Griselda Baldata.

Son pocas las fechas en el calendario oficial argentino que despiertan en el colectivo social una motivación especial, mezcla rara de patriotismo y rebelión, de reafirmación de los valores nacionales y de inusitado deseo de reivindicación patriótica. Podemos mencionar en ese sentido, y de manera emblemática, el 25 de Mayo y el 9 de Julio. Fechas estas, en que las marchas militares no nos remontan a esa tan oscura y perversa época que toda persona bien nacida tiene gravada a fuego en su memoria, sino que mas bien nos llevan melancólicamente a los primeros años de nuestra escolaridad.

Otras en cambio, como cuando se llama a elecciones generales, tienen un alto significativo republicano ya que permiten cumplir con la premisa democrática de la periodicidad en las funciones y por lo tanto debieran ser bienvenidas por la ciudadanía, que puede encontrar en ellas la oportunidad de elegir un proyecto político que la identifique, la contenga y represente. Así debiera ser.

No obstante, y con la preocupación lógica de lo que eso significa, las inadecuadas e incorrectas prácticas de la actividad política han traído, poco a poco, un peligroso desgaste en la motivación del “acto electoral”.

Sabemos que si bien el día del comicio, generalmente se registra un porcentaje aceptable en cuanto a la concurrencia, nadie puede desconocer que la apatía y la indiferencia, cuando no el fastidio, se manifiestan claramente en el período pre-electoral. A esto, no sólo contribuye la falta de credibilidad en la mayoría de los dirigentes (por aquello del doble discurso, las contradicciones y el hecho comprobado de que muy pocos resisten un archivo); sino porque además el ciudadano debe tolerar el bombardeo de las prematuras y cada vez mas costosas campañas que comienzan muchísimo antes de lo establecido por la ley, violándola de manera expresa, evidente y descarada.

Y es entonces donde cada vez cobra mayor fuerza la duda sobre el origen de esos fondos y la pregunta surge, obligada y categórica: ¿De dónde salen esos recursos? O, en todo caso el razonamiento de los menos ilusos: ¿Cuánto nos cuesta?

Cualquiera sabe o calcula, lo que cuesta cada segundo o párrafo de propaganda en los medios televisivos, radiales o gráficos, e incluso en algunos particularmente mucho más caros que otros, a lo que debe sumarse un ejército de “militantes rentados”, la cartelería, los vehículos afectados a la campaña, afiches, asesores de imagen, consultoras, locales partidarios... y mucho, muchísimo más. Impresionante despliegue que llega no sólo a las grandes ciudades, sino a todos y cada uno de los pueblos del interior a lo largo y ancho de todo un territorio.

Sabemos que en la mayoría de los casos resultan groseros los montos que se manejan, y si es que podemos, aunque sea de manera estimativa, arriesgar alguna cifra, seguro es harto millonaria.

La fuerte convicción popular de que ese dinero no sale precisamente del bolsillo del dirigente si éste ha sido ganado con “el sudor de la frente”, tiene fundamentos sólidos.

En la enorme mayoría esos candidatos han pasado o están en la función pública y que, despojándose de toda conducta escrupulosa o decente, logran en poco tiempo fortunas que jamás podrían obtenerse sólo con los buenos sueldos que la función le proporciona aunque vivan de ella toda la vida. ¿Puede acaso alguien explicar cómo con sueldos que no superan los ocho o nueve mil pesos, se amasen fortunas varias veces millonarias en dólares?

Y no es descabellado este razonamiento: “Si su paso por la función pública los pudo enriquecer fácil e impúdicamente, poco puede importar que parte de esos recursos vayan destinado a las campañas sabiendo que cuanto más costosas son, mayores resultados positivos garantizan". En todo caso, y al fin y al cabo ¿qué dirigente, con esta concepción de la política, no se siente tentado con ello? Además, ¿por qué debería importar gastar tanto dinero cuando ha sido tan fácil obtenerlo?

No obstante, el sistema acepta y protege estas prácticas políticas, y para lavar conciencia no ha dudado en sancionar una ley que permite “legalizar” estos procedimientos.

La normativa que “obliga a la rendición de los gastos” de una campaña electoral termina siendo un trámite burocrático de dudosa transparencia, que pocos respetan y que sólo sirvió a los efectos de cumplir con algunas responsabilidades parlamentarias para terminar siendo gatopardismo puro: se sancionó una ley para ser violada, no respetada y burlada al momento de la supuesta rendición.

Por otra parte, los aportes de dirigentes y empresas alcanzan sólo para cubrir gastos infinitamente inferiores a los reales y sirven de pantalla para justificar y presentar “balances” dando cumplimiento al precepto legislativo.

Es probable que la mayoría de la gente haga este razonamiento frente a semejante despliegue propagandístico, pero lo paradójico es la aceptación que hace el colectivo social de estas prácticas.

¿Será por comodidad, por resignación o impotencia frente a una realidad difícil de cambiar? ¿Será que debemos conformarnos con ser observadores pasivos de esta grotesca práctica que descalifica la política, debilita las instituciones y desgasta la democracia? ¿Seremos tan escépticos para no creer que es posible un cambio profundo en las conducta y la recuperación de los valores que nos permitan reafirmar la confianza en la política, valorar los períodos electorales como procesos de fortalecimiento institucional y la periodicidad de las funciones como garantía democrática? ¿O será que frente a cada proceso electoral y sus infernales maquinarias propagandísticas seguiremos haciendo balance de cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros?

(La autora de esta nota es dirigente del ARI Córdoba y ex senadora provincial del Frepaso)

(imagen del sitio elciudadano.cl)

25/4/07