Mario Albera. Política.

Los querellantes en una de las causas que pesan sobre el suspendido concejal delasotista Guillermo Kraisman se presentarán hoy a la justicia para denunciarlo por fraude de documento público presuntamente cometido con el objeto de desviar responsabilidades como imputado.

Según afirman los denunciantes, el ex funcionario kammerathista y hombre afín a Herman Olivero habría adulterado contratos de locación a los fines de demostrar que las propiedades suyas donde se detectaron conexiones irregulares de electricidad, estaban alquiladas, al momento de constatar la Empresa Provincia de Energía (Epec) los ilícitos.

Esas propiedades son el departamento 221 ubicado en Copina esquina Huascha, torre G, tercer piso, de barrio Ampliación San Pablo, y una cochera localizada en Soconcho 3313, del mismo barrio. La denuncia dice que, entre marzo de 2002 a noviembre de 2003, habría adulterado allí las conexiones y los medidores para pagar menos luz de la consumida.

“Él (por Kraisman) aduce que no vivía allí. Pero nosotros vamos a demostrar que el contrato de alquiler que presentó es trucho”, reveló Bizzi, que además precisó que “los sellos son truchos. Según las pruebas recogidas del banco de Córdoba, es posible demostrar que los montos entre lo que declara Kraisman y los de la timbradora, no coinciden. Todo habría sido fraguado”, completó el presidente del centro vecinal Ampliación San Pablo.

Las pruebas –puntualizó ayer el directivo- serán presentadas en horas del mediodía, en el tercer piso de Tribunales II donde funciona el juzgado de novena nominación.

Kraisman siempre dijo que las propiedades donde se detectaron los ilícitos estaban alquiladas, buscando transferir así las responsabilidades del caso a los inquilinos.

Pero sus sucesores en el centro vecinal Ampliación San Pablo, donde estuvo seis años como presidente, dicen que no es así y argumentan tener pruebas que lo desmienten, que hoy llevarán a la justicia. “Las pruebas dicen que todo es falso”, afirmó Bizzi.

El dirigente del PJ de la seccional 12ª está imputado por defraudación calificada reiterada, amenaza y lesiones leves, por tres conexiones irregulares de energía y por haber agredido a dos vecinos, años atrás. La denuncia por lesiones fue presentada por dos particulares; y las de las conexiones corresponden al concejal Miguel Berrotarán y al centro vecinal.

Las irregularidades en el medidor de energía eléctrica de la institución vecinal habían sido comprobadas en diciembre del 2004, por inspectores de Epec. Por esta denuncia, también está imputada la ex delegada normalizadora y vicepresidenta del centro, Teresa Taborda, por administración fraudulenta y estafa contra Epec, y el ex secretario Mario Solano.

Bizzi comanda los destinos del centro desde fines del 2004, después de que su lista le ganara ampliamente a la lista apoyada por Kraisman, quien esa vez no fue candidato.

Bizzi, reveló además, que el pedido de peritaje sobre los medidores extraídos del domicilio particular y de la cochera de Kraisman, habría sido desacredito días pasados por la Justicia.

“Esto sentaría jurisprudencia –dijo- porque se admitiría como elemento jurídico probatorio el acta de infracción labrada por la Epec al momento de la inspección”.

El supuesto rechazo a la prueba pericial técnica sobre los medidores solicitada por el abogado defensor de Kraisman, Darío Vezzaro, representa un alivio para la parte querellante, que temía la absolución del concejal suspendido por el beneficio de la duda.

Pero ahora, la Justicia habría considerado que las actas del inspector serían suficiente elemento de prueba, en contraposición a la opinión de los defensores, que habían cuestionado la transparencia de ese acto y la validez probatoria de ese documento.

Razonan los querellantes que si la justicia hubiera hecho lugar al pedido de la defensa, hubiera “tambaleado toda la estructura de ilícitos de la Epec”. Esta dependencia, hubiera perdido todo su sentido, como órgano de contralor y fiscalizador de las conexiones.

Si las pruebas presentadas son admitidas por la Justicia como suficientemente válidas, la causa del centro vecinal podría elevarse a juicio muy pronto, sospecha la parte acusadora.

01/07/06

Sosperiodista.

Un fiscal de la Nación denunció que en la renegociación del contrato de concesión entre el Gobierno nacional y la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA 2000) se habrían producido serias irregularidades en perjuicio del Estado, según lo reflejó el diario La Nación en su edición de ayer.

El denunciante es el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.

La información publicada por el diario da cuenta que Garrido denunció el viernes que el nuevo contrato de concesión de 32 aeropuertos (entre ellos, el Aeropuerto Córdoba) beneficia de manera “exorbitante” a AA2000, empresa que, advierte, incumplió en forma “constante y palmaria” las obligaciones que asumió cuando ganó la licitación.

Por este motivo, el fiscal solicitó al Poder Ejecutivo y al Congreso "que procuraran frenar el contrato de renegociación, al que sólo le falta la firma del presidente Kirchner para que entre en vigor".

Según La Nación -que llevó el tema como título principal de tapa y le dio gran despliegue en sus páginas interiores- el asunto "amenaza con convertirse en un escándalo para la Casa Rosada, con denuncias de irregularidades y varios funcionarios públicos involucrados".

En su presentación, el fiscal afirmó que la empresa violó "burdamente" sus principales deberes, esto es el pago del canon y las inversiones comprometidas, por lo que el Estado debió haberle rescindido el contrato y ejecutar las garantías. Sin embargo -se aclara en la nota- el Estado hizo todo lo contario: se terminó asociando con la concesionaria para la explotación de los aeropuertos, y a cambio de quedarse con el 20% del paquete accionario, le condonó una deuda millonaria.

Voceros de AA2000 se defendieron diciendo que el fiscal busca "llamar la atención" con esta denuncia, porque "la renegociación fue "transparente".

El acuerdo fue convalidado por las dos Cámaras del Congreso el 13 de febrero último. Esto también mereció una nota complementaria del diario por controversia que generó en su momento la votación, sobre todo en Diputados, donde el legislador por Entre Ríos Juan Carlos Godoy, denunció la posible entrega de regalos a los legisladores de parte de la concesionaria, en los días previos a la votación.

"Le mandé una carta a la gente de AA 2000, mediante la cual devolví un obsequio que no sé por qué me enviaron y no sé si a todos los legisladores les pasó. El hecho es que me extrañó que en esta casa del pueblo se permita el ingreso de obsequios a legisladores. La verdad, me dio un poco de vergüenza que eso estuviera pasando en otros despachos", fueron los dichos del diputado Godoy al final de la sesión, según lo reflejado por La Nación.

Frente a este marco de denuncias judiciales y sospechas parlamentarias sobre un acuerdo presuntamente desventajoso para la Nación, averiguamos cómo votaron los legisladores por Córdoba en la sesión. Son tres senadores y 14 diputados. La fuente fueron los sitios web de ambas cámaras.

Diputados

Frente para la Victoria (PJ)

- Alberto Cantero, afirmativo

- Carlos Caserio, afirmativo

- Stella Cittadini, afirmativo

- Arturo Miguel Heredia, afirmativo

- Amelia López, afirmativo

- Ana María Monayar, afirmativo

- Ana Richter, afirmativo

- Patricia Vaca Narvaja, afirmativo

UCR

- Oscar Aguad, negativo

Partido Nuevo Contra la Corrupción

- Norma Morandini, negativo

- Gumersindo Alonso, abstención

- Francisco Delich, abstención

- Daniel Giacomino, abstención

- Raúl Merino, abstención


Senadores

Alianza Unión Córdoba

- Roberto Urquía, afirmativo

Justicialista

- Haidé Giri, sería afirmativo

Alianza Frente Nuevo

- Carlos Rossi, negativo


6/2/07

Sosperiodista.

El abogado Osvaldo Alfredo Viola pedirá en los próximos días la apertura de una investigación contra el fiscal General de la Provincia Darío Vezzaro para verificar si la firma que aparece en el contrato de locación de un inmueble que fue o estaría a punto de ser vendido a la Provincia para un plan de viviendas, es suya.

De animarse un subordinado a investigarlo y de comprobarse que es la firma, el Fiscal General estaría en problemas ya que podría ser acusado de ejercer negociaciones incompatibles con su función pública.

El inmueble en cuestión ocupa la manzana de Obispo Maldonado, Diego de Torres, Ignacio Gorriti y Domingo Matheu, en barrio San Vicente. Allí funcionó la ex metalúrgica Csaky.

En la parte edificada de ese inmueble abandonado, vivió hasta hace poco tiempo Hugo Pereyra y su familia integrada por su esposa y seis hijos. El 14 de julio pasado, Pereyra buscó llevarse -supuestamente con la autorización de un funcionario de Desarrollo Social- un portón y otros elementos del predio. Advertida la Policía del hecho, lo pescaron in fraganti y lo detuvieron un día y medio por tentativa de robo.

Pero aquí viene lo jugoso de la historia. Al momento de ser detenido, Pereyra niega ser un usurpador y muestra un contrato de locación, fechado el 4 de julio del 2001, para demostrar que tenía a su cargo la custodia precaria del inmueble. En el contrato figura el nombre y la supuesta firma del fiscal Vezzaro como locador. Cuando Pereyra exhibe el documento, la Policía se lo secuestra, junto al soplete usado para sacar el portón.

¿Por qué le terminan secuestrando el contrato en el marco de un operativo por el robo de un portón? Es lo que se pregunta e intentará dilucidar Viola, abogado de Pereyra. "Es que no hay relación entre una cosa y otra. Hay cosas que no están claras", afirma.

El abogado niega que su cliente haya intentado robar el portón: "Mi cliente me dijo que fue autorizado verbalmente por un funcionario del ministerio de Desarrollo Social". Pero además insinúa que en la detención de Pereyra habría gato encerrado.

Al acceder el viernes pasado a las actuaciones que se sustancian en la fiscalía de Liliana Abad, Viola tomó conocimiento que la denuncia que derivó en la detención de Pereyra fue efectuada en la localidad de Alta Gracia por Marcelo Augusto Bossi, socio con el fiscal General del estudio jurídico domiciliado en calle Laprida 518, de la ciudad.

A fojas 33 del expediente -según leyó Viola- Bossi reconoce ser el "copropietario" del inmueble y agrega que el mismo se encuentra "a disposición del gobierno de la provincia" para un plan de viviendas. Se señala que el gobierno no ha pagado precio alguno por el inmueble ("subsiste la inscripción registral a nuestro nombre", se apunta) aunque revela que la documentación del mismo está en la Escribanía General de Gobierno.

Según ese expediente, Bossi se enteró a través de su hermano (a su vez alertado por un vecino "que no quiso identificarse") de que el inmueble estaba siendo "saqueado por malvivientes". "Pero no dice dice que ese malviviente es Hugo Pereyra, un inquilino puesto supuestamente por su socio Vezzaro en el lugar", dice Viola. Lo que, además, llama la atención de Viola es que Bossi habría realizado la denuncia el 15 de julio, al día siguiente de la detención de Pereyra.

"Acá lo que se investiga es el robo, pero yo pretendo que la causa vaya más allá y que se investigue la conducta de Vezzaro porque hay cosas que no están claras", dice.

El abogado adelantó que le pedirá a la fiscal Abad una "pericial caligráfica" para conocer si la firma que figura en el contrato pertenece o no al fiscal general. De pertenecer, Vezzaro debería explicar su participación en una operación comercial con la Provincia que es incompatible con su función como jefe de los fiscales. Intentará dilucidar también en qué condiciones fue obtenido el inmueble.

Cuando en setiembre del año pasado Sosperiodista expuso este hecho a la opinión pública, Vezzaro dijo desconocer el contrato y al propio Hugo Pereyra. "¿Quién es?", había preguntado, aunque recordaba que el predio había sido obtenido por su socio Bossi en un remate judicial "entre los años 1996 y 1997".

"Me exrtraña que diga que no firmo nada y que no lo conoce. Si no es Vezzaro el otro propietario del inmueble, por qué firma entonces un contrato de locación", dice Viola.

Hace unos días, Vezzaro fue denunciado por la legisladora opositora Nadia Fernández por supuestos enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Existe la sospecha de que el fiscal general está vinculado económicamente con el Estado provincial a través de su esposa Anabel Colombero, quien según la denuncia, está relacionada laboralmente con Kolektor, la empresa que realiza cobranzas millonarias para Rentas y otras reparticiones del Gobierno provincial.

De modo que no son buenos tiempos, éstos, para el responsable de perseguir el delito en la provincia de Córdoba.

Imagen del polémico contrato

(En el margen inferior izquierdo, aparece en azul la supuesta firma del Fiscal General sin aclaratoria)

19/8/08