Juan Pablo Martínez Ghirardi.

Cuando se impulsó el proyecto de ley 26080 (del Consejo de la Magistratura), uno de los argumentos era disminuir el monstruoso aparato burocrático que regía el Consejo de la Magistratura.

Pero ya sancionada la ley, hay dos hechos que contrastan con lo expuesto por los defensores de las modificaciones impulsadas. Se han iniciado las gestiones para un aumento importante del presupuesto que manejará el Consejo ¿el motivo? costo de personal ¿Pero cómo? ¿No habría una disminución de miembros, que lógicamente disminuirían asesores y empleados personales?.

Lo planteo con signos de interrogación ¿será para aumentar sueldos devaluados? Esto nos obliga a volver sobre el principal argumento para las modificaciones sancionadas. Acabar con las corporaciones que dominan oligárquicamente al país.

Veamos entonces lo que decía la ley respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura “el Consejo de la Magistratura será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular” para luego cerrar el sentido que se le quiso otorgar “Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y forma que indique la ley.”

Equilibrio entre sus miembros ¿Dónde encontramos el corporativismo que tanto atacó el ejecutivo? Sistemáticamente fue éste el argumento utilizado para justificar la modificación en el número de integrantes. Tal vez con este reproche se refería a la versión del proyecto de ley (hoy sancionado) impulsado por su primera dama (Cristina Fernández de Kirchner).

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, emitió un Dictamen donde no se detiene en el análisis literal de la ley original sobre el Consejo, sino que busca las fuentes, es decir, para interpretar el sentido de la ley no sólo se ata al texto de la misma, sino que indaga en el dictamen elaborado por la Convención Constituyente en oportunidad de establecer la integración de dicho Consejo. Allí, citan el diario de sesiones de la Convención donde expresa que la conformación del cuerpo deberá permitir que exista presencia sectorial sin que algunos de los estamentos convocados puedan manejar por sí mismo al Consejo.

Nos preguntamos nuevamente ¿y el corporativismo atacado? Volvemos a pensar que este ataque se refería a las modificaciones que se introdujeron recientemente. Un dato preocupante es el señalado por la Academia de Derecho, en uno de los puntos expuestos. Nos recuerda que el artículo 2 de la nueva ley establece que de los 13 miembros, 7 pertenecen al ámbito de poder político, 3 al estamento de los jueces, 2 al de los abogados y 1 al académico ¿Que implica esto? Consecuencias directas sobre la división -y lucha- de poderes, ya que el desequilibrio de los poderes y sectores, que esta nueva estructura propone, genera que del total de los miembros, 7 pertenezcan al ámbito político (sean de oposición u oficialistas), y estos 7 miembros son suficientes para: Formar quórum, elegir al presidente del Consejo, elegir miembros para las comisiones, aplicar sanciones a los magistrados, etc.

Esto nos indica que los legisladores designados, y el representante del Ejecutivo –ámbito político- podrán, con su mayoría, socavar la independencia del Poder Judicial. Este corporativismo puede digitar el funcionamiento de un organismo vital para el desarrollo de la democracia, como lo es el poder judicial.


31/10/06