Román Ballesteros.

La emergencia declarada por los empresarios del sistema de transporte público de la ciudad de Córdoba, como consecuencia de la brutal medida dispuesta desde el PEN (la Secretaría de Transportes de la Nación dispuso corte de subsidios al combustible para Córdoba), nos lleva a un punto de reflexión extremo. O estamos en un estado de emergencia de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba, por falta de iniciativa, incapacidad o sometimiento ante el gobierno nacional ante la carencia del más elemental servicio público en Córdoba. O asistimos impotentes a una sórdida y perversa manipulación de la supervivencia del modelo tan declamado por la presidenta. Tal como lo vemos en todas sus declaraciones públicas.

Esta insólita emergencia de facto ejecutada por los empresarios rompe toda convivencia posible en el pueblo. Es más, rompe el modelo de una sociedad organizada. Y desde la cúpula de la nación (por sus actos) se desata esta aberrante situación, tal vez por razones de la política doméstica, como es el abusado método de los subsidios a mansalva. Para hijos y entenados.

Después de más de 10 años, durante los cuales se mantienen servicios públicos mediante la dádiva dispendiosa para satisfacer siempre ganancias incomensurables de los empresarios del transporte (ferrocarriles, aviación, autotransportes, etc.) y nunca para mejorar el servicio, modernizar equipamientos e infraestructuras, se corta caprichosamente este modelo de dependencia intolerable. Esta vez es con carácter (aparentemente) discriminatorio. Inexplicable e intolerable medida pública contra el pueblo de Córdoba.

¿Quién da estas ordenes desde la Capital Federal? ¿Quién “dibuja” este modelo ahora? ¿Quién maneja la ciudad? En las colas de los ómnibus, que no vienen, la gente se preguntará alguna de estas cuestiones. ¿Hasta cuando se podrán soportar estas aberraciones antipopulares contra los cordobeses?  

El desorden no da para más. La autoridad pública de Córdoba, desde el gobernador para abajo, es inoperante frente a estos actos unilaterales, ya sean de arriba o de abajo. Parece que el modelo está en crisis por motivos que la gente no entiende o no participa. El avasallamiento del poder central sobre las provincias es funcional como método a este modelo de gobierno antipopular. Y sus consecuencias atentan contra los intereses del pueblo, quien al fin resulta perjudicado torpemente.

En estas páginas habíamos escrito, hace un tiempo, que hacía falta poner orden en el sistema de transporte público de la ciudad de Córdoba para que se presten servicios de transportes públicos en forma segura, confiable y económica con su debido control y fiscalización. En tal sentido resulta ya necesario e impostergable reiterar ahora que el próximo gobierno municipal proceda a replantear el manejo del sistema actual de TUP por ser este anacrónico, inapropiado, ineficiente y antieconómico. Esta medida debiera estar convalidada por una planificación seria y un referéndum popular debida y responsablemente convocado.

Las continuadas y reiterativas maniobras, aprietes, paros y cortes de servicios, además del evidente descontrol público reinante, han ocasionado ya irreparables pérdidas económicas, sociales y laborables a más de 1 millón de habitantes durante estos últimos 25 años. Es inmediatamente necesario que la actual flota completa de ómnibus de la ciudad sea declarada patrimonio público de la ciudad de Córdoba y quede a cargo de la Municipalidad, dándose nuevas concesiones de operación y mantenimiento de la misma a empresas (o cooperativas) solventes y con garantía real y efectiva.

La democracia, al fin el gobierno del pueblo, está en emergencia.

Imagen: www.cadena3.com

28/5/2011

Martín Menditto

Lo que pasa que en vez de tener un intendente, tenemos sentado en la municipalidad a un delegado de las empresas privadas de colectivos, por ende siempre tiro a favor de ellas, proponiendo abusivos aumentos y convalidando con su inacción este lock out absurdo.