Viviana Demaría y José Figueroa.

“Alvaro Uribe tolera los asesinatos en Colombia”
(Ingrid Betancourt - 2002)

Resulta sugestivo que aquella frase acusadora contra el actual presidente de Colombia, la haya pronunciado la todavía rehén de las FARC Ingrid Betancourt. Desconcierta sobremanera que sea prisionera de las FARC, toda vez que ella encarnó la más valiente y resuelta ofensiva política contra la narcodemocracia colombiana. Paraliza imaginar que Alvaro Uribe la prefiere muerta o silenciada en la selva que libre e inflexible contra la corrupción de la clase dirigente de la cual él, es su máximo exponente.

Ernesto Samper, el presidente del Cartel de Cali

Ingrid Betancourt fue la legisladora que acusó en su cara al presidente Ernesto Samper de haber recibido 6 millones de dólares del Cartel de Cali para su campaña electoral en 1994. En su discurso en el Congreso calificó al mandatario de “delincuente y corrupto".

Como resultado de sus informes -y en una medida sin precedentes en Latinoamérica- Estados Unidos le canceló en 1996 la visa a un presidente en ejercicio acusándolo explícitamente de estar "seriamente comprometido con el narcotráfico" y de mantener estrechos vínculos con los zares de la cocaína.

Frente al escándalo causado por la impunidad (la mayoría oficialista absolvió a Samper), Betancourt realizó en protesta una huelga de hambre en el propio Congreso de la República. Por esa razón, fue amenazada de muerte y salió ilesa de un atentado contra su vida. “Yo estoy convencida de que las personas que estaban con Ernesto Samper quisieron matarme a mí” declaró.

Luego de enviar a sus hijos al exterior, volvió a la carga: se presentó en medio de una convención del partido liberal y dejó sentado que "en el Partido Liberal hay intereses mafiosos", y continuó: “Desde hace muchos años el Partido Liberal viene teniendo unas relaciones vergonzosas con los delincuentes del país". Esa vez, Ingrid fue hostigada y sacada del recinto con el socorro de una escolta.

Días después, en una entrevista concedida a Univisión (el conglomerado de medios en español más grande de los Estados Unidos) la pregunta obviamente fue “¿Quién la quiere matar?”, ante lo cual, contestó sin vacilar: “Yo creo que es una alianza entre el narcotráfico y la clase política”. “Yo tengo enemigos muy fuertes que están sentados conmigo en el Congreso y (que) no tienen ningún inconveniente en pagar sicarios” (asesinos a sueldo) para lograrlo.

El escándalo en Colombia parecía no tener límites. Se hallaron 3,7 kilos de heroína en el avión oficial del presidente cuando éste se aprestaba a concurrir a una Asamblea de Naciones Unidas.

Cinismo Bizarro

Samper aún hoy no puede ingresar a los Estados Unidos por sus nunca desmentidos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, el actual presidente Alvaro Uribe, a pocos días de ser reelecto en el 2006, lo designó embajador en Francia. Vale la pena recordar que fue Samper quien demandó a Ingrid Betancourt ante los Tribunales de París para que su libro "La rabia en el corazón" fuera incautado.
Entre numerosas acusaciones con múltiples pruebas, en el libro se afirmaban cosas tales como esta: Samper "hizo asesinar a la mayor parte de los testigos de su proceso e intentó reducirme al silencio en varias ocasiones".

Los tribunales de París, obviamente, denegaron que el libro fuera “secuestrado” (en ese momento era ya un best seller), en el que Ingrid Betancourt denunciaba al mundo la narcodemocracia colombiana. "No sólo estoy amenazada en mi país, sino que ahora me persiguen en Francia", expresó.

Alvaro Uribe, el presidente del paramilitarismo

Imaginemos qué habría hecho hoy Betancourt frente al nombramiento de un narco en París, si estuviese en libertad. Seguramente habría seguido investigando y denunciando lo que ya había descubierto en la campaña electoral del 2002: que Alvaro Uribe era en ese tiempo lo que antes fue Ernesto Samper.

El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, sino que ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado. Es este hecho, lo que explica que en Colombia no haya habido dictaduras del tipo que asolaron la región. En la primera parte de los años ochenta las organizaciones paramilitares fueron la respuesta de los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión, luego evolucionaron hacia un proyecto político, militar y social con la colaboración de las fuerzas armadas.

El blanco en esta guerra no fueron, necesariamente, los grupos insurgentes sino la población civil concebida como la base social y política del enemigo. Desde esa perspectiva la guerra se libró en todos los ámbitos (político, social, económico, psicológico, militar). Los militares colombianos cambiaron de ese modo la estrategia contrainsurgente, delegaron en los paramilitares "el trabajo sucio" de eliminar a trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes, al considerarlos guerrilleros civiles. En esta guerra no convencional se registraron los genocidios, las masacres, las detenciones-desapariciones, las eliminaciones selectivas, individuales y colectivas y la limpieza social (delincuentes comunes, drogadictos, homosexuales).

Samper impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, "Convivir", como un intento de regularizar el paramilitarismo. Los Convivir, tuvieron su principal epicentro en el Departamento de Antioquia, donde era en ese tiempo gobernador Álvaro Uribe.

Uribe, ya en la presidencia (2002-2006 y 2006-2010), adoptó la Ley de Justicia y Paz, que en la práctica buscó la legalización del paramilitarismo, en el sentido de asegurar la impunidad de sus acciones terroristas, permitirles legalizar sus bienes ilícitos y dotarlos de facilidades para el ejercicio político. De allí que para Alvaro Uribe, toda estrategia “humanitaria” sea contraria al proyecto paramilitar en Colombia. De allí que no sea partidario de reconocer status político a las FARC, porque ya reconoció con dicho status a las Autodefensas Unidas de Colombia – que poseen gran parte del control del cultivo, procesamiento y distribución de cocaína y heroína (consideradas terroristas por los Estados Unidos).

¿Legalizar dos millones de hectáreas de tierras fértiles que las AUC han quitado a los campesinos, legalizar sus “negocios” provenientes del narcotráfico, indultar y no perseguir penalmente sus crímenes contra los derechos humanos, es el pago que el actual presidente Uribe da a las organizaciones paramilitares por el apoyo que recibió en su campaña?

Todo parece indicarlo así: “los paramilitares obligaron a votar a la población por los candidatos que tenían su aval, amenazaron a los demás aspirantes, les prohibieron hacer campaña y mataron a quienes no se sometieron a estas reglas del juego” ha establecido la Corte de Justicia. Entre los implicados, figura toda la cúpula del partido con que Alvaro Uribe llegó al poder.

Resta saber porqué Uribe envió tantas “misiones de rescate militar” contra Ingrid Betancourt con el mismo empeño con que impidió toda alternativa humanitaria; porqué como lo prueba la historia reciente, de esas misiones, ningún secuestrado salió con vida, y lo que es peor, murieron bajo el fuego de sus “liberadores” y no de la guerrilla.

Gabriel García Márquez, dice por boca de sus personajes que “en Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz".

Así es la patética realidad política de ese país contra la que una valiente mujer luchó sin descanso y, como todo el mundo, deseamos que siga luchando.

20/1/08