Luis Federico.

El periodismo de Córdoba cubrió generosamente las palabras que, asado mediante, manifestó el lunes el presidente de la llamada Cámara de Empresarios Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC) Martín Amengual.

Palabras que los medios radiales ampliaron y que motivan una respuesta pues considero que son ofensivas. Trataré de ser sintético y tomar sólo algunos ejemplos pues el accionar de estos “depredadores” urbanos permitiría escribir un libro.

El titular de la Ceduc dijo: “Se puso todo bajo sospecha pública, sin saber que para que haya un fraude en un edificio o urbanización tiene que violarse un Código de Edificación que es absolutamente preciso, con muy pequeñas cosas libradas al criterio o sentido común”. (El artículo completo aquí)

Respondo. En el caso de los monoblocks en “Cañada Honda” -condominios- del Grupo Edisur que dirige Horacio Parga, se habrían violado -en connivencia con el ex intendente Germán Kammerath- a través de un decreto, al menos tres ordenanzas que aún hoy están vigentes.

El actual intendente Luis Juez también terminó autorizando a pesar de que su Subsecretario de Planificación e Integración Urbana, el Arq. Rodolfo Rocco informó el 25 de febrero de 2004 lo siguiente: “…Es mi opinión que el decreto 971/03 que aprueba el emprendimiento objeto de las presentes actuaciones contiene irregularidades de orden legar y procedimental por ir en contra de la Ordenanza N° 8256 Arts. 39, 42 y 54, ordenanza 9386/95 modificada por le Ord. 10231, siendo oportuno destacar que tratándose de ordenanzas vigentes que hacen inviable el emprendimiento, ni pueden ser éstas modificadas por un decreto del Departamento Ejecutivo, debiendo en consecuencia haber mediado la intervención del Concejo Deliberante.”

Cabe aclarar que los vecinos del sector del emprendimiento no lograron ser recibidos por el actual intendente, consideración que si tuvo con estos “generosos” hacedores urbanos cuando expresó en una fiesta empresaria (el 21 de noviembre pasado) que “Hoy, podemos festejar, pero hace unos años, los vecinos se creían dueños de la ciudad y con derecho a paralizar cualquier obra…”. ¡Ay Juez! para quedar bien es capaz de decir cualquier barbaridad.

También se olvidan de un decreto similar en contenido, pero esta vez firmado por el propio Juez. Se trata el 2870/04 que (contradiciendo ordenanzas vigentes) “autorizaba” 84 departamentos en el Cerro de las Rosas, en el predio en el que se realizó la fiesta antes mencionada.

Sigo respondiendo. Con motivo de la parodia de Consulta Pública (diciembre de 2006) sobre la cuestión de 'monoblocks' en barrios residenciales, en un tramo de mi exposición expresé: “¿Porqué la Directora de Urbanismo bajo la presión de la empresa Regam -de Martín Amengual- me obligó a cambiar el trazado vial de un conjunto de viviendas para sectores carenciados que había sido aconsejado por los propios técnicos municipales y las normas vigentes, porque sus calles conectaban a ricos y pobres e iba a arruinar el negocio inmobiliario?”.

Quiero aclarar que el texto completo de la referida exposición, y si no hubiera mediado un reclamo, había sido borrado en la transcripción taquigráfica. ¿Sospecha pública? Hoy sigue más vigente y fundada que nunca.

El lunes, Amengual también reclamó seguridad jurídica a través de medios radiales.

Creo que lo expresado anteriormente lo descalifica. Este latiguillo es el mismo que usan las empresas e inversores extranjeros. Así nos va con nuestra seguridad jurídica.

En realidad la seguridad jurídica que reclaman es aquella que mejor responda a su rentabilidad. Recomendaría que lean algo sobre Responsabilidad Social Empresaria.

El empresario además agregó: “Queremos pedir al Intendente electo (Daniel Giacomino) que derogue la Tasa de Derecho de Edificación…”

Respondo: Al margen de ser una cifra irrisoria la que se paga, la pagan todos los vecinos que construyen, no sólo ellos; la misma tiene un fin elemental: la Constitución de la Provincia de Córdoba delega en los municipios en control de la construcción. Control que fundamentalmente tiene dos ejes: el cumplimiento de las normas municipales y la calidad de la construcción.

Para que esto sea posible, el municipio debe dotar estructuras técnicas a tal fin y con los recursos correspondientes. Para no gravar a quien no corresponda, el mecanismo más simple y eficaz es el tan remanido Derecho de Edificación. Al pedir su derogación, como ya lo hizo Kammerath (a pedido de estos señores) que sin medir consecuencias abolió hasta el que correspondía a las obras en infracción, lo que realmente están buscando es eliminar los controles. O sea, ¡viva la Pepa! ¿Esto también está dentro de la seguridad jurídica reclamada?

La Mañana de Córdoba publicó: “Asimismo, (los empresarios) sugirieron que Giacomino imite lo realizado en España para canalizar una verdadera expansión urbanística, sin precedentes en forma ordenada e inteligente”

Respondo: Alcaldes (nuestros intendentes), concejales, profesionales, empresarios y hasta artistas han empezado a poblar las cárceles de España con lo que los medios más importantes (El País, El Mundo, La Vanguardia, etc.) han dado en llamar “Corrupción Urbanística”; amén de las demoliciones de emprendimientos enteros como consecuencia de esa “expansión urbanística…ordenada e inteligente”.

El de España no es el ejemplo más apropiado.

Podríamos seguir, pero prometí ser sintético y hasta acá llego.

6/11/07

Marcelo

Las declaraciones del intendente saliente en la presentacion de las casonas del cerro fueron vergonzosas. la ciudad es un desastre, ya apso con nva cordoba, y ahora General paz, sitios en lso que ya es dificil reconocerse. El desprecio por el patrimonio que demuestran las autoridades (tambien pciales) es muy triste. Sobre los empresarios, no creo que en esta sociedad cortoplacista se les pueda pedir RSE. Saludos