Miguel Angel Pavlovsky

Cuantos años, mejor dicho décadas de Democracia, hemos vivido bajo leyes de la dictadura militar. Normativas hechas “a medida” por y para un gobierno de facto, con clara intencionalidad no sólo de enterrar ideas, sino de instauración de un modelo económico neoliberal, destructor de la industria nacional, que ensombreció a la cultura y educación y relegó a la marginalidad a gran parte del pueblo argentino.

Hoy estamos viviendo una etapa histórica que reedita las luchas por los derechos que hace mucho tiempo deberíamos haber recuperado. ¿Por qué esto no se pudo hacer antes? No se dieron las condiciones necesarias, no se tuvo el valor para hacerlo ó en algunos despreciables casos hasta existió complicidad. Hacerlo hoy tampoco es sencillo, esos fuertes intereses que lo impidieron permanecen hasta el presente, algunos intactos y otros mutando engañosamente para pasar desapercibidos, pero siempre relegando al pueblo. Es así que estamos experimentando profundas transformaciones que en tantos años no se dieron. Pero lo más destacable es que este proceso es por medio de leyes y se está librando por estos días la batalla, en el Congreso y también en las calles, por la sanción de estas iniciativas para cambiar la realidad con la fuerza del derecho.

En primer lugar la “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, reconociendo el lugar de Derecho Humano el derecho a la información y la comunicación e incluyendo a sectores que estuvieron excluidos, como por ejemplo los pueblos originarios.  Otra iniciativa, de la diputada nacional Vilma Ibarra, es la Ley para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. También se está impulsando que la Asignación Universal por Hijo, medida que el gobierno implementó por decreto, se consagre por ley y poder equiparar el derecho de los trabajadores formales con los informales, los desocupados, los autónomos y los monotributistas.

La más reciente es el proyecto de “Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social”, cuyo autor es el diputado Carlos Heller. Este debate recién comienza y además de aspirar a reemplazar a la reglamentación actualmente vigente (que fuera mentada e instaurada en 1977, por el hoy detenido Martínez de Hoz) el proyecto tiene dos objetivos fundamentales: la definición de la actividad financiera como un servicio público y concebirla a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras.

Representan cambios profundos mediante Leyes de la Democracia, que puede consolidarse como la salida por tanto tiempo esperada, a las rémoras dejadas por los siniestros actores de lo más oscuro de nuestra historia.

23/6/2010

norma

Te felicito por tu artículo.Seguí escribiendo.