Enrique Gil Ibarra.

El recrudecimiento de los hechos de violencia interpersonal en la mayoría de los países del “mundo civilizado” ha vuelto a poner sobre los escritorios de los despachos gubernamentales una vieja discusión que la “década globalizadora” había recluido bajo la alfombra: el problema de los “excluidos del sistema”, de los marginados, y la estrecha imbricación que este tema tiene con la inseguridad creciente en todas las ciudades del mundo.

Hasta hace pocos años era un problema ajeno, propio de las grandes urbes, visualizado por los habitantes de las pequeñas ciudades como un mal lejano, provocado quizás por la pérdida de valores éticos característica de las metrópolis, por el “ritmo enloquecido” de un mundo extraño que se sentía (se suponía) externo, “de los otros”, que no llegaría jamás.

Lamentablemente, la realidad se ha encargado de desmentir tan bucólicas suposiciones. La inseguridad es hoy una realidad preocupante en ciudades como Río Gallegos (80.000 habitantes), Puerto Madryn (70.000 habitantes), Trelew, (90.000 habitantes), Esquel (20.000 habitantes) o El Maitén (4.000 habitantes).

Tiende a pensarse con razón que los acontecimientos críticos por los que ha atravesado nuestro país son causas necesarias de esta situación. ¿Pero son suficientes?
Es absolutamente lógico suponer que el desempleo, la miseria, las carencias familiares, educacionales, fectivas, son un condimento indispensable en el crecimiento de la delincuencia y, por consiguiente, de la inseguridad. Pero estos factores que son sin duda, un buen caldo de cultivo, no alcanzan para hacer una buena sopa. De lo contrario, estaríamos obligados a inferir que todo aquel que se queda sin empleo automáticamente se convierte en delincuente. Que todo padre que no logra alimentar convenientemente a sus hijos sale a robar (situación que inclusive sería comprensible), pero esto sin duda no es así.

Cifras mundiales que asustan

Más de 434 millones de personas sufren escasez de agua. Cerca de 2.000 millones padecen hambre y sufren deficiencias nutritivas crónicas. De hecho el número de hambrientos ha aumentado en 18 millones desde 1995. La pobreza afecta a la tercera parte de la humanidad.

Es indiscutible que un importante número de personas de los sectores mas carenciados (elegimos no escribir “carecientes”), especialmente los jóvenes, han incorporado el delito como un método de supervivencia. Pero lo que debemos analizar es hasta qué punto esta situación no responde, más que a las carencias, a la certeza intuitiva de que, de todas maneras, “da lo mismo”. Conversando con jóvenes de entre 16 y 25 años, puede notarse que existe en ellos una subestimación de la importancia “moral” de la honestidad como forma de vida.

Entendiendo la “moral” no como valor absoluto, sino como convención social (colectiva) en una determinada comunidad y en un período específico de su historia, está claro que la forma de razonar mencionada no carece de lógica: en una sociedad en la que desde hace décadas la mayoría de la dirigencia roba “legalmente”, la distancia o diferencia moral entre hacerlo de traje o con un pasamontañas y pistola en mano es mínima.

Entra a jugar entonces, otro concepto: “La Etica”. La concepción del bien y el mal que rige la conducta del individuo en relación con su medio. Hace años (1993), este cronista tuvo la oportunidad de escribir para otra publicación una nota que tituló “Cría cuervos”. En ella se planteaba qué pasaría con los niños y adolescentes que nacían y crecían en el marco del “Estado ausente”.

"Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno. Donde los hindúes ven una vaca sagrada otros ven una gran hamburguesa (...)". Eduardo Galeano

La pregunta clave era, sin dudas, qué sentido de ética podía tener un joven que había crecido mal alimentado y vestido, sin educación, sin padres contenedores, adoptando la calle como primer hogar. La respuesta obvia era (y es) “ninguno”.

La sociedad (en su significado de comunidad) se mantiene como elemento cohesionado y cohesionante en tanto reporta a sus miembros ventajas comparativas. Alimento, cobertura, vestimenta, cariño, solidaridad, son algunas de estas “ventajas” que los miembros de un conglomerado esperan obtener por el sólo hecho de “pertenecer”, aportando individualmente trabajo que beneficia a la comunidad, a cambio de las mismas. Este “pacto” es el que genera en el individuo la lealtad al grupo, a la sociedad que lo alberga. No obstante, si la comunidad niega esa oportunidad impidiéndoles aportar lo necesario para que ese pacto se complete, y subsecuentemente retaceándoles las “ventajas”, daría lo mismo para esos ciudadanos vivir como ermitaños, y buscar la autosuficiencia.

El coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es una cifra entre cero y uno, que mide el grado de desigualdad en la distribución de ingresos en una sociedad dada. El coeficiente es igual a cero desigualdad (0,0 = desigualdad mínima) en una sociedad en la que cada miembro recibe exactamente el mismo ingreso y registra un coeficiente de uno (1,0 = desigualdad máxima) si un miembro recibe todos los ingresos y los otros, nada. En la práctica, los valores del coeficiente van de cerca de 0,2 para países como Bulgaria, Hungría, las Repúblicas Eslovaca y Checa, Polonia y los países escandinavos, pasando por 0,3 en Alemania y 0,34 en EE.UU., hasta 0,6 para Brasil, que es el país del mundo con la mayor desigualdad. También otros países latinoamericanos se acercan a ese último guarismo, p. ej. México, Guatemala, Honduras y Panamá. El país latinoamericano con el menor coeficiente de Gini es Uruguay (0,43). América Latina tiene en promedio 0,48.
Fuente: Dirk Messner/ Inwent.org http:/www.inwent.org

Durante los últimos veinte años, nuestra sociedad ha creado una nueva generación que no ha recibido las ventajas pero a la que se le exige el cumplimiento de las reglas. Esta situación, que desde luego es imprescindible para la supervivencia del conjunto, se presenta a los ojos de esos “excluidos del juego” como radicalmente injusta e irracional: ¿Qué lealtad social podrían/deberían sentir? ¿Qué respeto hacia la moral (convención colectiva) o hacia la ética (dicotomía bien/mal) que no han visto jamás respetadas hacia sus propias personas o familias? Concluía la nota de marras afirmando que nuestra sociedad estaba criando cuervos y, por consiguiente, luego no debería asombrarnos que desearan sacarnos los ojos.

Es triste (aunque no original) acertar un pronóstico como éste.

Pero más allá del estéril diagnóstico sobre una supuesta realidad estática al que somos tan afectos los argentinos, lo que urge es analizar las potenciales soluciones del problema.

¿Estamos solos?

¿Es la Argentina un fenómeno aislado en el mundo globalizado? Refiriéndose a los atentados contra las torres gemelas en Estados Unidos, decía Noam Chomsky: “El gobierno de George W. Bush busca utilizar el clima de temor e inseguridad del pueblo estadounidense para promover su agenda política y controlar a la disidencia. Tal vez el hecho central de estos atentados es que los ricos y poderosos han perdido su monopolio sobre los medios de la violencia en el mundo".
Podrá argumentarse que el terrorismo es otra forma distinta de violencia. Es cierto, pero secundario. Lo importante es la conclusión de Chomsky sobre el monopolio de la violencia en el país más poderoso.

Nadie puede negar, asimismo, que la inseguridad en las grandes urbes argentinas llegó bastante más tarde que en otras ciudades importantes del mundo civilizado: turistas de Madrid, París, Londres, Nueva York, Berlín, se asombraban hace pocos años de que en Buenos Aires se pudieran transitar tranquilamente las calles hasta altas horas de la madrugada, privilegio que ellos ya habían perdido hace tiempo.

Lo malo de esto es que, si bien la realidad cotidiana nos demuestra que en el combate contra la inseguridad estamos acompañados por casi todos los habitantes del planeta, también lo estamos en la carencia de soluciones viables, ya que en ningún país han podido disminuirse los índices de la misma.

Un 57,8% de los españoles cree que el mundo de hoy es menos seguro que hace 10 años, frente al 17,1% que lo considera más seguro y un 20,2% que cree que no ha habido cambios, según la encuesta 'Globalización y Relaciones Internacionales' publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS-España/2005).

Según el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la proliferación de la violencia en el continente americano está asociada al aumento de la miseria y de la indigencia. Uno de cada tres niños tiene hambre y el 60% de ellos son pobres en América Latina, a pesar de la enorme capacidad del continente para producir alimentos. Cada año 190 mil niños latinoamericanos mueren por males ligados a la pobreza que podrían ser evitados. Actualmente cerca de 40 millones de niños viven o trabajan en las calles de América Latina. Solamente en América Central más de dos millones de niños están en el mercado de trabajo.

Ya en el 2001, la Revista de la Cruz Roja Internacional afirmaba: “La seguridad de los individuos ha dejado de estar necesariamente garantizada por los Estados”. Y su conclusión era: “Al lado de un sistema de protección basado en el Estado, la comunidad internacional debe concebir soluciones de mayor envergadura y diversificación a fin de garantizar la protección de los civiles, soluciones en las que participarían no sólo los Estados, sino también entidades no estatales, grupos de la sociedad civil, actores del mundo empresarial, de los medios de comunicación de masas y las poblaciones mismas”.
Lamentablemente, la apelación de la CRI no ha obtenido mayor respuesta.

Redefiniendo la seguridad mundial

Cada año, el Worldwatch Institute publica su informe anual sobre “El Estado del Mundo”. En el año 2005, José Santamarta Flórez, director del Worldwatch en España, apuntaba lo siguiente: “para dar a todo esto una solución hay que reforzar la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación internacional, los programas de la FAO encaminados a reducir el hambre en el mundo... Necesitamos un mundo multipolar, donde haya más cooperación, donde se refuercen esos mecanismos y se intente solucionar lo que realmente es el eje del mal, no esas fantasías alucinatorias de pensar que tres o cuatro dictadores son el eje del mal. No sustituir el enemigo de la guerra fría del comunismo por unos pocos sátrapas que en general tienen un papel relativamente marginal. Ya se vio en Iraq, donde no había ni armas de destrucción masiva ni relaciones con el terrorismo de Al Qaeda y ahora todo se ha agravado". La opinión de Eric Assadourian, codirector del informe, es que hay que impulsar los Objetivos del Milenio y para ello "hace falta que los países desarrollados dediquen más fondos a Ayuda Oficial al Desarrollo. El dinero que cada año se destina a gasto militar se tendría que redirigir e invertir en desarrollo, porque esto también es seguridad".

Bellas palabras, sin duda, pero este cronista tiene la impresión de que en eso quedarán. Quizás sólo un mundo que busque y logre la igualdad sea más seguro. Pero, mientras tanto, el problema subsiste y nuestras comunidades exigen un accionar más eficiente que los discursos.

Las estadísticas

La Organización Mundial de la Salud ha realizado exhaustivos estudios sobre las causales de muerte y lesiones en todos sus países asociados. Separando al continente americano en países de altos ingresos promedio (Estados Unidos y Canadá) y países de ingresos medios y bajos (los demás), obtenemos los siguientes datos en porcentajes, sobre el total de las poblaciones respectivas:

* Los datos del cuadro presentado provienen de un informe de la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Se han modificado los datos relativos a la Argentina sobre la base del trabajo de la Dirección Nacional de Política Criminal. Asimismo, se completaron los datos de Estados Unidos y Canadá de acuerdo a los provistos por el FBI (Uniform Crime Reports) y Statistics Canada, respectivamente.

Puede observarse claramente que, mientras nuestros países superan ampliamente a los países desarrollados en casos de muertes y lesiones causadas por otras personas, el porcentaje se vuelca a nuestro favor en los casos de violencia autoinfligida y suicidios.

Un primer análisis (superficial, por cierto) parecería indicar que mientras las sociedades desarrolladas generan en sus habitantes frustraciones individuales y sensación de fracaso personal, tendientes al auto castigo, las nuestras generan rencor hacia el otro y la búsqueda de culpables externos. Tal vez no sea casual. Estados Unidos ha hecho un culto del triunfo y la competencia (el país de las oportunidades), inculcando en sus habitantes la noción de que “cualquiera puede lograr lo que desee”. El fracaso, con esos conceptos, siempre es “culpa de uno”. En nuestros países, donde las “oportunidades” han brillado por su ausencia durante décadas, autorresponsabilizarse del fracaso parece cuando menos excesivo.

Europa se asemeja más a nuestra realidad. Por ejemplo, en Inglaterra y país de Gales se registran cada año 2,7 millones de incidentes violentos. Las agresiones son la segunda causa de ingreso hospitalario en Inglaterra de los jóvenes entre 15 y 24 años. Se calcula que el costo global de la violencia inflingida por la pareja se eleva a 23.000 millones de libras esterlinas anuales.

Prácticamente la mitad de los jóvenes entre 10 y 14 años han sido víctimas de actos de intimidación en la escuela. Una cuarta parte de las mujeres y el 5% de los hombres han sufrido alguna forma de agresión sexual a lo largo de sus vidas.

Argentina: La década globalizada

La tendencia en lo que hace a distribución de los distintos tipos de delitos a través de los años, se mantiene en líneas generales constante, pero resulta notable el crecimiento sostenido que presenta la distribución de hechos delictuosos en la década 1990/2000, con cifras que en valores absolutos han llegado a duplicarse y que en valores relativos (tasas cada 100.000 habitantes) presentan una variación del orden del 77%.

Dentro de las diferentes jurisdicciones de nuestro país – provincias y Ciudad de Buenos Aires– en valores absolutos, la que concentra la mayor cantidad de registros de hechos presuntamente delictuosos es la provincia de Buenos Aires con 301.910 hechos (constituyendo esta cifra el 27% del total de denuncias de hechos delictuosos registrados a nivel nacional), seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 199.587 hechos (18%), la Provincia de Córdoba con 116.250 (10%), la Provincia de Mendoza 91.675 (8%) y la Provincia de Santa Fe con 89.150 hechos (8%). Es de notar no obstante, la gran diferencia en el rango de valores que se maneja entre las primeras cinco provincias. Las jurisdicciones que menos hechos presuntamente delictuosos registrados concentran son la Provincia de Tierra del Fuego con 3.299 hechos (0,29%), la Provincia de La Rioja con 6.301 (0,56%) y la Provincia de Santa Cruz con 6.784 (0,60%).

Lo mismo sucede con los delitos contra la propiedad registrados, donde la Provincia de Buenos Aires lleva la delantera con 193.444 hechos (26%), seguida de la Ciudad de Buenos Aires (143.843 hechos, 19%), la Provincia de Córdoba (80.487, 11%), la Provincia de Mendoza (66.288, 9%) y la Provincia de Santa Fe (54.246, 7%), siendo del mismo modo las provincias de Tierra del Fuego con 1.956 hechos (0,26%), La Rioja con 3.647 (0, 48%) y Santa Cruz con 4.098 (0,54%) las que presentan las frecuencias mas bajas. Esta repetición se debe obviamente al importante peso de los delitos contra la propiedad en el total de hechos presuntamente delictuosos registrados a través de las estadísticas policiales.

Las provincias que presentan las tasas más bajas de hechos presuntamente delictuosos son: Misiones (1.708), Formosa (2.087) y Entre Ríos (2.091). El ranking de las jurisdicciones se repite de modos similares en el caso de las tasas de delitos contra la propiedad registrados, siendo siempre las primeras cinco jurisdicciones la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Chaco.
Curiosamente, si se compara el conjunto de hechos presuntamente delictuosos registrados en la Argentina (por ejemplo, en el año 2000) con el número de sentencias condenatorias dictadas en procesos penales en nuestro país en ese año, se observa que estas últimas representan sólo el 1.63% del total de hechos, y en Chubut ese porcentaje desciende aún más, alcanzando un exiguo 1,30%.

En las diferentes jurisdicciones esta relación entre el número de hechos presuntamente delictuosos registrados y el número de sentencias condenatorias en procesos penales varía. En algunos casos presenta formas más positivas como en la Provincia de Tierra del Fuego (3.70%), Río Negro (3.16%), Misiones (2.37%) y La Pampa (2.30%). En otros casos, formas mas negativas, como en el caso de la Provincia de Santiago del Estero (0.50%), Tucumán (0.55%), Catamarca (0.58%) y La Rioja (0.62%).

Durante el año 2004, se produjeron en la provincia de Chubut un total de 15.711 hechos delictuosos (un 5 % del total del país), creciendo mínimamente con respecto al 2003 (15.699).
De ellos, 2964 fueron delitos contra las personas y 9.418 delitos contra la propiedad.

Los delitos y las armas

Es importante analizar también la relación existente entre los delitos contra las personas y la posesión de armas de fuego, aunque sea una relación meramente estimativa y a título informativo, ya que es imposible medir certeramente si el arma utilizada en un delito de estas características es legal o ilegal. Desde luego, esta relación no puede ni siquiera intentarse con los delitos contra la propiedad, ya que en este caso la lógica indica que prácticamente en ningún caso el arma que se utiliza figura en los registros. De un total de 625.444 armas de fuego registradas (legítimo usuario) en el país, 6.326 (1%) están en poder (o deberían estarlo) de ciudadanos chubutenses.

Si en la provincia de Buenos Aires existen casi 290.000 armas registradas (46 % del total/país), quiere decir que un 2,41% de su población está armada, en tanto que el 1,53 % de la población de Chubut lo está.

En Buenos Aires se producen 55.374 delitos contra las personas anualmente (1 delito cada 5 armas) y en Chubut 2.964 delitos de iguales características (1 delito cada 2 armas). Parecería evidente (aunque la estadística peque por poco científica), que la idea de disminuir la cantidad de armas en poder de los ciudadanos chubutenses no es mala.

Vivir con lo nuestro

Pero el dicho afirma que “mal de muchos, consuelo de tontos”, y por consiguiente, si no queremos aprender a vivir con una violencia creciente, será necesario implementar medidas más eficaces que las utilizadas hasta la fecha. Los opinólogos han adoptado posiciones bastante definidas: por un lado, se encuentran los “garantistas” a ultranza, que propugnan un sistema comprensivo y liberal, afirmando que mientras subsistan las enormes desigualdades sociales nada podrá solucionarse. Son aquellos que no encuentran nada de malo en que, como lo dice el sentido común popular “los delincuentes entren al juzgado por una puerta y salgan por la otra”.

En el otro rincón, y siempre a la derecha de donde usted mire, se encuentran aquellos cuya frase predilecta para referirse a los delincuentes reincidentes es “hay que matarlos a todos”, y justificarían desde la tortura hasta el asesinato (de los delincuentes, claro) con tal de considerar bien protegidas sus propiedades y sus vidas, en ese orden.

Es evidente que ninguna de ambas posiciones -recordemos que en nuestro país se han experimentado ambas-, representa una solución viable y lógica.

¿Seguridad versus libertad?

Que las tendencias sociales oscilan pendularmente es una verdad de Perogrullo.
Este último y bienvenido período de desarrollo de las libertades está sin duda amenazado por el justificado reclamo social de mayor seguridad que, si se aplicara sin una profunda reflexión y cuidado, posiblemente terminaría limitando el ejercicio de derechos individuales. Este proceso, que ha ocurrido ya en varios países y cuyo mejor ejemplo es Estados Unidos, puede darse también en el cono sur.
Hace casi 400 años un pensador inglés, Thomas Hobbes (1588-1679) escribió un tratado de filosofía política que llamó “Leviatán” (ser mitológico monstruoso, mezcla entre serpiente de mar y ballena), en el que defendía el absolutismo del Estado como herramienta indispensable para combatir los males de la anarquía, el caos y la Revolución que, según él, estaban encarnados en la Reforma. La teoría de que libertad y seguridad son incompatibles no es nueva, como podemos observar.

¿Pero es real? ¿Necesariamente la búsqueda de la seguridad en el siglo XXI requiere una reducción de las libertades? ¿Hasta donde estamos dispuestos a perder libertades a cambio de seguridad? ¿Utilizarán los gobiernos el miedo para recortar derechos sin una justificación sólida?
De hecho son varios los países que en mayor o menor medida están "aprovechando" la actual situación de inseguridad mundial para realizar recortes en las libertades. Y lo curioso es que en algunos casos hasta son mayoritariamente apoyados por los pueblos a los que gobiernan.

¿Quién tiene la culpa?

Se critica a la Justicia por su lentitud, inoperancia (lo que es cierto) y hasta corrupción, pero podríamos pensar también que los jueces trabajan con leyes que no se adecuan a la realidad actual, por lo que deberíamos exigirles también a los legisladores un poco de labor creativa.

Por otro lado, quizás sería hora de solicitarle a la comunidad una mayor participación en el tema, tal como lo dice la Cruz Roja Internacional, y permitir que las personas comunes podamos intervenir, para ver cuán difícil es decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un sospechoso. Me refiero, claro está, a la implantación del juicio por jurados, establecida por la Constitución Nacional en 1853 (arts. 24, 75 inc. 12 y 118), por la reforma constitucional de 1994, por la Constitución de la provincia del Chubut (arts 135 inc. 27; 162 y 172), etc.

Pero desde luego el juicio por jurados, si bien agilizará la administración de justicia, no resolverá el problema de fondo.

¿Y la policía?

Por su parte, la policía se queja, y bastante. Insisten en que constantemente detienen delincuentes y los ven, una o dos semanas después, caminando por las calles. Esta es una realidad comprobada por cualquier vecino y que aparentemente sería inevitable de acuerdo a las leyes actuales. Por otra parte, también muchos policías han cometido serios errores de procedimiento y, en varios casos, abusos y violaciones inaceptables de los derechos humanos. Algunos sectores de la estructura policial han llegado a proponer la instauración de la figura “del merodeador”, un método muy antiguo, que se utilizaba hace años cuando las actuales ciudades eran pueblos y todos se conocían, y que hoy no sería otra cosa que detener a cualquiera por “portación de cara”.

La necesidad de la reinserción social

Sin reinsertar social y laboralmente a los desplazados de nuestra sociedad, será inútil exigirles el cumplimiento de un “pacto” unilateral e injusto.

Es imprescindible comenzar a generar, desde el Estado, alternativas que excedan la simple asistencia social. Esta debe ser gradualmente remplazada por emprendimientos productivos viables, cuya ejecución y gerenciamiento no queden inicialmente a criterio del beneficiario, sino que el aporte del Estado sea precisamente (además de la financiación), la elaboración y seguimiento en el tiempo del “plan de negocios”, hasta que la empresa se demuestre autosuficiente.

Mientras tanto, el delincuente debe ser punido. La única “solución” que ofrecen los especialistas es construir nuevas cárceles, más grandes y seguras. No se toma verdaderamente en cuenta la realidad del interior de los penales: celdas atestadas, organizaciones delictivas jerarquizadas, complicidad y cobertura en muchos casos de los mismos guardianes y, por sobre todo, la realidad con la que se estrellará el recluso al terminar su condena: sin dinero, sin trabajo ni posibilidad de conseguirlo, en muchos casos abandonado por su familia, sin vivienda, etc. Es evidente que el actual sistema no sólo no prevé la rehabilitación del recluso, sino que lo empuja a volver a delinquir, ya que muchas veces ésta es la única alternativa inmediata que logra visualizar un ex convicto que, recordémoslo, generalmente tiene un pobre nivel educacional y reducidas capacidades intelectuales.

Menos reincidencia = menos delito

Es importante disminuir los niveles de reincidencia ya que, como bien han expresado muchos funcionarios, la mayor parte de los delitos son cometidos por personas que han cumplido condenas anteriores, de mayor o menor gravedad.

El Estado tiene la urgente necesidad de implementar un programa de atención especializada, sistemática y continua, orientada a modificar los comportamientos antisociales de aquellos reclusos con posibilidades ciertas de reinserción.

Para ello es necesario comprender en la práctica que no es lo mismo un violador y asesino que un falsificador de cheques o un ladrón de pasacassettes, y que el lugar común “ladrón una vez, ladrón siempre”, no es obligatoriamente un axioma.

Si esto se comprende, deja de tener lógica y racionalidad el criterio de reclusión indiscriminada utilizado actualmente, mediante el cual, en el mismo penal, conviven reclusos sin otra cosa en común que haber sido declarados culpables de un delito, cualquiera que éste fuera. La rehabilitación del delincuente debe ser una política de Estado. En la actualidad no existen presupuestos dignos para una verdadera rehabilitación del recluso en nuestro país, y por ello tampoco existe un Programa de Rehabilitación consecuente en el tiempo.

Las pocas actividades que se desarrollan dirigidas a modificar la conducta del reo, son encaradas por iniciativa individual de algunos funcionarios concientes, de personal técnico o de gestiones de organizaciones no gubernamentales con el apoyo de organismos internacionales.

No hay una explicación válida para no implementar las granjas de reclusión para reos de baja y media peligrosidad, método que se está aplicando desde hace años en otras partes del mundo y que ha logrado un mensurable índice de rehabilitación en los reclusos.

Derechos y Garantías

La ansiedad de eliminar o por lo menos disminuir la inseguridad que aqueja a nuestras sociedades no debe alentarnos a adoptar medidas que indefectiblemente limitarán nuestros derechos ciudadanos. Hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido, que las libertades básicas y los derechos humanos son innegociables. La solución a la inseguridad no es la restricción de esos derechos, ni el abandono de la ley, ni el olvido de la justicia. Esto no hace más que dar la razón a quienes provocan la inseguridad. Por ello, el equilibrio y la mesura son una condición insoslayable para nuestros tiempos.
El libro de George Orwell “1984”, es una novela que me encantó leer, pero describe una sociedad en la que no me gustaría vivir.

Foto: igadi.org

Nota de Sosperiodista: el autor es periodista. Director de la radio Trelew Noticias y Director Editorial de la revista Patagonia Net.

eduardo

ALGO SOBRE LA (IN)SEGURIDAD DOS MODELOS. En materia de Seguridad, Alessandro Baratta nos habla de dos modelos contrapuestos: 1)- El que se denomina DERECHO A LA SEGURIDAD, próximo a la tendencia represiva de políticas de prevención y seguridad, que identificando SEGURIDAD Y ORDEN, determina una política centralista y autoritaria, en que sólo el gobierno decide las medidas a tomar sin escuchar a otros representantes sociales. (a). Este modelo se ha caracterizado por el constante reclamo de aumento de penas y “mano dura” y, muy particularmente, por la reducción de los derechos ciudadanos al derecho supremo de la seguridad individual y la propiedad privada, negando valor a los otros derechos fundamentales, como el del principio de inocencia, defensa en juicio, etc., que son GARANTIAS ante el poder del Estado para todos los habitantes de la nación argentina... Y también, derechos sociales y políticos: a la educación, a la salud, a condiciones dignas de trabajo, a seguridad social, y el de elegir y ser elegido para cargos públicos, etc. Se lo suele llamar aquí el de la Tolerancia cero.(b) Privatización de la Seguridad... Al desconocer la primacía de estos derechos por sobre la SEGURIDAD DE LOS BIENES PRIVADOS, este modelo tiende a la exclusión social. Porque la seguridad individual deja de ser un servicio público que el estado debe prestar en una sociedad de iguales, para ser entendida, en la escasez de arcas oficiales, como un producto más, que en la sociedad de consumo obtiene quién tiene capacidad económica para hacerlo. Es decir, quien puede pagarlo. De allí, el crecimiento de las empresas de vigilancia personal y de edificios, de transporte y custodia de caudales, de los hipermercados, de las compañías de seguros, de venta de armas, animales adiestrados, blindajes y fortificaciones de edificios, alarmas para viviendas y vehículos, los barrios cerrados, aerosoles con gas paralizantes, pistolas eléctricas, las escuelas de entrenamiento y defensa personal y toda una industria de servicios y productos vinculados con la “inseguridad” y más propiamente con la subjetiva sensación de inseguridad. Esta industria del pánico, según los autores, en “permanente expansión ha llegado a constituirse una de las áreas más dinámicas de la economía latinoamericana”.(c) EL OTRO MODELO. 2)- El otro modelo, según Baratta, es el de SEGURIDAD DE LOS DERECHOS, se basa en la concepción de ella como un servicio público que el ESTADO ha de garantizar, porque cuando expropió el derecho del ofendido por el delito a la venganza por mano propia, asumió el monopolio de la violencia y así el poder de castigar colectivo, en virtud del principio “Protejo, ergo obligo”. (d). Este servicio público se articula en un sistema garantista, porque el Estado puede lesionar garantías individuales al perseguir penalmente a los autores de un delito –que trata a través de una política integral de protección de todos los derechos del ciudadano, de lograr un debate político y la participación de todos los actores de la comunidad: organismos oficiales e instituciones sociales, religiosas, culturales, económicas y políticas involucradas en este problemática. Es por esto, un modelo de inclusión social, que intenta identificar, primero las causas de la inseguridad, no sólo hacer desaparecer los efectos y encuentra entre las principales causas : a la desigualdad social, el abuso de poder, y el silenciamiento de las reinvidicaciones sociales y políticas, bajo el argumento del orden ciudadano y la defensa a ultranza de la propiedad privada de los que la tienen. En esta segunda concepción, la seguridad se enfrenta como una política más en el espectro de todas las políticas públicas de desarrollo general – económico, de educación, salud y prevención, intentando coordinar las acciones casualmente de prevención y disuasión de la delincuencia, como el aumento de la vigilancia en horas y lugares conflictivos, buena iluminación en zonas riesgosas, charlas sobre medidas vecinales y familiares de protección y otras, con programas de prevención de alcoholismo, drogadicción, de violencia familiar y escolar, de explotación del trabajo infantil, de educación sexual. En este modelo de gestión como política de Estado, las acciones se deben sustentar en la convicción de que la vida en sociedad exige compatibilizacion entre derechos opuestos y tolerancia, porque existen jerarquías de bienes jurídicos que deben garantizarse, aún en desmedro de interés individuales. Así el el Estado podrá compatibilizar, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la intimidad y al honor de los mencionados en una noticia periodística, pero ningún derecho individual podrá compatibilizarse con el derecho a no ser detenido ilegítimamente, torturado o sometido a condiciones humillantes de encierro. La exclusión social La exclusión social tiene otro sentido que la desiguaLdad social, pues proviene de ( o consiste en) la ruptura de los lazos sociales, que no se puede señalar tan solo acudiendo a los fríos vectores de los economicistas que demarcan las líneas de la pobreza y de la indigencia como resultado de un cálculo económico o estadistico. ¿Que significa estar excluido?. En términos de relaciones sociales, significa primero la ausencia de lazos sociales de integración, pero después la sustitución de todos ellos por relaciones mediadas por la violencia, entre los mismos excluidos y entre ellos y la sociedad "normal" o integrada. La distancia es enorme, si se tiene en cuenta que en villas miserias de Argentina hay familias que se han acomodado a condiciones distorsionadas de vida durante tres generaciones o más, o si se considera la distorsión cultural y la profundida ajenidad social que genera el desempleo pertinaz durante la íntegra trayectoria familiar, y el necesario despliegue de habilidades clandestinas o infralegales para asegurar la subsistencia diaria. Pero, sobre todo, las relaciones sociales de la exclusión son violentas, tanto por la indiferencia social, que en modo alguno es suave o continente, como por el hecho de que casi las únicas atenciones brindadas por el Estado se encaminan a través de la policía o el sistema penal. Una persona que no puede determinar las condiciones que presidirán el desarrollo de sus vínculos sociales, que de manera inevitable asumen todas las formas imaginables de la violencia, sólo podrá reproducir esa misma violencia cuando, ocasionalmente, logra dictar las condiciones de otras relaciones posible: éstas reflejan más allá de todas dudas, en los contactos sociales proporcionados por el crimen, y en este marco la violencia deja de ser irracional. En esas condiciones ni el respeto por la vida ni por los demás valores que la integran a la sociedad pueden compartirse porque el excluido resulta ser, precisamente, un ajeno. El problema del crimen no se agota en ese marco; en realidad se podría decir que es allí donde termina, y el hecho de poner énfasis sobre la supuesta irracionalidad de la violencia criminal en la calle no está privado de consecuencias. Una de ellas es la construcción de un concepto que se ha dado enllamar SEGURIDAD CIUDADANA, que traduce la aspiración a no ser asaltado o agredido en los espacios públicos o en las viviendas o en los comercios privados, como que el término ciudadano se reduce a su menor expresión, la de habitante de las ciudades. Es obvia la legitimidad de esa aspiraciòn, pero ella no debe ni ocupar todo el espacio asignado a la preocupaciÓn por la (in)seguridad, dado que esta se compone de otras cosas, que suelen ser las mismas de las que carecen los sectores de la exclusión y de las que tambien carece, aunque en menor medida,el grueso de la clase media en plena regresión. ¿Que són esas otras cosas?. La seguridad del empleo, de la asistencia en la enfermedad y en la vejez, de la vivienda, la educación, la cultura, el desarrollo personal son otras formas en las que debe conjugarse el término seguridad. Finalmente diremos que "las leyes que son el instrumento de la política, traducen en cambio la aspiración de derrotar la desigualdad y acorralar a la violencia. Sólo en la esperanza de lograr o de acercarse a estos objetivos tiene sentido la vida en sociedad; fuera de ella, ha perdido parte de su valor. Recuperarlo requiere, por lo menos, la conciencia del rol del derecho como el vìnculo de la constitutución de un pueblo, y la certeza de que la degradación de su validez y de garantías que la lay consagra no es indiferente ni inocua. Requiere, además, la convicción de que el problema de la (in)seguridad no se resuelve solamente apelando a estretegias violentas fundadas en la hostilidad hacia los excluidos, que sólo profundizan la división social. Es preciso reconstruir, en cambio, un concepto de seguridad cuidadana cuyos elementos estén dados por el conjunto de derechos garantizados por la constitución política, y cuya orientación no puede ser otra que la más absoluta y abarcativa inclusión social"(e). NOTAS: (a). PENSAMIENTO PENAL Y CRIMINOLOGICO. Revista de Derecho Penal Integrado. Córdoba. Año III, nº 4, 2002 pág. 419/421. (b). La política llamada de tolerancia cero, fue aplicada por el Alcalde de Nueva York, en una época determinada, y hace referencia a las infracciones de tránsito y código de faltas, no a delitos. Por otro lado, en California no ha dado buenos resultados. (c) BINDER, Alberto. Policías y ladrones. La Inseguridad en cuestión. Bs.As: Capital Intelectual. Colección: Claves para todos. 2004. pág. 30/31. (d) PENSAMIENTO PENAL Y CRIMINOLOGICO. Op. Cit. Pag. 419/421. (e) JULIO VIRGOLINI. Abogado penalista. Ex Juez de la Nación. Prof. de Derecho Penal y Criminoilogìa de la UBA. Artículo publicado en el libro Voces en la Crisis. Eduardo Alberto Planas

AYALA CESAR

MUY INTERESANTE Y MUY BUEN ARTICULO PERO NO DEBEMOS PERDER DE VISTA QUE CUANDO HABLAMOS DE (IN)SEGURIDAD SIEMPRE HABLAMOS DE LA VULNERACION Y/O AMENAZA DE DERECHOS CIVILES CONSUMADOS, LOS DE LAS VICTIMAS Y LOS DE LAS PERSONAS QUE PADECEN EL CADA VEZ MAYOR SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD.- DEBEMOS EVITAR LA MANO DURA COMO ALTERNATIVA DE CORTO PLAZO QUE ES GENERALMENTE EL USO QUE SE LE DA EN BUSCA DEL RESULTADO EFECTISTA QUE SE DILUYE DEMASIADO RAPIDO, NO SOLO ES INCONSTITUCIONAL E INMORAL SINO TAMBIEN INEFICAZ, LO QUE DEBEMOS BUSCAR ES LO QUE TANTAS VECES Y DE TANTAS MANERAS CASI DE MODA DIRIAMOS Y ESCUCHAMOS ANTE LA MAYORIA DE LOS PROBLEMAS LA RESPUESTA INTEGRAL TANTO DEL ESTADO EN SUS TRES PODERES, LAS ASOCIACIONES INTERMEDIAS Y EL VECINO DIRECTAMENTE, EL PROBLEMA NO ES SABER LO QUE SE DEBE HACER HAY DEMASIADO POR HACER EL FILTRO MAS DIFICIL DE PASAR PARA ENFRENTAR EN SERIO ESTE PROBLEMA SOCIAL CRONICO, CUYO PRINCIPAL PROBLEMA NO ES QUE EXISTA SINO LOS NIVELES QUE TIENE, ES EL DE SABER QUE ESTAN REALMENTE DISPUESTOS A HACER LOS FUNCIONARIOS DE LOS TRES PODERES, LOS DE LAS ASOCIACIONES INTERMEDIAS, Y LOS VECINOS EN GENERAL, DE ESTOS QUE FORMAN LA INTEGRALIDAD DE LA QUE HABLAMOS CUANTOS ESTAN DISPUESTOS A DISTRAER SUS ESFUERSOS CONCENTRADOS EN OTRAS CUESTIONES RENTABLES, BUENAS O MALAS ES APARTE, PARA ENFRENTAR UN PROBLEMA DIFICIL COMO LA INSEGURIDAD Y QUE SEGURO TENDRA COSTO