José Alberto Cmet.

En la edición del matutino local “Hoy Día Córdoba” (del viernes 27 de julio de 2007) en la sección “Magazine”, el candidato a viceintendente Carlos Vicente de la Ciudad de Córdoba por el Frente Cívico y Social Carlos, ilustra como propuesta de un verdadero cambio en el Concejo Deliberante, seis medidas puntuales.

Como profesional en Ciencias Económicas, debo observar que en el punto 4 dice: “Solicitar una auditoría en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba sobre el Presupuesto del Concejo Deliberante. La iniciativa procura que un órgano externo, independiente y confiable estudie las cuentas públicas para que sus actos sean cada vez más creíbles y los habitantes de Córdoba puedan ejercer su derecho de acceder a la información estatal sin engaños, ni dudas sobre su veracidad”.

Sinceramente estimo, que Carlos Vicente (persona que considero de inestimable honradez), equivoca en este punto que propone hacer realidad y paso a explicar mis motivos:

- La facultad de Ciencias Económicas de la UNC y en especial la cátedra de Auditoría, no tiene la exclusividad de brindar con independencia y confiabilidad el estudio de las cuentas públicas.

Pretender el “paraguas” de las opiniones universitarias es algo parecido a decir: “Voy a misa todos los domingos” y ante los fieles cumplo con mis deberes cristianos. Esta cátedra se compone de profesionales que en forma paralela ejercen actividades independientes en su profesión.

Los trabajos que esta unidad académica realiza, no son gratuitos o por amor a la "Fundación Teresa de Calcuta".

Hasta el momento en el que he realizado la denuncia (como ex – docente de esta casa de estudios) ante la Justicia Federal, todos los trabajos a terceros han sido efectuados bajo un régimen de estricto cumplimiento contractual y no gratuito. O sea, los docentes cobran sus honorarios y el estado u organismo estatal o privado que los contrata los debe abonar.

Nada es gratis en esta moderna sociedad de consumo de bienes y servicios. Para colmo, los fondos que perciben estas unidades académicas no ingresarían en su totalidad al presupuesto universitario para aplicarse a gastos, incremento salarial, etc.

Los docentes con dedicación exclusiva no “pueden y no deben” realizar trabajos extra-universitarios y el Estatuto Docente de la UNC (en el artículo 52), expresamente brinda prohibición a estos tipos de actividades. O sea, estos docentes deben dedicarse a sus cátedras y a sus alumnos en tiempo completo.

- Creer que la opinión universitaria es infalible es discriminatorio y se acerca al principio imperativo de obsecuencia, al no pedir cotizaciones a las restantes universidades de Córdoba y de las existentes en el interior de nuestra provincia y porqué no, del resto del país. Invitarlas a todas (sean públicas o privadas), brinda la mayor transparencia posible. Esta actitud es de transparencia y en especial de participación.

Asimismo se debe hacer extensiva a los profesionales independientes en esta materia, la mayoría han sido formados en universidades públicas y en privadas de excelentes condiciones curriculares. Debo agregar que el Dr. Carlos Vicente, al egresar de nuestra universidad nacional, sin dudarlo impulsó actos del puro y sano ejercicio profesional e independiente.

Tribunales de Cuentas

-Para terminar, aporto el mecanismo que brinda calidad, independencia, calidad y objetividad en el control de las cuentas públicas. Me refiero a los Tribunales de Cuentas.

Estos deben estar integrados por las minorías que hacen mayoría en su integración. Es decir, el partido que gana una elección ejecuta las políticas para las que el ciudadano o vecino los votó mientras que las cuentas de gestión pública deben estar en manos de las minorías que participaron en el acto eleccionario. Esta es la verdadera democracia.

Pero parece que los que llegan al poder gubernamental temen a los Tribunales de Cuentas en manos de las minorías. Aquí es donde se debe apuntar el verdadero cambio de control de gestión y en la cual los tribunos a ser elegidos, deben contar con los respectivos antecedentes profesionales en la materia.

Los actos más creíbles son los que más se difunden y si son librados por entes o personas en la cual han sido invitados a la revisión de los estados contables, mayor es en su confiabilidad y objetividad de los actos de gobierno.

Familiares. Además, aprovecho este medio para preguntarle al candidato: ¿qué destino tendrá el personal familiar o del selecto amiguismo y que algunos de los actuales ediles del Concejo Deliberante fueron designados en planta permanente?

En realidad, ningún candidato propone qué se debe hacer con los colaboradores y/o asesores de la planta política y su encuadramiento salarial-contractual. La solución es simple. Existe a nivel nacional y es el estatuto de la función pública, que incluye el personal de planta y del cuadro político. Es cuestión de copiar los apartados más útiles al interés de cambiar algo, para que algo cambie en serio.

Sinceramente, deseo que este comentario sea considerado como un pequeño aporte u opinión a ser tenido en cuenta en alguna oportunidad, que no sea muy lejana.

Foto: argentina.gov.ar

31/7/07

Mirta Susana

Lamentablemente se ha convertido la grande y pequeña política en un emprendimiento de salida laboral-familiar. El apunte del autor contiene muchas verdades. Me viene a la memoria el ejemplo de algunos ediles que ingresaron en la actual gestión y cito al concejal Miguel Berrotarán (repito entre tantos), que inmediatamente al asumir como concejal, habría designado a dos familiares directos y exclusivos como asistentes (desplazando a todos los que han colaborado en su proyecto (supuestamente de buenas inteciones en sus comienzos). Estos fueron engañados y/o utilizados y que ahora sus colaboradores familiares designados, seguramente cuentan con el beneficio de pertenecer a la planta permanente municipal. Prueba, que cuando uno se propone lograr un cargo político, se benefician los mas cercanos familiares y no los que verdaderamente les brindan los mejores asesoramientos de contenido profesional. Entonces, propongo el diseño de una organización que se denomine PyMEpPFP (Pequeña y Mediana Empresas para Políticos en la Función Pública). El candidato Carlos Vicente tiene la respuesta. Saludos.