Ricardo Fonseca.

Para entender el verdadero despilfarro que se hace de las finanzas públicas basta con repasar las cifras que arroja el presupuesto destinado a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.

También sirve para comprender adónde habrían ido, y podrían ir a parar los dineros vinculados a la exagerada y escandalosa deuda de la Provincia de Córdoba.

La ACIF siempre ha estado sospechada de constituir una verdadera incógnita, o no tanto, para los analistas de la economía.

Siempre se sospechó estar frente a una Caja de Pandora, o al Caballo de Troya Cordobés, desde donde podrían salir a la luz verdaderas incongruencias que engrosarían los negocios que el gobierno realizaba en materia de consultorías.

No pocos fueron los que advirtieron estar frente a una UTE de negocios que ponía al descubierto la estrategia que, con sutileza, habría manejado el socio político del gobernador José Manuel de la Sota en estos avatares, Horacio Miró.

Varios desembarcos de distintos apellidos que fueron rotando en distintas funciones de gobierno cubrieron las espaldas del gran tráfico que fueron las consultoras.

El presupuesto 2007 destina, nada más y nada menos, que una cifra cercana a los 40 millones de pesos en pago a los asesoramientos sobre distintas áreas sobre los que actúa la ingeniería desplegada por Miró, numen de este artilugio.

Sobre los distintos créditos otorgados por el BID y el Banco Mundial propongo que repasemos estas cifras, consignadas en el Presupuesto 2007.



No es nuevo. Estos montos abundan en distintos ejercicios económicos como parte de lo que se llamó la “Modernización del Estado”.

La escasa información en el manejo de la deuda y de los fondos provenientes de créditos otorgados por organismos internacionales, (BID, BIRF, Banco Mundial, etc), a los que el gobierno recurrió, entre otros motivos, para realizar obra pública y que son parte de las acreencias, inducen a la duda.

El manejo de estas cifras está plasmado en la ACIF (Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento) cuyo control está limitado al análisis de Balances anuales presentados junto a la Cuenta de Inversión. Es prudente destacar que esta agencia, como las demás, y según versiones recogidas en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de la minoría, “no está alcanzada por el control del Tribunal de Cuentas ya que la Ley Orgánica de este organismo no prevé el mismo ( a pesar que hay un proyecto de ley para modificar tal situación)”.

El crédito del programa “Modernización del Estado”, fue otorgado por el BID bajo el proyecto AEG/02/029, BID 1287/OC-AR cuyo monto del programa asciende a la suma de $ 212.971.132,- pesos, con fecha de inicio el 01/01/02 y finalización 30/10/06.

“El objetivo general del Programa consiste en la ampliación de la capacidad de gestión financiera y administrativa de la Provincia de Córdoba, a fin de consolidar las bases de un equilibrio fiscal sostenible en el mediano y largo plazo y poder brindar una respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad”, reza el sentido principal.

La distribución del programa consiste en: Administración Fiscal; Administración General del Estado; Control de Gestión Pública; Promoción Social y de la Ciudadanía; Desarrollo Ambiental Económico.

Dentro de las última licitaciones publicadas por la UCOPRO (Unidad Coordinadoras de Programas) se ven la del 02/06, Regionalización de los Sistemas de Gestión de los Residuos sólidos urbanos en el marco del programa “Córdoba Limpia” en Cruz del Eje; 17/05, bajo el mismo concepto, pero en la Región Calamuchita y 18/05, de Adquisición de un Sistema de Radar Meteorológico Doppler.

Si bien se han administrado cursos de capacitación, algunos sin concluir, dictados por consultoras tendientes a preparar personal para el cumplimiento de los objetivos y las metas de este programa, en el año 2005 el gran interrogante era si se habían cumplido las metas de 4 años de implementación.

Suponemos que no, porque, por ejemplo:

1) –Rentas tenía, a esa fecha, más de 30 mil expedientes acumulados aún sin resolver, y en el mismo organismo se admitía que al Ente le llevaría tres años más ponerse al día. Es decir después que finalizara la gestión de la Sota.

2) –Las estafas detectadas en el Registro General de la Propiedad de la Provincia, que constituye uno de los casos más graves registrados en Córdoba en materia de delitos económicos, lo que demuestra, entre otras cosas, la ausencia de mecanismos efectivos de control.

3) –En el Tribunal de Cuentas no se logró implementar un sistema informático para agilizar el trámite de los expedientes y aumentar las posibilidades de control, a pesar que hace años la empresa INDRA es la responsable de dicha implementación.

4) –El programa Córdoba Limpia, creado en 1999, cuyos propósitos eran construir una red de vertederos regionales controlados y estaciones de transferencia; asesorar de manera integral a los municipios con el fin de transferir los distintos tipos de tecnología; elaborar una norma que garantice la ejecución, operación y control de los residuos sólidos urbanos, etc.

En la práctica los organismos internacionales deben monitorear a través de controles, auditorías la marcha de los distintos programas. Habida cuenta de las deficiencias señaladas, en la práctica, ¿esto es así?

Por ejemplo, hay una denuncia en el Fuero Penal Económico por la transferencia de 16.500.000.- el 8/10/04, presentado por los legisladores Ricardo Fonseca, Mónica Gutiérrez, Eduardo Fernández, María Ramos y Zulema Hernández por desvío de Fondos de la cuenta 3189/1 y 3177/08, del crédito del programa 1287/0C-AR a Rentas Generales todavía no resuelto a pesar de que lleva dos años en la Justicia.

En 2005 la ACIF poseía un activo de 1.179.814.808,03 pero con una “curiosidad”. El rubro “Otros Activos” consignaba una cifra de $ 1.085.333.464,45.

Resulta extraño la imposición en un acápite que resume cierta “ambiguedad” patrimonial de tal cifra.

Más preocupante es observar su distribución:



La sorpresa nace de inmediato al observar que en FI, imputados a UCOPRO, que es la unidad de control de programas, sin más detalle, se consigna una cifra de $ 126.655.821,46 formado por $ 85.555.173,10 (Fuente BID) y $ 41.100.648,36 (Fuente Local) por el concepto de CONSULTORIA, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO.

Pasando vista a otros rubros, PCP, PDM II, CONV. GTO, PROMEBA, EL NIÑO, PAPS VI, se consignan gastos por Honorarios, Consultorías y en el PROAPS, por Comunicación Social.

La gravedad de estas imputaciones es que los montos del FI, (más el rubro Diversos que no han sido aclarados correctamente por casi 70 millones), han sido Activados.

Sólo, según algunos especialistas –no todos-, justifican este procedimiento con la optimización de servicios que profundicen la modernización del Estado, hecho que, por los puntos señalados oportunamente, no han resultado suficientes y eficientes.

En todo caso puede suponerse, en el terreno de las hipótesis o suspicacias, que ese gasto, con algún disfraz contable-administrativo puede ser utilizado con fines políticos.

La falta de respuesta en los proyectos llevados a cabo son de público conocimiento por las críticas y opiniones de caracterizados exponentes de la economía.

Presumen de ser, estos montos, una verdadera caja paralela para el financiamiento de la política.

Un episodio de similares características fue la concesión que en igual sentido, pero por indemnizaciones, el entonces titular de la CNC, Germán Kammerath, le otorgó a Franco Macri en el caso del Correo Argentino permitiéndole capitalizar las mismas por el pago del canon de explotación.

Por esa acción, Kammerath, está siendo juzgado y recibió un embargo de 100 millones de pesos.

Si esto es así estamos, además, ante un Patrimonio disfrazado.

De ser considerados los montos sin discriminación, lo que alimenta la duda y lo que debe explicar el Gobierno de la Provincia, la cifra en honorarios, consultorías, viáticos en los períodos 2005 y el presupuestado en 2007, faltando 2006, ascendería a la suma de 183.134.247,43 sin imputar el rubro “Diversos”, por desconocimiento de lo que se trata, de casi 70 millones de pesos.

Son cifras espeluznantes para el erario público y, al menos, debieran transparentarse para evitar que la duda confirme cifras, que, como la deuda, exceden la sorpresa.

Esta importante “inversión” en honorarios y consultorías, ¿se traduce en la modernización del Estado?.

A mi juicio, no.

En el transcurso de este año, el Legislador Eduardo Fernández, planteó con severidad los resultados de auditorías de seis balances por un monto de 158 millones en sólo 14 días realizadas por un solo profesional, en los que, además, se denunciaban diferencias en las rendiciones de las agencias y la administración central en relación a los aportes estatales.

El Ministro de Finanzas de la Provincia asegura que los controles a las agencias y a los entes autárquicos son estrictos, ya que los mismos son objeto del control del TCP.

Sucede que, con relación a los últimos balances, los tribunos de la oposición efectuaron recomendaciones sobre falta de conciliaciones bancarias, inventarios físicos, entre otros aspectos.

No obstante ello el gobierno solicitó la designación como síndico titular por el sector público en la ACIF al cuestionado profesional.

Quedan dos interrogantes con respuestas que suponen escaso rigor fundamental:

¿Están asegurados los mecanismos de control en las agencias y otros entes?.

¿No es tiempo que la sociedad conozca no sólo el monto de la deuda pública, sino cómo fue y será usado el dinero que genera tan abultada deuda?.

Esa es la cuestión.

Nota de Sosperiodista: El autor es legislador provincial por el Frente Nuevo

26/12/06