Ayer debió haberse sancionado en la Legislatura de Córdoba la nueva ley de declaraciones juradas de bienes enviada por el gobernador Juan Schiaretti para que la ciudadanía conozca sin trabas el patrimonio de quienes nos gobiernan.

Pero los legisladores postergaron su tratamiento para la sesión del miércoles 12 de marzo. “Es el plazo fatal”, advirtió Daniel Passerini, como titular del bloque de Unión por Córdoba. “Queremos una ley con el mayor consenso”, agregó.

El legislador de Cruz Alta tiene razón: no hay consenso, no sólo porque hay opiniones divididas a nivel interbloques sino intrabloques. Aunque las que más sobresalen, por su peso, son las del oficialismo.

Sergio Busso, titular de la Comisión de Legislación General, dijo que “todos coincidimos en que deben ser públicas”. Digamos que así ya lo había anunciado su jefe, el gobernador provincial en la apertura de sesiones. “Públicas y a disposición de cualquier ciudadano así la gente podrá conocer los bienes que tienen los funcionarios”.

Lo que se discute –añadió- es qué información difundir y cómo difundirla. “Debemos tener cuidado porque hay muchos casos en que información que se ha publicado por Internet es utilizada con fines ilícitos o poco claros”, dijo.

El ex titular de la Caja de Jubilaciones busca decirnos que no le gusta mucho la idea de que las declaraciones se cuelguen, por ejemplo, en la web de la Legislatura.

Es que el proyecto del Ejecutivo faculta a los tres poderes a resolver cómo publicarlas.

“Yo no voy a difundir el número de la tarjeta de crédito, de la cuenta corriente o de un depósito para darle información a un choro”, protestaba Hipólito Faustinelli, presidente de la bancada radical, frente a la consulta. “En esto no hay que ser demagogo -continuaba- ¿por qué tengo que dar también el valor de mercado?”.

La propuesta de Schiaretti de que se publique el valor de mercado de los inmuebles no convence. Esto incluiría a varios legisladores del oficialismo.

A José Emilio Graglia, por ejemplo. “¿A qué llamamos valor de mercado? Porque el valor fiscal sabemos que lo fija el Estado, ¿pero el de mercado quién lo fija?”. Un tasador, un corredor inmobiliario, le sugerimos al legislador. “Puede ser, pero nunca es un valor objetivo”, responde. “Es un asunto complejo”, agrega.

Similar pregunta se hizo Ana Dressino (UCR). “No hace falta el valor de mercado si la declaración contiene todos los datos catastrales del inmueble”.

Sin embargo, Omar Ruiz (ARI) dijo que “cuando uno quiere vender algo, el valor de mercado se fija enseguida”, sin tanto preámbulos como los esgrimidos.

Fantasía o realidad

Dressino comentó que “hay mucha fantasía en la gente y en la prensa” con respecto a las declaraciones patrimoniales. “Pero el que es corrupto, declara lo que no tiene para luego robar lo que declaró”, razonó la legisladora, y dijo que sería deseable que acompañara la declaración con un formulario de los bienes declarados a la Afip. Ella lo hace, dijo. “Sería la forma de acreditar de dónde sacamos la plata para comprar o justificar lo que declaramos”, explicó.

Graglia, pragmático, acabó con la fantasía: “Si alguien está dispuesto a hacer trampa, lo hace. Aunque es cierto que con el nuevo esquema se le hace más difícil porque habría más acceso para el control”, afirma.

El hombre más cercano al vicegobernador Héctor Pichi Campana, dijo que lo que más se presta a trampa es la declaración del dinero en efectivo: “Quién sabe si realmente tengo en depósito lo que declaré”, reflexionó. Este sería un aspecto que debería subsanarse, dijo.

¿Y los juecistas?

Tampoco hay pleno consenso allí, aunque el presidente del bloque Miguel Ortiz Pellegrini aclaró que están tranquilos porque todos vienen de la actividad privada, sugiriendo que los que vienen de gobernar o ejercieron responsabilidades de gobierno, estarían complicados.

“Los que no están tranquilos son ellos", dijo.

El ex fiscal general de Ramón Mestre reveló que su bloque propuso en la comisión que la obligación de hacer público el patrimonio se extienda también a los “funcionarios o empleados de la Provincia que cumplen funciones en las áreas de licitaciones y compras porque son los que manejan fondos públicos”.

Uno de los legisladores que siempre vota con el Frente Cívico y Social piensa lo mismo, pero no se anima a blanquear en público que le genera cierta antipatía que cualquier ciudadano pueda husmear en la composición de su patrimonio.

En rigor, incluso aquellos que no tienen nada que esconder, no pueden acostumbrarse a la idea de que sus declaraciones serán públicas, por más que hayan respondido al requerimiento de algún medio de comunicación cuando eran candidatos.

Si fuera por gusto, desearían que quedaran bien guardadas en un cajón de la Escribanía General de Gobierno como hasta ahora, bien lejos del soberano.

Por eso algunos hasta juegan con la idea de que el Boletín Oficial podría ser un “buen instrumento” de difusión. Obvio, por su cero masividad.

Dato. Ayer muchos estaban enojados con Liliana Olivero (Izquierda) porque “no dio la cara” (viajó a Río Gallegos) luego de haber denunciado el día anterior “un acuerdo” entre los bloques mayoritarios para “ocultar información” sobre los verdaderos bienes.

28/2/08

José A. Cmet

El profesional en ciencias económicas, es el indicado para confeccionar un estado patrimonial (sean de personas físicas o jurídicas). Exiten plenas normas de valuación para los bienes, derechos y obligaciones (como en no identificar cuentas bancarias, etc.). No es claro el argumento (y que es evasivo) en la cual existen temores por la publicidad de los estados patrimoniales. En la practica de los negocios, son cuantiosos los estados patrimoniales que se acompañan a las entidades bancarias, reparticiones públicas, comercios, mercado de valores, etc., etc. y en todos los lugares a la información, tienen acceso a terceros o similar(brindadas por empleados infieles y por muchas razones, que no viene a este comentario). No existe argumentos sólidos, en no conformar el "Estado de Situación Patrimonial" (reitero, con la participación y certificación de profesional en ciencias económicas y la intervención del respectivo consejo profesional en esta disciplina) de los señores legisladores, como de cualquier ciudadano. En el fondo, son argumentos no válidos y es "infantil" expresar que por la publicidad de los mismos, están expuestos a supuestos delincuentes. Termino: todos los habitantes de la Pcia de Cba, estamos sujetos a ser víctimas de hechos delictivos, con o sin estados patrimoniales publicados.