Mario Albera.

Corporativo número uno: El gobernador José Manuel de la Sota. Buscó preservarse y preservar a su gobierno del papelón que sigue siendo el no esclarecimiento del crimen de Nora Dalmasso, atacando a los representantes del poder judicial y poniéndose del lado del sentimiento popular que descree del accionar de esta justicia. Siempre es más fácil buscar un chivo expiatorio, en este caso los fiscales del caso, para tapar vanamente el sol con las manos. Esta casta política, y el gobernador en especial, son parte responsable de la supuesta ineptitud de los integrantes del ministerio público, por más que quieran jugar a las escondidas como los chicos. No hay que olvidar que un centenar de magistrados y funcionarios del poder judicial actual fueron elegidos por una comisión asesora (también utilizada por Angeloz) que jamás fue vista como un sistema cristalino que garantizara el proceso de selección de los mejores. Esa comisión suplantó por seis meses al Consejo de la Magistratura, el órgano natural de selección, y estuvo integrada en su mayor parte por representantes del poder político. Por eso siempre se la catalogó como "la mayoría automática delasotista". En vez de atacar a los fiscales, el gobernador debería tener memoria crítica, o al menos no buscar chivos.

Corporativo número dos: El Tribunal Superior de Justicia. Sus miembros sacan una acordada para rechazar los cuestionamientos de la clase política y advertir sobre el "riesgo institucional" que significa el ataque directo de un poder republicano contra el otro. Olvida este Tribunal que este mismo gobierno le asestó el más duro golpe a la independencia y la credibilidad en la justicia cordobesa cuando propició la retirada anticipada de jueces y fiscales que venían de otro gobierno y decretó una emergencia para cubrir esas vacantes con abogados, muchos de los cuales no debieron rendir examen ante el Consejo de la Magistratura sino ante una comisión armada a gusto del poder político. Muchos entendieron esos ascensos como un premio para aquellos funcionarios que tenían en sus manos causas cuyos denunciados eran funcionarios del poder político. No obstante, esto no invalida ni pone en sospecha a todos los que ingresaron. Es cierto que los miembros de ese Tribunal frenaron una arremetida anterior del gobierno para que los funcionarios sustitutos fueran ratificados por ley, pero esa acción no los exime de la equivocación de haber legitimado la nueva comisión, enviando un vocal a las sesiones. Fue éste el golpe de nocaut para la justicia, y no la retórica encendida de hoy.

Corporativo número tres: Los legisladores oficialistas. Acatando órdenes de las más altas esferas de gobierno, salieron raudos a pedir juicio político contra los fiscales por mal desempeño. Es otra forma de autopreservación que la clase política dispone: arremeter contra otro poder, cuando las papas queman en el propio. Un ex funcionario del gobierno está imputado y dos más renunciaron salpicados por el caso, y mientras los diarios hablan de encubrimiento político, es mejor desviar la mirada hacia otro lado. Bienvenido los fiscales. Como ya no serían funcionales al gobierno, metámosle un jury para disciplinarlos un poco. Ni siquiera estarían tan interesados en que el pedido prosperara, pero sirve a los fines políticos. Lo mismo hizo este bloque, aunque con otra composición, allá por mayo del 2001, cuando los ex diputados delasotistas Novillo Corvalán y Kramer pidieron la destitución de dos magistrados que intervenían en el caso Bodega, las presuntas coimas en el Senado provincial para aprobar la reforma estatal. Los pedidos fueron contra el juez Enrique Mazzotta y el fiscal Marcelo Sanmartino. Es la forma que tiene el poder político de marcarle la cancha a su vecino el poder judicial, con la intención de disciplinarlo, controlarlo. Y créanme, que lo consigue.

Corporativo número cuatro: La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Sus miembros también salen a pedir prudencia, a repudiar la injerencia indebida de otros poderes y se solidarizan con quienes resultaron cuestionados. Pero nunca son muy afectos a la autocrítica sobre la actuación de sus representados. Demasiado recato, demasiada discreción corporativa para una sociedad desilusionada con el servicio actual de justicia.

Corporativo número cinco: La oposición política. Los comités provincia y capital de la UCR, por ejemplo, expresaron sus puntos de vista en forma separada. Mario Negri con declaraciones a la prensa y Ramón Mestre mediante un comunicado del comité. Cada uno quiso tener voz propia, como si pertenecieran a partidos diferentes, a corporaciones distintas. Luis Juez, en tanto, aprovechó el escándalo para prometer que cuando sea gobernador impulsará una reforma para darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura y para implementar un sistema de selección distinto del fiscal general. Hasta ahí, era previsible que dijera algo para diferenciarse en la carrera electoral por la gobernación. Pero fiel a su estilo, sacó también a relucir su perfil denuncista (como si fuera el líder de una corporación denuncista imaginaria) al revelar aprietes supuestamente sufridos por el fiscal general saliente, aunque sin dar detalles. A ningún miembro de la oposición se le cruzó, por ejemplo, convocar a una gran marcha popular para decir BASTA a tanto manoseo institucional. Cada uno, a su manera, llevó agua para su pozo.

15/2/07