
Mario Albera.
"Los gremios ahora se rasgan la vestidura pero ellos también alentaron a los trabajadores a acogerse a los beneficios jubilatorios del gobierno de De la Sota”, afirma una persona que trabajó en la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba hasta hace un par de años, y que conoce bien su funcionamiento y marco legal.
Los empleados de gremios estatales abandonarán el miércoles sus tareas y saldrán a la calle para rechazar la emergencia previsional que enviará mañana el gobernador Juan Schiaretti a la Legislatura y que como punto más polémico prevé llevar a cabo un recorte de las jubilaciones mayores a los 5.000 pesos, que iría acompañado de cambios más profundos como modificar la forma de cálculo del haber previsional, ponerle un tope a la movilidad de los haberes y aumentar los aportes patronales. Metiendo el bisturí de esta manera es como Schiaretti piensa hacerse de fondos (hablan de $ 400 millones) para evitar el quiebre del sistema previsional en Córdoba.
De la marcha participarán los docentes (Uepc), los municipales (Suoem), los estatales (SEP), Luz y Fuerza, los bancarios y los judiciales. La marcha fue convocada “en defensa de los derechos previsionales de los trabajadores”. Schiaretti les dijo que si quieren protestar lo hagan en Buenos Aires porque la responsable del déficit estructural de la Caja es la Nación, que no envía los fondos convenidos por ley.
Lo cierto es que los contendientes de esta pelea tienen responsabilidades compartidas y el pasado los condena.
Lo que los gremios callan
Los gremios aceptaron en su momento las reformas impulsadas por José Manuel de la Sota para desprenderse de más de 20 mil cargos en la administración pública y bajar el costo laboral en personal, pero a costa de las finanzas de la Caja de Jubilaciones que pasó de tener 64 mil jubilados, en 1999, a tener 89 mil, en la actualidad. En ese tiempo, el gasto previsional, de 760 millones de pesos, saltó a 2.800 millones.
Si bien algunos gremios fueron críticos y junto a la oposición política advirtieron entonces que este ingreso masivo de activos pondría en peligro el equilibrio financiero de la Caja si la Nación no enviaba los fondos comprometidos en los Pactos Fiscales, igualmente consintieron la reforma de De la Sota alentando a los trabajadores a jubilarse con los beneficios que suponía el nuevo paquete de leyes.
Los gremios podrán decir, en su defensa, que otra no le quedaba; está bien, pero tampoco movilizaron a sus bases para –en todo caso- alertar a la población sobre los riesgos que corría el sistema previsional con esta reforma.
Es cierto que desde el Gobierno hubo fuertes presiones para voltear resistencias. Jueces y fiscales, hoy jubilados, pueden dar fe de ello. Pero los gremios instaron a sus representados a acogerse, raudos, a las nuevas leyes que restablecían algunos de los privilegios que Ramón Mestre había quitado en el marco de la emergencia económica al derogar aspectos de la ley jubilatoria, la 8024.
La Legislatura radical sancionó la ley 8489, que subió la edad jubilatoria de hombres y mujeres en cuatro años, y a través del Decreto 1.777, el fenecido gobernador de profesión odontólogo cambió la forma de cálculo del 82% móvil, lo que supuso en los hechos una baja de los haberes.
¿Qué hizo De la Sota? Primero sancionó la Modernización del Estado (Ley 8836), que posibilitó la pasividad anticipada de los agentes de la administración con 10 años menos de aportes.
Después restituyó los cuatros años que Mestre quitó, para que los hombres se jubilen a los 58 y las mujeres a los 55 (Ley 9017, mayo 2002), y concedió que las personas con seis años menos de servicio y edad se jubilaran con el 82% móvil (Ley 9045, setiembre 2002). Si hasta le compensó la falta de servicios y la falta de edad. “Por ejemplo, por cada dos años de exceso de aporte, te daban uno de edad. Esto hizo que personas de 44 años se jubilaran con la ordinaria”, comenta una fuente. Es decir, el Estado se deshizo de empleados que estaban en su plena edad productiva.
Todos los que se jubilaron hasta marzo del 2003, podían acogerse a estos beneficios. Los gremios aprovecharon entonces a meter todas las carpetas posibles porque, después de esa fecha, hubieran debido jubilarse en condiciones menos ventajosas (ley nacional 9075)
Estos beneficios y otros se financiaron, no con el aporte de la Nación, sino con un Fondo Complementario (Ley Provincial 9075) que se constituyó con los aportes excepcionales que hacen los trabajadores en actividad. Ese aporte es del 7% y surge de la diferencia entre lo que se aporta en el régimen nacional (11%) y el provincial (18%).
Hoy los gremios reivindican este Fondo como propio y piden conocer el estado contable porque sospechan que la Administración de la Caja lo ha venido utilizando para financiar el déficit del sistema. Seguramente. El último balance del Fondo publicado en la web del Gobierno es del 2006. Ese año el Fondo arrojó un superávit de $ 176 millones.
Lo que el gobierno no dice
Lo que la Provincia no dice, lo dijo ya la Nación a través de una solicitada de la Anses y de una conferencia de prensa que los directivos del organismo brindaron en Córdoba para señalar que De la Sota se manejó de forma “irresponsable” con la Caja.
Hacían alusión así a que el ex gobernador puso al sistema al borde del quebranto con su política de jubilaciones masivas. Por eso Schiaretti –partícipe de ese proceso- prefiere mirar para otro lado y recargar las tintas en el dinero que la Nación debía enviar para financiar el déficit de la Caja. Lo reclamado es 1.600 millones de pesos.
Aunque el director ejecutivo de la Anses, Amado Boudou, diga que no el organismo no debe nada, un informe de auditoría de la propia Anses, del 7 de mayo del 2008, la desmiente. Ubica esa deuda en 1.568 millones: $ 552,7 millones (2000/06); $ 278,4 millones (2007), y 737,6 millones (2008)
Hoy la Caja tiene un déficit mensual de 68 millones de pesos porque lo que recauda ($ 192 millones) no alcanza para pagar las jubilaciones y pensiones (260 millones). El resto se cubre con aportes del tesoro provincial. El déficit se agravó más luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera en julio pasado que el Decreto 1.777 era inconstitucional, lo que obligó a De la Sota a terminar de cumplir con su promesa de campaña de devolver el 82% móvil mediante el Decreto 1140/07.
Algo tenía que hacer, entonces, Schiaretti para frenar esta sangría de fondos. Aunque lo suyo, iría más allá de un mero ajuste de fondos, que sólo le traerá un alivio.
“Al final, Schiaretti va a llevar a cabo los cambios que la Nación le venía pidiendo a Córdoba a través de los sucesivos convenios de armonización. Va a cambiar la forma de cálculo de los haberes y establecer un índice para la movilidad”, reflexionó la fuente. Y agregó: “Lo mejor que podría hacer el gobernador es acordar esto con la Nación, aunque esto no genere mayores costos al sistema”. Sería lo ideal, pero después del conflicto agropecuario, el horno entre Schiaretti y los Kirchner no está para bollos.
La de Schiaretti sería entonces una forma encubierta para ir armonizando el régimen provincial al nacional para que los jubilados del futuro le signifiquen un menor costo al Estado, aunque para ello tenga que violar el artículo 57 de la Constitución Provincial que “asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad”.
Los estudios de abogados, ya se frotan las manos.
Concluyendo
A través de las jubilaciones masivas, De la Sota y los suyos se deshicieron en su momento de más de veinte mil agentes y empleados públicos, lugares que fueron ocupados por gente afín al gobierno y a un costo menor que lo que suponía empleados de carrera, con años de antigüedad.
La carnada para cooptar a los gremios y a sus afiliados fue devolverle a los nuevos jubilados algunos de los beneficios que les había quitado Mestre. Si bien con tibias críticas, los gremios accedieron y terminaron convalidando este proceso, aun sabiendo los riesgos que entrañaba para un organismo deficitario por naturaleza como la Caja tener que jubilar, casi de un plumazo, a 20 mil o 25 mil agentes, muchos de los cuales con haberes promedio envidiables como los trabajadores de Epec, bancarios, ex legisladores y magistrados del Poder Judicial. Es lógico que este grupo se queje y salga a la calle: juntos representan el 26% del gasto de la Caja de Jubilaciones.
En definitiva, nadie puede rasgarse las vestiduras. Todos, con diversos grados de responsabilidad, fueron parte de la fiesta.
21/7/08
Recomendar esta notaEs muy posible que se hayan hecho mal las cosas de ambos lados. Es seguro que muchos cobran jubilaciones suculentas sin haber aportado al sistema el porcentaje correspondiente en su momento o sin merecerlas (jubilaciones de privilegio que le dicen). Lo que es triste y lamentable en nuestro país y en muchos, es que la moneda de ajuste ante el faltante de caja sean los jubilados que aportaron lo que correspondía en su momento y durante el tiempo que marca la ley para gozar de "SU JUBILEO".
EXCELENTE LA NOTA DE ESTE SEÑOR COMO SIEMPRE EN ESTE PAÍS AHORA LOS GREMIALISTAS SOCIOS HACEN PARO....... ELLOS SABEN MUY BIEN LOS DESPROPÓSITOS DE DE LA SOTA, JUBILÓ A TODOS PARA SACAR LOS RADICALES COMO DECÍA LA GRAN OLGA AHORA........SE HACEN LOS TONTOS LO SABEMOS TODOS Y DAMOS FE DE ATROPELLOS COMETIDOS EN CADA ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SABÍAN QUE MESTRE A LOS DE EPC NO LES DESCONTÓ CUANDO EL ACHICAMIENTO POR QUÉ SERÁ........JA JA
Muy objtiva la nota (Mario Albera), pero le dico a Delfina: todo comenzó con el Pocho Angeloz que en 1983 dió comienzo a las cuantiosas jubilaciones de privilegio (judicales, políticas, etc.), tal el caso de jueces con pocos años de aportes y como ejemplo, todos en los pasillos de tribunales dan cita del caso de un ex -Vocal del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Estebán Gorriti, cuenta con mas de 85 años de edad, y solamente aportó en forma efectiva a la Caja de Jubilaciones dos años (1958/1960 y tiena la máxima retribución y otros más (conocida como la famosa Ley Rinaldi en Tribunales). Además, impulso Mestre retiros volunarios con fondos del BID (para EPEC, Banco de Córdoba, etc.), y con el derecho a jubilarse a la edad permitida (se fueron con fondos y luego se jubilan por la Caja Provincial). Por favor, ruego no se olviden de éstos próceres cordobeses (me refiero a Angeloz y Mestre) y los que vinienro (José Manuel), les afecta el "síndrome de Estocolmo", que refiere: "el reprimido, hace migas con el represor". Todos son iguales. Cuidan sus propias quintitas. Saludos.
Excelente la Nota, tal cual fue así. Ahora nunca les importo las jubilaciones o pensiones de los empleados públicos muy por el contrario, necesitaban deshacerse de ellos para duplicar la planta de personal y de ese modo ubicar a su gente, porque de cada empleado público jubilado se nombraba cuatro (4), como oí decir a una encumbrada funcionaria de entonces año 2000: "a los empleados públicos hay que echarlos a todos", para cumplir sus promesas de campaña de puestos públicos, mediando siempre fidelidad absoluta, silenciosa y eterna. Saludos
Schiaretti es un caradura, el fue parte de este circo, sino fijense todos los dias los nombramientos que hace de personal jerarquico con sueldos altisimos y una burocracia galopante. Y despues sale a recortarles a los jubilados, es un hipocrita. Por favor, revisen la estructura de la administracion publica como crecio de manera impresionante (y con sus sueldos acordes) en estos meses.
DE LOS DIVERSOS METODOS QUE SE ESBOZAN PARA ENFRENTAR EL DEFICIT, NINGUNO PROPONE AJUSTAR LOS SUELDOS PERCIBIDOS POR LOS ACTUALMENTE JUBILADOS ACORDE A MONTO APORTADOS Y AÑOS EFECTIVOS TRABAJADOS.---- COMO SEGURAMENTE,HAY MILES DE TRUCHOS Y ADVENEDIZOS POLITICOS QUE SE APROVECHARON DE SU RELACION,LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENDRIAN DE ESTA MANERA,CASI CON SEGURIDAD PONDRIA A LA CAJA EN EXCELENTES CONDICIONES.---- Y APARTIR DE ALLI,JUBILAR CON MONTO MAXIMO Y SEGUN AÑOS DE TRABAJOS EFECTIVOS.---- NO EXPRIMIRSE MAS EL SESO!!!! ES JUSTICIA.---- REALICE UN CALCULO FACIL: CUANTO COBRARIA UN DIPUTADO QUE APORTO POR CUATRO AÑOS CON UN SUELDO ACTUAL DE 8.000 $$.---- SOLUCION: DOS FETAS DE SALAME.
La lucha de los hermanitos Flores por un tarro de leche
Estamos salvados, llegaron los veedores del Indec
Carta abierta al intendente Daniel Giacomino

Los medios de comunicación locales aburrieron ayer hasta el hartazgo comentando las implicancias del operativo que se realizará hoy para censar a la mayoría de los hogares provinciales. Los medios centraron sus notas y comentarios en las particularidades del operativo (las credenciales con que se identificarán los censistas, las preguntas que harán, las sanciones previstas para los que no respeten el feriado, etcétera); pero poco se indagó sobre la necesidad real del censo, el uso posterior de esa información y la aplicación de esa información para un fin específico. Por caso, ¿qué hará el gobierno para impedir que información tan sensible se filtre y sea usada con fines deshonestos o ilícitos? ¿Qué garantías existen en este sentido? La sensación es que se perdieron minutos preciosos discutiendo sobre la presunta espectacularidad de un operativo, que no es más que un gran encuesta donde unos preguntan y otros responden, o mostrando los aspectos más superficiales del hecho como la bolsita que llevarán los censistas (foto). Lo verdaderamente interesante es qué hará el gobierno con esa información y si, finalmente, los cordobeses tendremos accesos en el futuro al procesamiento más fino de esos datos, no a los datos vagos y generales que seguramente el poder buscará difundir.