Sosperiodista.

El legislador provincial Jorge Alejandro Méndez dijo que la semana próxima cumplirá con la obligación constitucional de presentar la declaración jurada patrimonial y espera que hagan lo mismo todos los funcionarios que pasaron por el gobierno de Córdoba en todos estos años. Pero además de presentarlas, opina que deberían ser dadas a publicidad para desterrar sospechas de la población.

Digamos que la declaración patrimonial es el único instrumento que permite evaluar fehacientemente cómo ha evolucionado el patrimonio de los funcionarios desde que ingresan hasta que se retiran de la función pública. Es la única manera de saber si los representantes se han comportado éticamente en los manejos de los fondos públicos.

"Uno tiene la sensación -yo no lo puedo comprobar, sino de esta manera- de que hay algunos (funcionarios) cuyos patrimonios tienen que haber crecido considerablemente", apuntó el legislador, cuando le preguntamos si él también compartía el pensamiento del intendente capitalino Luis Juez de que el de José Manuel de la Sota, se va con la chapa de haber sido un "gobierno corrputo". Méndez está alineado hoy al Frente Cívico, y aunque no respondía orgánicamente a sus decisiones integró hasta ayer, última sesión del cuerpo, el bloque de Unión por Córdoba.

"Yo sigo viviendo en la misma casa y mi patrimonio prácticamente no ha cambiado. Si todos los funcionarios del gobierno provincial pueden tener una situación similar a la mía, quizás entonces las
apreciaciones de muchos podrían estar equivocadas", dijo.

La ley 8198 y sus modificatorias (8568 y 8681) forman el cuerpo normativo que regula la presentación de las declaraciones juradas referidas al estado patrimonial de funcionarios, magistrados y empleados de la Provincia "que manejen fondos del Estado, lo representen legalmente o ejerzan en los hechos poder de policía". Las declaraciones deben presentarse ante la Escribanía General de Gobierno dentro de los 30 días de la asunción o cese definitivo, además de ser actualizadas anualmente. Es decir que los funcionarios salientes tienen tiempo hasta el 10 de enero para presentarlas.

La norma sanciona el incumplimiento con la negativa a ser nuevamente "designados en relación de dependencia con el Estado Provincial" o "ser candidatos a ocupar cargos electivos". Pero jamás se escuchó que se haya aplicado sanción alguna, lo que nos parece bastante irreal porque estaríamos hablando de que todos, sin distinción, cumplen a rajatabla con los tiempos y términos legales.

La ley estipula que las declaraciones son "de carácter público", pero el poder político dispuso en su momento ponerle un escollo al ciudadano obligándolo a acreeditar un "interés legítimo", que termina dificultando la facilidad del acceso. Por eso el legislador por el departamento Río Cuarto es partidario, en este sentido, de que se den a publicidad.

"Comparto el precepto constitucional de que toda la información del Estado es pública, por lo tanto, los periodistas tendrían que trabajar muchísimo menos para conseguir cualquier dato que soliciten. Porque toda la documentación de la provincia es pública y los ciudadanos deberían tener libre acceso", afirmó crítico.

Existen proyectos presentados estableciendo la obligatoriedad de publicar las declaraciones en el website de Gobierno, pero la mayoría legistativa jamás permitió que prosperaran. "Si alguien quiere esconder algo, sus motivos tendrá", razonó Méndez, que se alejó del bloque de Unión por Córdoba por "la falta de participación y las prácticas de autoritarismo que no podía avalar".

Igualmente, piensa que De la Sota será recordado como "un buen gobernador", aunque como "un mal dirigente político". "El partido justicialista está destruido en capital y el interior", afirmó.

6/12/07