Nos enteramos ayer que la obra social de los empleados estatales cordobeses “Apross buscará captar afiliados jóvenes. Es por el envejecimiento de sus beneficiarios. El 25% es mayor de 65 años y consume el 42 por ciento del presupuesto”, según publica la Voz del Interior. Además, de ser noticia por si debe ser una obra social provincial gerenciada o no –se supone que en octubre deja ese sistema según anticipó el gobernador Schiaretti- en los últimos meses el ex Ipam fue noticia en los diarios con títulos que dan cuenta de que poquitos afiliados consumen mucho presupuesto del Apross. Que si el 2 % se consume el 30%, que el alto costo de la receta de un paciente con fibrosis quística ,o lo que demandó económicamente el corazón artificial de Dominique. Lo diga o no la ley, la obra social estatal debe conservar un carácter solidario y hacer lo que debe hacer. Resulta peligroso insistir y mostrar como una decisión caritativa, lo que el Estado debe sostener como un principio: la solidaridad y garantizar el acceso a un derecho humano básico como es la salud, sea que el paciente tenga 5 años o 60. Captar afiliados jóvenes –como rescata el artículo de ayer- o apuntar a la prevención para paliar el problema son algunas alternativas. Sin embargo, muchas de las notas publicadas dan lugar a ideas que parecen reñidas con el espíritu de un ente estatal destinado a brindar salud. Sino, fíjese.
La Voz del Interior afirma hoy que la búsqueda de una salida a la frustrada venta del ex Batallón 141 significará para Juan Schiaretti tener que pagar un costo político, debido a que en un primer momento convalidó la liquidación de un inmueble que forma parte del patrimonio público que José Manuel de la Sota buscó liquidar, entre gallos y medianoche, ya cuando tenía las valijas hechas. Dice la nota que Schiaretti buscará hacer que este "costo político" lo alcance también al intendente Daniel Giacomino, en virtud de que su antecesor, Luis Juez, fue quien frustró la operación sancionando una ordenanza que convirtió en "espacio verde" ese predio. Ordenanza, vale agregar, que tuvo un propósito más político que técnico, puesto que con la normativa vigente alcanzaba para impedir inversiones inmobiliarias de ese tipo en el lugar. Desde aquí preguntamos: ¿por qué hay que pagar un costo por revertir o corregir una venta que a todas luces fue alocada, irracional, sospechosa, inconsulta, hecha a las apuradas; en suma, perjudicial o ruinosa para los intereses de la Provincia? Y, en todo caso, ¿cuál sería el costo? Schiaretti podría ser acusado de incoherente y oportunista, por apoyar antes una acción que ahora está obligado a corregir, y Giacomino, mucho menos, ya que siempre dijo que mantendrá la ordenanza que declaró al lugar como "espacio verde". Hace tiempo que la incoherencia entre pensamiento y acción dejó de ser un alto costo en la política argentina. No hay costo en corregir lo que ha sido mal hecho para hacerlo mejor, porque la gente entiende ese mensaje. El costo o pérdida de confianza vendría dado, en este caso, por intentar imitar lo mal hecho, para hacerlo peor.
Largó el verano y los medios no escatiman espacio para difundir notas "periodísticas" que dan cuenta del calor que hace, los quemados, la vedette escandalosa y esas cosas aburridas que ya sabemos. A esta penosa situación hay que agregar que en estos tiempos -y hasta que medie un descanso que despeje nuestra cabeza-, no es sencillo agudizar la mirada crítica y buscar la paja en el ojo ajeno. Asi que sin más vueltas los invitamos a rescatar -via comentario- el mejor artículo o nota periodística que hayan leído, visto u oído.
El miércoles, Miguel Clariá y Mario Pereyra invitaron para su Mesa de Café (Cadena 3) al ministro de Salud de la Provincia, Oscar González. El objeto de discusión eran las declaraciones del ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Peña, que dijo que el hospital de Niños de esa ciudad debía priorizar pacientes de la capital en detrimento -por ejemplo- de los de la provincia de Buenos Aires. Por suerte, los periodistas locales y González repudiaron tamaña discriminación. Sin embargo, hay algunas declaraciones que hacen ruido.
Néstor Kirchner incrementó el gasto publicitario durante sus cuatro años de gobierno en un 480%. Gastaba 46 millones en el 2003 y se retiró del gobierno gastando 270 millones de pesos. Así lo revela un informe difundido hoy por la entidad civil ADC, que vuelve a marcar la necesidad de un régimen regulatorio que evite la discrecionalidad en el uso de fondos públicos. La Voz del Interior y Crónica 10 figuran entre los 15 principales proveedores del interior con más de $ 1,2 millones.
El secretario del gremio de Comercio, Pablo Chacón, apareció el viernes en el canal Crónica TV opinando de la asunción de Daniel Giacomino, el nuevo intendente. Es un hecho carente de trascendencia informativa, pero no propagandística.
Canal 10 proyectó anoche un video institucional sobre las potencialidades de Córdoba como provincia. "Córdoba, hacia el siglo XXI", se llamó. El video destacó las virtudes de la provincia mediterránea en materia de salud, educación y su industria. Aparecían entrevistados directores actuales de hospitales, funcionarios del gobierno saliente, artistas del espectáculo, etc, y aparecían también, las últimas obras inauguradas por José Manuel de la Sota: el Paseo del Buen Pastor, el Palacio Ferreyra, el Museo de Ciencias Naturales, en fin... Daba ganas de venirse a vivir a Córdoba, de tan laudatorio. ¿Será este un indicio de la política que las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba tienen pensado para los SRT en materia televisiva? (En la foto aparece Gabriel Pedetta, secretario de Atención a las Personas del Ministerio de Salud)
Cómo los diarios llevaron hoy la noticia de tres venezolanos y un uruguayo detenidos por la justicia norteamericana por conspirar y amenazar a Antonini Wilson para que no blanqueara el origen y destino de los 800 mil dólares decomisados en su paso por la Argentina, y que el FBI y un fiscal de EE.UU adjudican al financiamiento de la campaña de los K.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), una organización federal que agrupa a más de 200 periodistas en todo el país, está enviando notas, tanto a consultoras de relaciones públicas y comunicación como a empresas, para que eviten los regalos a periodistas en ocasión de las fiestas de fin de año. Uno de los puntos del Código de Ética de Fopea establece que no se deben aceptar presentes o atenciones que superen los 30 dólares. "Corresponde devolver al remitente los regalos con una explicación sobre los principios de ética periodística que impiden aceptar cualquier tipo de retribución de terceros", manda el Código. Mejor hubiera hecho Fopea en recordarle este punto a sus propios socios, los periodistas, muchos de los cuales se restregan las manos cuando llega esta época esperando ser sorprendidos por un lindo regalo. Pero como dice Fopea: no es lo mismo un Pan Dulce y un Champán, que un viajecito...
Qué dice la autopsia psicológica de Nora Dalmasso. Por ejemplo, que el móvil del crimen habría sido personal y no pasional como indicaron las primeras especulaciones. Luego, las similitudes entre Marcelo y su hija Valentina y entre Nora y Facundo. Detrás de la máscara de la familia ideal "subyacía una realidad de incomunicación, frovlolidad y frustración". La revista El Sur de noviembre cuenta minuciosamente los detalles de la autopsia.
La lucha de los hermanitos Flores por un tarro de leche
Estamos salvados, llegaron los veedores del Indec

Los medios de comunicación locales aburrieron ayer hasta el hartazgo comentando las implicancias del operativo que se realizará hoy para censar a la mayoría de los hogares provinciales. Los medios centraron sus notas y comentarios en las particularidades del operativo (las credenciales con que se identificarán los censistas, las preguntas que harán, las sanciones previstas para los que no respeten el feriado, etcétera); pero poco se indagó sobre la necesidad real del censo, el uso posterior de esa información y la aplicación de esa información para un fin específico. Por caso, ¿qué hará el gobierno para impedir que información tan sensible se filtre y sea usada con fines deshonestos o ilícitos? ¿Qué garantías existen en este sentido? La sensación es que se perdieron minutos preciosos discutiendo sobre la presunta espectacularidad de un operativo, que no es más que un gran encuesta donde unos preguntan y otros responden, o mostrando los aspectos más superficiales del hecho como la bolsita que llevarán los censistas (foto). Lo verdaderamente interesante es qué hará el gobierno con esa información y si, finalmente, los cordobeses tendremos accesos en el futuro al procesamiento más fino de esos datos, no a los datos vagos y generales que seguramente el poder buscará difundir.