Sosperiodista.

El diario Clarín informó en su edición del sábado pasado que el Gobierno Nacional promulgó la ley 26.221 que fija el marco regulatorio de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), por medio del decreto 181.

Lo que hace este instrumento jurídico es poner en vigencia el nuevo marco normativo de la empresa que reemplazó a Aguas Argentinas.

La estatal AySA tendrá a su cargo el suministro de agua potable y cloacas así como la realización de las inversiones necesarias para el mantenimiento y la expansión del servicio.

Entre los puntos salientes del nuevo esquema regulatorio figuran la creación de dos órganos para la planificación y regulación del servicio.

Los dos órganos que crea la ley son: la Agencia de Planificación (APLA), que participará en la elaboración de las obras y en la fijación de las tarifas; y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que reemplazará al antiguo ETOSS en el control del servicio y la atención de los usuarios.

La APLA estará integrada por la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y contará con una comisión asesora donde habrá un representante de cada uno de los municipios del área de concesión.

El ERAS, en tanto, también será conducido por un directorio tripartito con representantes de las jurisdicciones antes mencionadas, y además de una comisión asesora integrada por representantes de los municipios bonaerenes, contará con una Sindicatura de Usuarios que nucleará a las asociaciones de usuarios y un Defensor del Usuario "que será seleccionado por concurso público y participará en las audiencias públicas y en los casos administrativos en los que las decisiones del ente afecten a los usuarios", según lo informado por Clarín.

Es digno de ser destacado este último aspecto referido a la participación de los usuarios, primero a través de una sindicatura y de una especie de ombudsman del agua, en el esquema regulatorio del servicio de agua nacional.

Al menos desde el punto de vista teórico, es un marco moderno e integrador, ya que también da cabida a los municipios cuyos habitantes serán destinatarios del servicio de prestación estatal.

En Córdoba, pasa todo lo contrario. Si bien el Grupo Suez y Aguas de Barcelona abandonaron la operatoria del servicio, el modelo de gerenciamiento continúa, ahora bajo otro actor privado, el Grupo Roggio. Según el acuerdo contractual firmado con la Provincia, el grupo empresario local será el operador de la concesión hasta su vencimiento el 7 de mayo de 2027.

Uno de los aspectos más gravosos que tiene el nuevo esquema de prestación privada del servicio de agua potable es la escasa, por no decir nula participación de los usuarios dentro de los mecanismos de regulación.

Por ejemplo. La ley que aprobó el nuevo convenio entre Aguas cordobesas y el Estado provincial delega las revisiones de los costos en una mesa de discusión tarifaria, que estará integrada por dos representantes de la concesionaria, dos del Gobierno (Ministerio de Obras Públicas y de Fiscalía de Estado) y un miembro del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), que puede ser del mismo gobierno provincial. La ley nada aclara.

La ley contempla la realización de audiencias públicas previas antes de aprobar una suba, pero sus efectos o conclusiones no son vinculantes.

En el nuevo modelo de contrato se excluyó como actor al municipio de la ciudad de Córdoba, siendo que sus habitantes son usuarios del servicio. Esto había merecido la crítica del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en oportunidad de la audiencia pública por el contrato.

En conclusión: mientras la Nación abre el juego para que municipios y usuarios, a través de sindicaturas y defensores, participen en el control del servicio de AySA, en Córdoba, las mayores atribuciones las tienen, paradójicamente, el concedente (Estado) y el concesionario (Aguas Cordobesas), relegando a los usuarios a un papel marginal, casi inexistente, como el que se previó para el municipio local.

5/2/07

Si prospera un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante los empresarios, productores o responsables cordobeses de la organización de desfiles de moda u otros eventos deberán abstenerse de incluir a modelos, promotoras/es, presentadoras/es cuyo índice de masa corporal (IMC) esté por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El autor de la iniciativa es el concejal Beltrán Corvalán -del Partido Nuevo- el mismo que impulsara la ordenanza que obligó a los fabricantes de ropa a confeccionar prendas de todos los talles.

El concejal plantea que los organizadores incluyan en la programación de sus actividades "la exhibición de realizaciones que contribuya a evitar la publicidad de cánones de belleza asociados con la delgadez extrema y que incentiven trastornos de la alimentación como la bulimia y la anorexia, entre otras. Deben promover una alimentación saludable y la aceptación de la diversidad".

Los que no cumplan con lo ordenado deberán pagar una multa que iría de los mil pesos a los diez mil, y la inhabilitación por un año en caso de incumplimiento reiterado.

Entre sus fundamentos, Corvalán destaca que según la OMS nuestro país se encuentra en segundo lugar en lo referido a desórdenes alimenticios indicando que uno de cada diez jóvenes sufre algún tipo de desorden emocional que afecta su peso corporal. La idea, entonces, es instalar el tema entre los principales actores involucrados en esta actividad, además de otros actores sociales.

La norma "pretende establecer un freno a la difusión de aquellos ideales establecidos por las culturas de masas y del consumismo, entre los cuales se puede señalar: La cultura del éxito, en la cual se incentiva que la felicidad debe ser alcanzada a cualquier precio". En ese marco, la exaltación del culto del cuerpo, a la extrema delgadez y a la juventud eterna, fomentados por la industria de la belleza y los medios, atentan "contra los patrones socioculturales que se inculcan desde la familia y la escuela".

Apunta Corvalán que los países pioneros en la lucha contra la bulimia y la anorexia son España e Inglaterra, como consecuencia de sus normas estrictas "tendientes a prohibir la participación de modelos muy delgadas evitando así que dichos eventos difundan ideales erróneos para los jóvenes".

Explica que el IMC de la OMS recibe el nombre de índice de Quetelet (Lambert Adolphe Jacques Quetelec), y es usado como indicador nutricional desde 1980. El IMC (Indice de Masa Corporal) resulta de la división entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la estatura expresada en metros. Por lo tanto, el IMC es un índice del peso de una persona en relación con su altura. A pesar de que no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, este es el método mas práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad.

Expone como ejemplo lo siguiente:

IMC= Peso (Kg.)
(altura(m)2

Por ejemplo, si usted pesa 70 kg y mide 1,70 cm, el IMC se calculará:

IMC= 70
(1,70)2

IMC= 70 = 24,22
2,89

Señala que en adultos se suele establecer un rango de 18 a 25 como saludable. Un IMC por debajo de 18,5 indica desnutrición o algún problema de salud, mientras que superior a 25 indica sobrepeso. Por encima de 30 hay obesidad leve, y por encima de 40 hay obesidad mórbida que puede requerir una operación quirúrgica. Estos rangos se aplican a personas de entre 25 y 34 años, y aumenta en un punto por cada diez años por encima de 25. Así, un IMC de 28 es normal para personas de 55 a 65 años.

Clasificación de OMS del IMC
< 16: Criterio de Ingreso
16 a 17: Infrapeso
17 a 18: Bajo Peso
18 a 25: Peso Normal (Saludable)
25 a 30: Sobrepeso (Obesidad Grado I)
30 a 35: Sobrepeso Crónico(Obesidad Grado II)
35 a 40: Obesidad Premórbida (Obesidad Grado III)
> 40: Obesidad Mórbida (Obesidad Grado IV)

Entre 25 y 30 se observa un aumento de riesgo. Los pacientes con este peso son considerados con “sobrepeso” o “exceso de peso”. Entre 30 y 35 se considera “obesidad leve”, entre 35 y 40 se considera “obesidad moderada”. Por encima de 40 se considera “obesidad mórbida”.

6/11/07

Martín Menditto.

Cuando una institución aspira al crecimiento sostenido en base a un proyecto serio, del cual espera que fructifique en un tiempo determinado, lo primero que hace es plantear objetivos, y conjuntamente lineamientos de conducta internos tendientes a respetar dicho proceso, es decir, especificar una actitud de compromiso hacia lo planeado.

La posibilidad de cumplir con lo estipulado será un fuerte pilar para que crezca la institución de forma mantenida, solidificada.

El Club Atlético Lanús, en los últimos años, ha actuado con obediencia hacia esos principios básicos de organización, esto le ha posibilitado estar muy cerca de conseguir su primer campeonato nacional de fútbol. Aun cuando Lanús no logre coronarse en este Apertura 2007, seguirá siendo un ejemplo de planificación institucional digna de ser imitada.

El club granate se ha planteando objetivos escalonados según sus necesidades momentáneas, pero siempre manteniendo una coherencia en el accionar, que le ha servido de hilo conductor para solventar aspiraciones verdaderamente ambiciosas, incluso más allá de los resultados deportivos.
En el Torneo Apertura 2005, cuando Ramón Cabrero asumió la dirección técnica de Lanús, en reemplazo de Néstor Gorosito, el club situado al sur del Gran Buenos Aires militaba en los últimos puestos de la tabla del descenso, peleando por mantenerse en la máxima categoría. Lo primero que se proyectó fue asegurar la permanencia; esto se hizo apuntalando a una generación de jugadores jóvenes, provenientes de las inferiores, entre los que se contaban Aguirre, Leto, Romero, Archubi, Biglieri, Fabbiani, Acosta, entre otros. Ellos formaron la base del plantel, acompañados con experimentados jugadores de categoría reconocida como Bossio, Graff, Graieb, Velázquez.

Sólo dos años después encontramos que aquella base de jugadores es prácticamente la misma que hoy está a un paso de consagrarse campeón, salvo contadas excepciones.

Incluso se mantuvo el orientador táctico durante tres temporadas, algo desacostumbrado en el fútbol doméstico. El cuerpo técnico encabezado por Ramón Cabrero es el que lleva más tiempo trabajando en un mismo club en la categoría mayor. Antes de llegar al banquillo de la máxima divisional, Cabrero cumplió sus funciones en las divisiones formativas de Lanús, es decir, se reencontró en primera con una camada de jugadores a los que había formado en las inferiores.

El equipo granate ha sido tan prolijo en los últimos años, que ha previsto ciertas situaciones y las tiene resueltas de antemano, cuando Cabrero se retire de la dirección técnica de Lanús, su reemplazante será el joven Luis Zubeldía, actual ayudante de campo y entrenador de la reserva, con esto se aseguran la continuidad de un modelo de conducción, como así también de un estilo futbolístico, lo que reafirma la identidad de la institución, tanto dentro como fuera de la cancha.

Además, es posible que Zubeldía llegue al banco de la primera acompañando a una nueva generación de jugadores, formados por él en la cantera granate. En cierta medida repetirá lo ocurrido con Cabrero hace poco más de dos años. Eso es coherencia en la dirigencia, y tiene mucho que ver con este presente dulce que vive el club del Gran Buenos Aires.

Lanús consiguió armar una estructura basada en ciertas puntualidades que suelen propiciar el éxito, por ejemplo, mantener la base del equipo; vender solamente uno o dos jugadores por temporada; hacer escasas incorporaciones, pero seguras y de categoría; lograr la continuidad de un cuerpo técnico, o al menos de una identidad futbolística. Estas prolijidades fueron posibles porque Lanús nunca condicionó la continuidad del proceso por la suerte de un partido, cuyo resultado, a veces, se define por situaciones fortuitas. Hubo una actitud de responsabilidad institucional, que permitió ver más allá de los ocasionales traspiés deportivos. Los dirigentes confiaron en sus planes, logrando transmitir esa confianza a los demás sectores del triángulo formado por autoridades, técnicos y jugadores.

Lanús es un gran campeón, independientemente de la posición final que ocupe. En este caso, la grandeza del triunfo no reside solamente en la cantidad de unidades cosechadas, sino en su convicción de mantenerse fiel a un proyecto. Lanús puede lograr el Torneo Apertura 2007, o no, de igual modo ya es un ganador en todo sentido, deportivo, institucional, económico, y lo seguirá siendo mientras se mantenga coherente con los valores que lo ayudaron a posicionarse, en el terreno de juego y también más allá de las líneas de cal.

Foto: infobae.com

29/11/07

En el actual enfrentamiento entre el gobierno nacional y ciertos sectores de la actividad agraria hay algo que falta, una importante problemática que apenas asoma entre la vorágine de acusaciones, insultos e imágenes televisivas de rutas cortadas, con el análisis en los grandes medios nacionales que se preocupan mucho por lo superficial del conflicto, pero poco por las causas verdaderas del mismo, que abarcan bastante más que un aumento en las retenciones a las exportaciones.

Por empezar, ninguna de las partes en pugna discute, ni ha discutido nunca, la posibilidad de llevar a cabo una verdadera reforma agraria, base sobre la cual se deben formular planes a largo plazo en el sector del campo. Tampoco se dice nada de la implementación de un máximo de cantidad de hectáreas por persona o en manos de Sociedades Anónimas para limitar la concentración de tierras, ni se oye algo sobre leyes que impidan o restrinjan la venta de tierras a corporaciones y multimillonarios extranjeros, ni sobre subsidios al pequeño productor para que siga trabajando su campo y no se vea obligado a arrendarlo a un “pool” de siembra extranjero, porque el boom sojero aumentó el precio de los arrendamientos en un 83 por ciento, y esos “pooles” desplazan del sistema agropecuario a los pequeños y medianos productores, que no pueden afrontar los nuevos montos de arrendamiento por hectárea.

El gobierno, por su parte, con su modelo macroeconómico basado en un tipo de cambio que beneficia al campo (1 peso = 3 dólares), ve la posibilidad de recaudar mucho más dinero y no reconoce que con el aumento de las retenciones persigue un fin político, o sea mostrar superávit fiscal y no inflación, tener dinero para subsidiar a empresas privadas con dinero público y, por supuesto, para mantener la burocracia inútil y el aparato de politiquería partidaria.

Jamás se escucha a algún político que proponga utilizar las grandes sumas que recauda el Estado para invertir en fábricas agroindustriales para darle valor agregado a los bienes primarios y que sean gerenciadas cooperativamente por los trabajadores o de forma mixta con el Estado, o para comprar tierras y formar cooperativas de trabajo rural para descomprimir el hacinamiento urbano, producto en gran parte de la expulsión de campesinos y pequeños productores que genera el modelo agrario sojero, modelo que hace años avalan este gobierno y los grandes terratenientes. En cambio, sí se venden a precios irrisorios tierras fiscales en el sur o se permite a los más ricos pagar menos impuestos (Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, posee 2.219 hectáreas de campo en la franja más rica de la Pcia. de Buenos Aires, con una valuación de mercado superior a los 40 millones de pesos, y paga apenas 78 pesos anuales por hectárea de impuesto inmobiliario rural…)

Y si el aumento en las retenciones a la soja pretende ser una estrategia para desalentar el descontrolado incremento de este cultivo, debería haber sido una estrategia desde hace ya un tiempo, no ahora, cuando ocupa más del 60% del total de la superficie sembrada, con todas sus consecuencias sociales, económicas y ambientales negativas.

Los que siempre ganan
Habría que preguntarse también porqué cuando los que dicen representar “al campo” protestan, lo hacen sólo contra el Estado que aplica las retenciones y no contra las corporaciones como ADM, Bunge, Dreyfus o Cargill que, en nombre del Estado y abusando de su rol en la cadena de comercialización, cargan los costos a la producción, las socializan con ellos.

Estos grandes exportadores son los que transmiten hacia abajo el valor de las retenciones, a los productores y a los consumidores, que terminan pagando ese valor cada vez que compran un producto derivado. ¿No deberían FAA, CARBAP, CONINAGRO y demás sociedades nacionales y locales protestar también contra esas corporaciones exportadoras que les hacen pagar un tributo que no les corresponde?

Estas asociaciones no pueden ignorar que las exportadoras le pagan al productor 165 dólares la tonelada de soja cuando su precio es de 300 dólares, y que el resto, 135 dólares, va para el gobierno como derecho a la exportación. Luego, la venden en el mercado de Chicago a 550 dólares. Pero generalmente, antes la triangulan entre sus propias oficinas para subfacturarla y pagarle lo menos posible al Estado. Ese es el increíble negocio de los exportadores y de las empresas vinculadas.

Pero hay más ganancias: los exportadores y sus socios también son productores de agrocombustibles, de carne vacuna a corral y de pollos, como la empresa AVEX de Grobocopatel. Los granos con que elaboran los alimentos balanceados para producir carne en forma industrial, también los pagan a 165 dólares, como si fuera para exportación y descontándole los 135 dólares al productor, cuando en realidad esa soja no sale del país. Así, el alimento de sus criaderos les cuesta la mitad que al productor común que hace carne, y con el que compiten en el mercado interno. Las grandes empresas transnacionales siguen ganando siempre, a costa de productores y consumidores, y de la ruina del país.

Entonces, ¿qué hay que reclamar?¿Algo cambiará si las retenciones bajan?

Con la enorme recaudación que logra, el gobierno nacional mantiene el dólar alto para que el negocio agroexportador continúe funcionando y obtiene dinero para paliar la misma pobreza que la soja produce, perpetuando el régimen "clientelar" del actual sistema político que sostiene a la republiqueta sojera. Por su parte, las empresas exportadoras multinacionales no se ven afectadas, por más impuestos que se impongan, mientras continúe y se defienda el modelo agroexportador y de producción de “commodities”, que fortalece la tendencia al monocultivo, suma riquezas a los que más tienen (los “pooles” y las corporaciones) y favorece una agricultura industrial, sin agricultores ni población en el campo. El modelo colonial explotador y empobrecedor seguirá, porque el poder político y el económico no quieren que cambie.

Que reclamen, o sigan reclamando, los peones rurales explotados, los pequeños productores, los desocupados, los campesinos acorralados por los desmontes y la soja. Ellos son los que sufren directamente el embate de la voracidad capitalista adaptada al campo, que finalmente también alcanza a toda la sociedad. Y que no cedan ante los brillos de los monstruos exitosos del “primer mundo”.

Los latifundistas, los grandes empresarios del campo, los Urquía, los dueños de la Sociedad Rural, que siempre han estado en connivencia con los gobiernos de turno para mantener sus privilegios y ganancias exorbitantes, a callar. Siempre se llenaron los bolsillos a costa de la gente y de la Naturaleza. Uno puede preguntarse qué dirán ellos cuando los que protestan son los asalariados, y las rutas son cortadas por desocupados, peones, maestros. ¿Será ese el pueblo del que esperan apoyo ahora?

Las consecuencias para la Tierra
Y hablando de Naturaleza, no puede olvidarse aquí un punto central, casi el más importante, como es el ambiente, aunque ya poco se lo tiene en cuenta en el mercantilizado sector rural.

En el marco del modelo agroexportador sojero, no debe sorprender que la principal causa del enorme crecimiento del desmonte en el norte de Córdoba sea la extensión de la frontera agropecuaria, relacionado al sector de los agronegocios. Es lo que el investigador de la UNC Marcelo Zak llama "un complot contra el bosque": en el gran negocio de la soja, lo único que se interponía -y se interpone- es el bosque nativo.

Entre 1998 y 2006, la provincia superó en más de diez veces la tasa promedio mundial de deforestación, y correlativamente hoy es una de las provincias con mayor superficie sembrada con soja, todo un orgullo para quienes prefieren ignorar las graves consecuencias de ese récord.

El desmonte modifica drásticamente las condiciones de ecosistemas muy frágiles, con pérdida de hábitat natural para muchas especies animales y vegetales y un consecuente deterioro de biodiversidad para el hombre. Los suelos quedan desprotegidos, y la erosión hídrica y eólica provoca la disminución de nutrientes hasta llegar a la desertificación completa. Las consecuencias ambientales vinculadas al agua son muy graves, porque los bosques retienen y absorben el agua de lluvia, y el desmonte en zonas serranas produce inundaciones (el caso de Tartagal, Salta) o el efecto contrario, la falta de agua, cuando se deforesta en las cuencas hídricas, lo que dificulta la retención y absorción que realizan los bosques, alterando los ciclos estacionales de los ríos que proveen de agua potable. Además, cuando los bosques son sustituidos por cultivos transgénicos, que requieren grandes cantidades de herbicidas, estos pueden contaminar el agua de las napas subterráneas. La ganancia de unos pocos o el futuro de todos, de eso se trata. El mismo Zak explica sencillamente por qué es importante y cuánto dependemos de la biodiversidad que los agronegocios destruyen: “el bosque sigue siendo un reaseguro para el futuro, que nos permitirá sobrevivir a los fuertes o pequeños cambios. Hasta por una cuestión de egoísmo, lo que te conviene es el bosque. Es muy simple".

Por lo que se observa, el necesario cambio profundo en las políticas relacionadas con el campo aún está lejos en Argentina. Como lo está asimismo en lo económico, en la forma de administrar los recursos naturales, en lo institucional, en lo ambiental, etcétera; porque, en definitiva, todo es parte del mismo modelo impuesto como único posible, y nada debe cambiar.

Mientras el poder político “mafistizado” y de visión cortoplacista argentino pelea con un campo heterogéneo en orígenes e intereses, mientras se evita hablar de lo importante, en otros planos inalcanzables el poder financiero globalizado se regodea con la enorme tajada que le dejan servida, y aún se da el lujo de deslumbrar a una sociedad demasiadas veces exitista y apática, que parece más dispuesta a escuchar los cantos de sirena del discurso súper desarrollista depredador que a ver la triste realidad que ese modelo deja a su paso.

El autor de este artículo es de profesión biólogo.
soyger05@yahoo.com.ar

Fuentes:
- Declaración “El GRR frente al paro agrario”. 23/03/08.
- Verdades a medias y lo que no se dice del conflicto del gobierno con el sector agrícola, Nicolás Panizza, 20/03/08.
- Informe de “Hoy la Universidad”, realizad sobre la base de "Zak, M., Cabido, M., Cáceres, D. and Díaz, S. What drives accelerated land cover change in central Argentina Environmental Management. En prensa."

foto del sitio erenovable.com

Román Ballesteros.

Sobre la base de un relato cronológico que leído hace unos días en el diario LA NACION, relacionado con la reciente crisis del campo a causa de las medidas dispuestas por el Estado Nacional, deseo transmitir estas conclusiones, las que debieran alertarnos a tiempo antes de que sea muy tarde.

1. No funcionaron las instituciones de la Nación. El Ministerio de Economía omitió informar debidamente sobre los fundamentos técnicos y razones económicas sobre las medidas impositivas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N).

2. El Congreso de la Nación no se reunió para autorizar al P. E.N. un aumento impositivo excepcional ni tampoco para fijar su posición pública, luego de la repercusión que provocaron luego esas medidas en la sociedad.

3. Hubo ausencia total de la máxima autoridad de la Nación, puesto que no se convocó previamente a los responsables de las organizaciones de productores agrarios para convenir los alcances y efectos de una disposición impositiva de tal magnitud. La Constitución Nacional no fue respetada ni obedecida. Por su parte la Justicia estuvo ausente, por no imponer de oficio la C.N. y las leyes en el territorio nacional.

4. La Federación Agraria Argentina optó por declararse en estado de alerta y movilización, a modo de anuncio. Sin embargo, los productores agrarios salieron a las calles y rutas en una actitud desafiante y resistente; pasan al paro activo en pacífica protesta contra las medidas fiscalistas y recaudatorias. Al fin y al cabo: acción y reacción por la falta de correspondencia entre Estado – productores y trabajadores.

5. La pueblada empezó a manifestarse en todo el país, mientras los gobiernos provinciales miraron si caía agua o fuego del cielo. Las instituciones gubernamentales y legislativas declamaron sobre el conflicto pero esas no alcanzaron, porque faltó esclarecer sobre los fundamentos y razones del aumento impositivo. No hubo debate entre pueblo y Gobierno. Tampoco éste convocó al pueblo. Peligro: Vacío de poder y de convocatoria.

6. La sociedad tomó partido (como si fuera un clásico nacional) entre el Estado y las Entidades del campo. Las fuerzas sociales (gremios, partidos, asociaciones profesionales, sociedades comerciales, ONG, etc,) vivaron a uno y a otros, pero siguió el vacío de ideas, en tanto la falta de alimentos y otras mercaderías que comenzaron a desaparecer y vivimos como si fuéramos seres inmortales.

7. En tanto el paro agrario se extendió por todo el país. Este como conjunto social observó una sorda disputa (mediática) de poder entre Estado y productores, quienes sin medir las consecuencias tampoco abrieron el diálogo, tal como si se tratara de una lucha de clases. Se dice que no la hay, pero esta existe y se la puede constatar en la calle.

8. El Congreso Nacional y las Legislaturas de todo el país no se reunieron para acercar distancias en el conflicto y ejercer democráticamente la representación del pueblo, para deliberar lo que correspondía.

9. El fantasma del pasado afloró, en la expresión oficial del P.E.N., exhibiendo algunas imágenes antiguas del peronismo, las que aparecieron como banderas, que hoy ya no nos sirven. Es tal la desviación histórica en esta actitud oficial, que pareciera que el país fue el resultado de la obra y gracia de uno de los partidos, el del actual gobierno. Hay entonces una manipulación imperdonable de la historia. Se enciende una llama detrás de esa visión oficialista: la vigencia de la intolerancia política. ¿Volver al pasado nuevamente?. Esta conclusión parece ser fatalista, pero es real.

10. En cambio, a esta altura resulta recomendable que la Presidenta de la Nación convoque a la sociedad argentina, sin exclusiones y a través del Congreso de la Nación en forma urgente, para debatir y decidir en conjunto sobre el modelo de país que queremos vivir con responsabilidad y compromiso social. Sólo la Constitución Nacional permite que el pueblo decida que modelo de país quiere.

11. Los partidos políticos deben ya desprenderse de sus ambiciones de poder y comprometerse a ser útiles al pueblo, comenzando a discutir cómo corregir los errores de la realidad y vida política argentina.

foto del sitio flickr.com

25/04/08

Román Ballesteros.

A partir de la lectura de esta página en la que muchos comentarios han expresado valiosos aportes sobre la anterior nota, es posible volver a observar y analizar que los días y meses pasan sin que se modifiquen la realidad y los hechos que nos ocurren, al igual que las causas y los efectos de nuestros enfrentamientos (¿casuales?) a propósito de la presente crisis del campo.

Parece que el tiempo es una alhaja dorada que se nos ha regalado alegremente a los argentinos (desde arriba hacia abajo). Me parece pues oportuno analizar la trayectoria de esta realidad de estos días, para que saquemos mejores conclusiones que nos enseñen a madurar antes de lo peor.

1. No funcionan las instituciones de la Nación. El Ministerio de Economía juega un rol lamentable en este tiempo, sin llegar a un acuerdo con las fuerzas de la producción y otros sectores del país. Las razones económicas sobre las medidas impositivas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional han sido impuestas en un mostrador. El pueblo no se lo merece.

2. El Congreso de la Nación no se define para tratar este asunto tan delicado. Su posición pública, luego de la repercusión que provocaron esas medidas en la sociedad en marzo pasado, parece como la caja negra de un Gobierno que chocó con una gran parte del sector productor primario.

3. La máxima autoridad de la Nación convocó a los responsables de las organizaciones de productores agrarios para convenir el levantamiento de medidas de presión o de reacción y no para resolver un acuerdo sobre los alcances de una medida recaudatoria (impositiva). La Constitución Nacional sigue sin ser tenida en cuenta en esto último. El territorio nacional parece más un campo de batalla que una Nación de trabajo y de progreso. Hasta hubo humo en la pampa húmeda.

4. Los productores agrarios aguardaron que el Gobierno replanteara las medidas, sin salir a las rutas, en una actitud paciente. Su posición es la misma: “no aceptar las medidas fiscalistas y recaudatorias” del Gobierno. Al fin: la acción y la reacción sigue por la misma falta de correspondencia entre Gobierno y productores (y demás trabajadores).

5. Los gobiernos provinciales miran preocupados por un federalismo más ausente. Las instituciones gubernamentales y legislativas están ante el conflicto, pero no alcanzan a superar los vericuetos políticos de sus intereses sectoriales. Siguen sin esclarecerse los fundamentos y razones verdaderas del “zarpazo impositivo”. Ya es peligroso continuar con el vacío de poder y de convocatoria imperante en la República. Ella requiere administración ante todo y no ser una barricada.

6. La sociedad espera, pero también desespera. Las fuerzas sociales (productores, el comercio, los gremios y partidos políticos, asociaciones profesionales, las ONG, etc,) se miran unos a otros, pero el vacío de ideas existe (desde arriba hacia abajo). ¿Quién declaró esta guerra en el país y por qué? La falta de alimentos y otras mercaderías es nuestro terror colectivo ahora y ya dudamos si seguimos viviendo como seres inmortales.

7. ¿El Estado y los productores piensan en el mismo país? Si abrieron el diálogo no se nota. Casi podemos imaginarnos (en vivo y en directo) como habrá sido aquella guerra civil entre Buenos Aires y los del interior, en las épocas de Rosas y los unitarios durante 40 años del siglo 19.

8. El Congreso Nacional y las Legislaturas de todo el país viven democráticamente la representación del pueblo en este asunto, pero es puramente formal.

9. El fantasma del pasado aflora cada día y aparecen banderas que no nos sirven. Esta actitud oficial es más evidente. Hay una escalada de la intolerancia política.

10. En la campaña electoral reciente la Presidenta de la Nación convocaba a la sociedad argentina y a través del Congreso de la Nación proponía en forma evidente y en conjunto un modelo de país sin exclusiones. Eso ha cambiado. ¿Hay otras prioridades? ¿qué es urgente ahora? ¿cuesta tanto debatir y decidir cómo queremos vivir con responsabilidad democrática y compromiso social?

11/5/08

Mario Albera.

El ministro del Interior Florencio Randazzo puso ayer el dedo en la llaga al afirmar que la crisis por la que atraviesa el sistema previsional de Córdoba es producto de la “pésima administración” realizada por el justicialismo en estos nueve años de gobierno.

El funcionario del matrimonio Kirchner sostuvo que el gobierno de José Manuel de la Sota tuvo una “política irresponsable en materia impositiva”, ostenta un “nivel de endeudamiento fenomenal”, y nombró indiscriminadamente más personal que el necesario.

Randazzo tiene razón en gran parte de lo que dijo pero su opinión es interesada. Y como es interesada, puede que mienta o exagere su crítica. Néstor Kirchner nunca digirió a De la Sota por ser un hombre de pensamiento liberal, pero entendía que había sido un buen gobernador. Por eso apostaron por él y no por Luis Juez. “El Gallego hizo una buena gestión”, reconocía Kirchner entre sus íntimos. Pero en política, el bueno pasa a ser malo en minutos.

Después de que De la Sota apoyara al campo y asociara a Néstor con Stalin, pasó a integrar la lista negra de los hombres a destrozar.

Hoy el que gobierna es Juan Schiaretti, pero para el poder central es más de lo mismo. La “continuidad diferenciada”, por ahora, no es más que un eslogan de campaña. Hay más continuidad que diferenciación, porque Schiaretti no se anima todavía a reconocer en público lo que Randazzo y muchos piensan: que los números de Córdoba no están bien, fruto de haber gastado más de lo que había.

“Este es el fin del modelo de los impuestos baratos, del endeudamiento y del Estado mínimo”, afirmó ayer el legislador por el ARI, Omar Ruiz, delante de los gremios y de sus pares de la oposición. Todos quienes estuvieron en la reunión coincidieron en que, al fin de cuentas, el impopular recorte de las jubilaciones es una espesa cortina de humo para tapar el quebranto de un modelo.

“Lo que está en emergencia no es el sistema previsional; la que está en emergencia es toda la provincia”, se escuchó decir ahí.

Es tan crítica la situación, que Schiaretti propició una ley que declara inembargables los bienes del Estado atento a la lluvia de juicios que sobrevendrán por un recorte de haberes que avanza sobre derechos constitucionales. La criticidad del asunto lo da también el hecho de tener que sacrificar tres ministros para garantizar la sanción legislativa. Después de Cobos, ya no hay margen para la osadía.

De la Sota hizo obras, algunas muy destacables. Las destinadas a la producción, por ejemplo. Pero fue un gobierno gastador, que no cuidó el dinero de los impuestos como hubiéramos deseado que lo haga. Si lo hubiera hecho, Schiaretti hubiera tenido espalda para evitar llevar adelante un ajuste que viola la seguridad jurídica.

Tampoco lo exime al gobernador la herencia del pasado: en vez de quitarle a los jubilados –aunque sean los que más ganan- hubiera empezado por casa, recortando los haberes de la planta política, o denunciando a la Nación ante la Corte Suprema por el no pago del porcentaje de coparticipación estipulado por ley y por los fondos adeudados a la Caja de Jubilados.

Evidentemente, que este momento es una bisagra en el camino de Schiaretti y de la Provincia. Uno se pregunta qué va a pasar si a Schiaretti le llega a salir mal esta jugada, independientemente si la emergencia es sancionada mañana. ¿Qué pasaría si la justicia declara inconstitucional la norma y la hace caer? Si la Nación no paga lo que debe. Y si lo hace ¿solucionaríamos el asunto?

La única certeza es que este esquema de impuestos baratos ya no corre. De hecho, hoy se aprobará un aumento en las alícuotas de los ingresos brutos. También está herido el esquema del endeudamiento perpetuo; ya no hay espacio para seguir gastando más de lo que se recauda. Y el Estado mínimo cordobés, debe revertir alguna vez la lógica del ajuste para cambiarla por la del bienestar.

Visto así, parecería que algo ha estallado, o está por estallar. No es un dato menor para un gobierno que tiene por delante tres años y medio de mandato.

30/7/08

Román Ballesteros.

Luego de haber repasado durante largo tiempo las notas de la prensa del país con sus enfoques, sus planteos, sus realidades y denuncias, sus testimonios y críticas sobre la Argentina en su actual estado, en claro retroceso a ojos vista por propios y extraños, me clavó una noticia que se veía venir. La Publicó el diario Crítica Digital y está relacionada con el hambre en Argentina. 

Me permito aclarar que no me refiero al vestuario presidencial ni a cosa que se le parezca. Recuerdo, como todos, la muletilla de la presidenta en sus innumerables alocuciones y ejercicios de retórica, por radio y televisión en cadena o en actos proselitistas, donde vaya. Ella prioriza su frase “el modelo” ante cualquier justificación. Entendámoslo bien: ella se refiere a su “modo” de manejar el Estado de la Nación Argentina. Desde el punto de vista etimológico “modelo” viene de “modo”. Ni más ni menos. Si no, veamos.

El informe de la nota periodística dice entre otras referencias: Si se cruza este dato con las cifras poblacionales del INDEC, el resultado es que unos nueve millones de niños pasan hambre en la Argentina. De ellos, según informa la Red Solidaria, 2.920 mueren anualmente por desnutrición. Y este escenario se da en un contexto paradójico: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que la Argentina tiene el 0,65% de la población mundial, y produce el 1,61% de la carne y el 1,51% de los cereales del mundo. Es decir que tiene materia prima suficiente para abastecer a dos Argentinas juntas. Pero no puede ni con una.

El citado informe agrega más: Esa impotencia entra en conflicto con el compromiso que asumió la Argentina en el año 2007 –durante la presidencia de Néstor Kirchner– frente a la Organización para las Naciones Unidas (ONU). Según los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio” establecidos por la ONU, el país debería “erradicar la indigencia y el hambre” y “reducir la pobreza de la población a menos del 20% y la indigencia al 0%” antes del año 2015.

¿Y Señora? Ya estamos en pleno 2010. ¿Qué esperamos entonces? Seguramente el modelo de la presidenta cuenta con la seguridad de que la providencia divina nos hará el milagro de repartir alimentos desde el cielo, simplemente porque somos argentinos y porque fue votada en 2007.

Para que no queden dudas de lo afirmado. En plena city porteña pude ver la semana pasada, a primera hora del día, varios hombres tirados en la vereda porque habían pasado la noche sin alimentos y sin una sola ayuda del Estado, sin auxilios de los responsables de la vía pública. Me acordé entonces del modelo tan declamado por la Sra. Fernández, presidenta de la Nación Argentina. Cuadro dantesco y cruel.

Si esto ocurre diariamente en San Martín y Paraguay de la capital del país ¿qué pasará en Chaco y Formosa, en pueblos del interior de Tucumán, Salta y Jujuy? El modelo bendito presidencial pasa entonces por operaciones financieras, corruptela a mansalva con amigos, desprecio por la justicia, vil y absurdo abandono de la salud y la solidaridad públicas. La patria naufraga y la presidenta piensa (no es que cree) que es una operación virtual de los medios periodísticos. La indigencia real es muy superior a la indigencia oficial.

Escribo esta nota porque el discurso del “modelo” presidencial es falaz, inconsistente y amoral, teniendo en cuenta la realidad de todo el país. Esta nota es un testimonio real y el terreno de su realidad está a la vuelta de cualquier esquina, cerca de nosotros.

La inclusión social que declama el discurso oficial parece más una acción revanchista de aquellos excluidos de los 70 que adoptaron métodos o “modelos” violentos y que la sociedad los apartara mediante sus leyes. Para recordar: El granero del mundo estará en la Argentina cuando la verdad venza a la mentira populista y el trabajo sea sólo el “modelo” del pueblo.

30/3/10

Eduardo Alberto Planas.

La decisión del Gobierno. Ahora más que nunca  ha quedado evidenciado el verdadero carácter de la lucha entre la oposición y el gobierno. Desde la estatización de las AFJP, el Estado estaba limitado en su voto por más que tuviera una tercera parte del paquete accionario. Ahora tiene el mismo poder que un tenedor privado. Sí, desde la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), la ANSeS heredó acciones en 42 empresas.

En la actualidad, esas tenencias integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra el organismo y su valor es de 181 mil millones de pesos. Pero sólo podía ejercer el voto por el 5 por ciento del paquete accionario, por más que su capital fuera mayor. Con la publicación del decreto de necesidad y urgencia 441 en el Boletín Oficial, podrá tener participación en los directorios según la proporción de tenencias accionarias que posea en cada empresa.

Pese a que este decreto generó una oleada de opiniones diversas, lo único que plantea es la necesidad de igualar los derechos entre un accionista privado y uno público a la hora de participar en reuniones de directorio y tomar decisiones empresariales.

El listado de empresas en las que ANSeS tiene acciones incluye todos los rubros, desde bancos, alimentos, electricidad, gas, siderurgia, medios de comunicación, shoppings, petróleo, cemento, desarrollos inmobiliarios, hasta fábricas de papel, entre otras. Las 10 compañías en las que el Estado posee mayor participación accionaria son: Banco Macro, donde cuenta con un 30,90%; le sigue la empresa citrícola S.A. San Miguel con 26,96; Gas Natural BAN con 26,63; la empresa de desarrollos inmobiliarios Consultatio con 26,62; Edenor S.A. con 26,41; Distribuidora Gas Cuyana 26,12; Siderar S.A. 25,97; Telecom Argentina 24,98; Transportadora Gas del Sur con 23,10 y Grupo Concesionario del Oeste con 21,56 por ciento. Pero también se suman al listado Molinos Río de la Plata con 19,99; Aluar con 9,30; Grupo Clarín S.A. con 9 e IRSA con 4,47, entre otras.

Eso es lo que el Estado ha reclamado ahora para sí, y lo que ha desatado un escándalo de proporciones y el rechazo a la designación de directores que el gobierno deseaba agregar.

Tal es el caso Siderar, del grupo Techint, donde el viernes último se bloqueó el intento del Gobierno de designas otros directores.

Desde ciertos sectores empresarios y desde algunos medios se lanzó una campaña que hasta alertó sobre un paso más al temido “chavismo”.

Dos modelos en pugna. Esto es la cara de una disputa entre dos modelos: uno renovador o reformador que re significa el papel del Estado en la economía; el otro, ansioso por imponer la restauración conservadora. Nuestro empresariado esta imbuido de concepciones retrógradas. Son feroces enemigos del Estado,  olvidando que la mayoría de ellos se han enriquecido por ser precisamente contratistas del Estado.

Lo que sucede es que es una burguesía prebendaría, que no arriesga. Que inclusive ignora los avances que han traído los siglos y las reglas del mismo capitalismo que practican, sino que niega reconocer el ejemplo que nos llega de otros países, más avanzados y asimismo capitalistas, en los que el Estado participa activamente en la toma de decisiones de empresas en las que posee una fracción del paquete. Es el caso – por ejemplo- de Francia.

El Estado francés tiene el 15 por ciento de la fábrica Renault, y forma parte de su conducción. Pero claro, Francia queda muy lejos para la mentalidad del empresariado argentino, como queda lejos en muchos casos, la idea de cumplir con la ley y permitir que en la empresa se elijan delegados en representación de los trabajadores, como así también queda tan lejos la idea de aceptar la justicia del hecho de promover el respeto a la Constitución Nacional en aquello que impone la participación obrera en las ganancias de las empresas.

La llamada oposición y el neomenemismo federal. Pero si bien de la llamada oposición puede esperarse cualquier cosa. Lo notable y peligrosos son los supuestos “aliados”, los “kirchneristas por conveniencia”,  los “infiltrados  del neoliberalismo dentro del movimiento peronista, funcionarios o ex funcionarios  de la Fundación Mediterránea. Tal es el caso del  Contador Schiaretti, Gobernador de Córdoba, que recientemente en un acto público aseguró: “Que llama la atención la injerencia del Estado en las empresas”. Acto seguido  se preguntó: “¿Por qué Anses tiene acciones en las empresas privadas?

La rebelión campestre del 2009 dejó bien  en claro quién es quién en Argentina: de un lado el gobierno y su proyecto nacional y popular, que propugna desarrollo con inclusión social, en el marco de la unidad latinoamericana y el respeto y vigencia irrestricta de los derechos humanos, los trabajadores, empleados, sectores del empresariado medio urbano y la juventud. Del  otro el capital concentrado del campo y la ciudad, la embajada norteamericana, el poder mediático, financiero, las cúpulas eclesiales y civiles comprometidas con la última dictadura.  A esto habría que agregarles el rejuntado de lo que se dio en llamar el peronismo federal, que ahora ha hecho el papelón del siglo con las interrqas fallidas.

Pero los mas peligrosos son los presuntos aliados.. Son los “peronistas de mercado”, los amantes de las “relaciones carnales” con EE.UU, resabios de una  derecha retrógrada y reaccionaria dentro del movimiento. Por ellos no hay alianzas posibles con estos personajes. Con ellos ni a la esquina.

20/4/2011

Román Ballesteros.

Esta es una muestra apretada del mundo argentino que vivimos en nuestro país y que va a contramano del mundo del siglo 21. Resumimos algunas noticias que aparecieron en la prensa nacional esta última semana y que, creo oportuno, ningún ciudadano argentino debiera desconocer. Es en nuestro habitat y en nuestro lugar donde sufrimos restricciones injustificables, por incapacidad u omisión de los gobernantes que son responsables del servicio público.

Se nos informó hace una semana: En los sectores más pobres repercute la escasez de combustibles: la garrafa social está más cara que lo que fija el Gobierno y hay algunos cortes eléctricos (a lo largo y ancho del país); no alcanza el GNC (idem)… Y no se extiende la red de gas natural; (muchas) industrias suspenden sus obreros…

El modelo inclusivo tan declamado y propalado a todos los vientos no sirve para todos los argentinos. Muchos (casi la mitad) no tienen la calefacción, la iluminación, el agua y la movilidad necesaria para vivir, ni tampoco pueden trabajar ni defenderse de la aventura de vivir en cualquier lugar de la Argentina. El problema del gas faltante en el país convive con el pueblo en la era kirchnerista y nadie del gobierno ha hecho méritos para emerger de esta miseria administrativa nacional.

Las noticias siguen mostrando la realidad: ni siquiera importando el 20% del gas que se consumió estos días, y al precio que pidan los vendedores, es posible mantener todo encendido.
¿Qué ocurre con las previsiones y las acciones oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación para concretar la ampliación del sistema de transporte de gas? Luego de más de 10 años de inactividad, seguimos con un atraso insoportable en uno de los insumos esenciales (como es la energía primaria) para trabajar, producir, vivir mejor, transportarse o simplemente para crecer como país y como nación. Nadie se hace cargo para dar una respuesta oficial sobre estas realidades.

Repugna la indiferencia e ineptitud, además de escuchar las palabras vacías, de los funcionarios involucrados que creen vivir en esa Argentina del abuso y beneficios del poder. A esta hora debiéramos tener una doble red de gasoductos y poliductos nacionales, más una duplicación sistemática de la obras de exploración de las fuentes de energía primaria. La distribución del gas por redes, una meta invisible.

El informante dice además: el debate (del tendido) del gas es arduo entre los vecinos (de un barrio porteño) porque es caro y (porque) son unos meses de frío intenso y el resto del año, "se banca". La alternativa: seguir con la garrafa que, justamente en días de frío, está mucho más cara que lo que fija el Gobierno.

Esto es una verdadera injusticia social generalizada. Los pueblos son llevados y hasta “usados” para llenar actos en los que la Presidenta y sus acompañantes se secan la boca tratando de convencer que “están atendiendo” las necesidades de cualquier barrio o ciudad. La realidad es muy diferente y se la ve.

Otra perlita: La garrafa “social” es el gran tema. Según el estudio de precios de la energía que elabora Montamat & Asociados, el metro cúbico de gas natural por red se paga a 30 centavos.  La misma cantidad de combustible pero en garrafa (la usan los hogares más necesitados) se abona a 1,20 pesos ¡Cuatro veces más! La gente y el lector se preguntan: ¿quién tiene la culpa de tanta injusticia?

Otra, pero: En Salta, la situación fue extrema. Pese a ser una provincia productora, los salteños tuvieron que soportar la falta de gas en los domicilios. Acá no importaron los recursos de los usuarios: no hubo agua caliente para ninguno. La miseria era para todos, realmente. Hay muestras por todo el país. El modelo se queda sin energía y no sirve ni para mentir piadosamente. No se puede.
Cifras de la crisis energética (Fuentes: La Nación y propias)

La información producida sobre este tema nos abruma. En Tucumán hay 20.000 empleados suspendidos. Los cortes de gas a las industrias impiden avanzar con la zafra y las empresas, que no pueden producir, tienen suspendidos a sus trabajadores. Cuando haya gas, se verá. En Santa Fe, 60 industrias continúan soportando restricciones de un 30% en la provisión normal de gas. Más allá de los casos puntuales, lo que se esconde detrás es una enorme imposibilidad de cumplir con todos los que necesitan gas. Según datos oficiales, provistos por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), el último día de junio la demanda fue todo los que se inyectó en los gasoductos: 129,09 millones de metros cúbicos. De ese caudal, 25,65 millones (un 20%) corresponde a combustible importado. Un especialista recuerda que a los productores locales se les paga alrededor de 2,5 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica de medición). Mientras que el que se compra a Bolivia, desde este trimestre, está a 10,26 y el que se trae en barco (desde Qatar o Venezuela), que se inyecta en Escobar y en Bahía Blanca, se paga 13 dólares, en promedio. Otra injusticia y a espaldas del Presupuesto Nacional autorizado por el Congreso de la Nación.

Para que eso no suceda, dice la nota, hay que inyectar algo más de 140 millones de metros cúbicos diarios. La red transporta por día menos de 130 millones. Lo que falta se corta. Y los que no tienen gas de red, verdadera prioridad oficial, que se arreglen como puedan.

En cuanto a la provisión de energía eléctrica desde las centrales térmicas, el panorama es más que crítico ya que se opera en las mismas sin gas, sin reserva rotante y con gas-oil en muchas centrales. Lo mismo: se debe cortar el servicio en forma rotativa en las horas de mayor demanda. Este año se suministraron 21,4 mil MW el día 4 de julio (un record de la Argentina). Pero todo el funcionariado, desde De Vido para abajo, habrá festejado este hecho con champagne, pero a sabiendas del masivo corte forzado de servicios a la misma hora en muchas ciudades de la República Argentina. 

Lo ridículo no faltó en este caso que se informa. Decía: Al igual que ensayó De Vido en declaraciones radiales (en referencia a la mayor demanda) “hay cortes porque hace frío, no porque no se hayan realizado las inversiones a tiempo o porque haya un consumo excesivo de sectores de alto poder adquisitivo que se benefician con los subsidios al servicio residencial” (sic). O este hombre no sabe, no se asesora, o le dicen cualquier cosa sus adláteres. Si la marcha del modelo de la Presidenta depende de un arquitecto, en un bazar como este que es el Ministro de Planificación, seguramente seguiremos sin planificar nada y padeceremos más cortes en nuestro próximo futuro.

El panorama desde la Docta 
La gestión eléctrica por nuestra provincia no ha mejorado desde la crisis del verano de 2010 ya que se mantienen reducidos casi todos los embalses y la central Pilar (nueva adquisición de EPEC) está con producción reducida, posiblemente por falta de gas. La reserva eléctrica de EPEC para su demanda de la provincia continúa por debajo del mínimo técnico por faltar varias unidades generadoras. Debemos aclarar que la empresa provincial no ha terminado ET Arroyo Cabral y las EETT Almafuerte carecen de la reserva operativa.

En comparación con el mes de enero del año pasado (apagón histórico) la situación no ha mejorado y pese a lo presupuesto en ese momento, el riesgo de otro apagón eléctrico pende sobre el directorio de EPEC y de todos los cordobeses. Ojalá que no se repita. Hoy es 13 de julio (día del trabajador eléctrico).

14/7/11

ROMAN BALLESTEROS

RECTIFICO: Debemos aclarar que la empresa provincial no ha terminado ET Arroyo Cabral y las EETT Almafuerte y Malvinas Argentinas carecen de la reserva operativa.

CURIOSO EXTRAÑADO

Estoy preocupado. Una cuestión tan popular y tan padecida por la gente que esta crisis no la mueve ni como un cataclismo. La Cristina puede anunciarnos el hundimiento de la Argentina un día de estos y con todos adentro. ¿¿¿Estaremos tan defraudados???