma fehaciente si fue consentido o no; se extrajeron muestras de su cuerpo, pero no hay una opinión unívoca de si se trataba de semen; se recolectaron pelos y restos epiteliales del cuerpo y las sábanas y se hizo una exhumación del cadáver para extraer nuevas muestras, pero los resultados han sido cuestionados.

Luego de varios intentos fallidos, el CEPROCOR logró establecer la existencia de un patrón genético masculino (el ya célebre haplotipo Y) correspondiente a la familia Macarrón. Tras analizar la sangre de todos los varones Macarrón residentes en Río Cuarto, se detectó que la presencia de un alelo nulo sólo se repetía en el núcleo familiar integrado por Félix, Marcelo y Facundo Macarrón. Ergo, el círculo de sospechosos se ciñe hoy a tres personas: el suegro, el esposo y el hijo de la víctima.

Está probado que esa noche Marcelo se encontraba en Punta del Este junto a un grupo de amigos riocuartenses participando de un torneo de golf para aficionados. Félix estuvo esa noche en Río Cuarto y Facundo dice haber estado en Córdoba. ¿Por qué el fiscal Javier Di Santo imputó al hijo de la víctima de haber abusado de ella y luego haberla estrangulado? La acusación es atroz. Y si bien el fiscal no tiene un móvil aparente, está convencido de que la coartada de Facundo es más endeble que la de Félix, pese a que los testimonios que avalan a este último provienen de parientes directos (la esposa y la hija) que pueden mentir para favorecerlo sin por ello ser pasibles de sanciones legales.

Fiscales permeables
Si algo queda claro luego de un año de investigación en el caso Dalmasso es la pobre tarea de la Justicia y su escasa capacidad para resistir las presiones del poder político.

De hecho, las tres imputaciones tuvieron una relación directa con el poder: Rafael Magnasco, asesor de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, fue víctima de una usina de rumores y virtualmente lo obligaron a presentarse en Tribunales para evitar que la administración de José Manuel De la Sota quedara sospechada de proteger a uno de los sospechosos del crimen.

Fue tal la histeria que se apoderó del oficialismo que el por entonces ministro de Seguridad, Sergio Busso, anunció a la prensa que Magnasco había presentado su renuncia indeclinable al cargo. Era imposible: el joven abogado que se cocinaba a fuego lento en la usina de rumores de Río Cuarto nunca fue designado como personal de planta ni contratado: simplemente prestaba servicios como tercero, es decir, le facturaba a la Provincia. Fue tan absurda la imputación a Magnasco que la propia Cámara Penal, luego de cuatro meses de burocracia, decretó la nulidad de todo lo actuaco por los fiscales. Con este precedente, el primer imputado por el crimen de Nora Dalmasso le inició un juicio a la Provincia por un millón y medio de pesos (ver página 10).

El segundo perejil
En la Legislatura provincial todavía duerme el sueño de los justos un pedido de jury promovido por el oficialismo contra Di Santo y los fiscales Rubén Moine y Marcelo Hidalgo. El jury, impulsado por el propio gobernador José Manuel De la Sota, fue la consecuencia de otra actuación arbitraria de la Justicia riocuartense: la detención del pintor Gastón Zárate, también motivada por presiones, en este caso provenientes de los abogados querellantes y los policías que llegaron de Córdoba para investigar el mediático crimen de Villa Golf.

Las circunstancias que rodean a la detención e imputación de Gastón Zárate son aún más gravosas que las que vincularon a Magnasco durante cuatro meses con un crimen del que demostró ser totalmente ajeno. En el caso de Zárate, existe la sospecha fundada de que existió una decisión política de cerrar el caso acusando a un “perejil” de la muerte de Nora Dalmasso.

Los datos objetivos son contundentes: la orden de detención se libró horas después de que se hiciera, a pedido de los abogados querellantes, la reconstrucción del crimen en la vivienda de los Macarrón; esa misma mañana, el vocero Daniel Lacase advirtió a los fiscales que no le temblaría el pulso para pedir un jury de enjuiciamiento si no detenían al pintor; y los policías que debían recolectar las pruebas que incriminaban a Gastón Zárate paraban en el hotel Opera, donde los gastos de alojamiento corrían por cuenta de Lacase, según admitió a una cámara oculta (y ratificó en Tribunales) un conocido conserje del hotel. El hotel Opera es usurpado hace cuatro años por Carlos Marrero, director de Lotería de Córdoba, que tiene a Lacase como uno de los abogados de la sociedad fantasma que preside su presunto testaferro Guillermo Roberts.

Tanto los aprietes policiales que motivaron la declaración de Carlos Curiotti incriminando a Gastón Zárate como supuesto homicida de Nora Dalmasso como la estrecha relación entre los policías llegados de Córdoba con los abogados querellantes fueron motivo de investigaciones conexas al caso Dalmasso. Pero a un año de las denuncias, los fiscales Walter Guzmán y Julio Rivero no han mostrado avances significativos para deslindar responsabilidades de lo sucedido.

Para Enrique Zabala, abogado de Gastón Zárate, si se miran estas causas en un contexto global queda claro que existió una decisión política de incriminar a un “perejil” para cerrar la investigación que tantos dolores de cabeza le estaba ocasionando al Gobierno provincial (ver páginas 15 y 16). Una vez que obtenga el sobreseimiento de Gastón Zárate, Zabala seguirá los pasos de Magnasco y demandará también a la Provincia por daño moral, con lo cual el costo de la ineficiencia judicial podría elevarse por encima de los tres millones de pesos.

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