Por Guillermo Posada.

Con su mayoría legislativa y el apoyo de la UCR, el Gobierno provincial logró el 30 de mayo la aprobación de la ley de trata, con el objetivo de borrar del mapa provincial los prostíbulos de Córdoba. Momentos previos a la votación, en la presidencia de la Cámara, Carlos Alessandri se hacía gestos con la legisladora Nadia Fernández, ex juecista, hoy delasotista, siempre encarnizada con los temas relacionados con la vida sexual de las personas, tal como lo recomienda su tierno origen en el Portal de Belén. Fernández, sentada bien cerca del jefe del bloque de Unión por Córdoba, Sergio Busso, fue la voz cantante del oficialismo y administró las réplicas a las críticas opositoras en el recinto.

Curiosamente, no se recuerda otro debate sobre la prostitución en Córdoba donde el Arzobispado no haya emitido una sola palabra al respecto, pero tampoco es casual; el gobierno de José Manuel De la Sota ha tomado como propia la vieja inquina clerical contra las casas de tolerancia, y le dio vía libre al ex jefe de Policía y actual ministro de Seguridad, Alejo Paredes, para que actúe con el Código de Faltas bajo el brazo.

“Van a reconfigurar el mercado y a reforzar su carácter clandestino”, dice Marcelo Saín por teléfono desde La Plata, donde ejerce como diputado provincial. Saín sabe de trata de personas, de narcotráfico y de policía; es uno de los especialista más respetados del país y viene pegándole fuerte a la política de seguridad de De la Sota y Paredes.

Su reacción fue automática, una vez enterado de la ley que pretende acentuar el combate a la trata de personas en la provincia vía Código de Faltas. Creador de la Policía Aeroportuaria, autor de “El Leviatán azul”, entre otros títulos referidos a cuestiones de seguridad, Saín explica que en la ciudad de Buenos Aires la policía reconoce la existencia de 10 mil departamentos clandestinos donde se ejerce la prostitución, fuera del circuito de whiskerías, bares y demás denominaciones. “Este carácter clandestino de la prostitución acentúa las posibilidades de que intervengan las redes de trata de personas, en vez de combatirla”, señala este profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

Aunque muchos esperan la reglamentación correspondiente para aclarar ambiguedades, la nueva ley pone bajo la decisión exclusiva del comisario de turno la responsabilidad de combatir la trata, ya que el Código de Faltas le permite ser promotor, juez y ejecutor de las medidas legales. Así ha funcionado hasta el momento, con este Gobierno y esta cúpula policial. “En concreto, la ley suma el artículo 45 bis al Código de Faltas, lo demás es declarativo. Como ya existe un entramado legal para combatir la trata, decimos que la norma afecta mucho más a las trabajadoras sexuales que a la persecución de la trata. Si no se hacía antes era, en todo caso, por inoperancia”, señala Sergio Job, abogado de la delegación cordobesa de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).

“Ya hay una ley muy vieja que prohíbe los prostíbulos y, en todos estos años, ninguno de estos funcionarios, que ahora se rasgan las vestiduras, tuvieron alguna iniciativa para que penalmente se aplicara la ley nacional. Es loable la iniciativa, pero esconde el fracaso de las políticas. Acá hubo complicidad del poder político, de las fuerzas de seguridad”, agregó el presidente del bloque del Frente Cívico, Roberto Birri.

El Sur intentó entrevistar a Sergio Busso,  pero el legislador provincial no quiso dar su opinión, en consonancia con la política discriminatoria hacia esta revista implementada por “los lopecitos” desde la estructura de prensa de la Gobernación. Busso fue secretario de Seguridad de De la Sota en su segundo mandato, pero tuvo que renunciar al cargo por su ineficiencia para resolver el caso Dalmasso, todavía impune.

El garito  oficial
La ley tiene alarmados a distintos estamentos judiciales que advierten las numerosas causas penales que sindican a efectivos policiales por estar relacionados al funcionamiento de prostíbulos y la promoción de la explotación sexual en términos de la ley nacional de profilaxis 12.331.
El secuestro de carpetas ‘informales’ en distintas whiskerías de la provincia, donde aparecen policías controlando la presencia de prostitutas, motivó la intervención de la Procuración General de la Nación. Una de las causas se encuentra en manos de la fiscal Eve Flores, especializada en la investigación de delitos de explotación sexual relacionados con la trata de personas.

Pero las alarmas suenan también por las denuncias sobre la relación que tendrían importantes funcionarios del Ejecutivo provincial con whiskerías, incluso, según constató esta revista, insertos en causas penales como la que se tramita en el juzgado federal de Bell Ville. Allí el nombre del ministro de Desarrollo de De la Sota, Daniel Passerini, aparece complicado en una investigación penal.

La legisladora del Frente Cívico, Liliana Montero, lo adelantó en el debate del recinto legislativo, ante un helado silencio general, y lo profundizó en una entrevista exclusiva concedida a El Sur un día después de la aprobación de la norma (ver “La trata tiene vinculaciones policiales y políticas”). 

No se trata sólo de lo que diga la representante juecista, rechazado de plano por los asesores de prensa de Passerini cuando este medio intentó obtener una réplica de parte del ministro. Un testigo de identidad protegida en dicha causa relató la supuesta connivencia de Passerini y su hermano Diego, ex intendente de Cruz Alta, con el burdel “El Quincho”. Los dichos -que comprometerían seriamente a los hermanos Passerini- quedaron asentados en una causa paralela que investiga la fiscalía federal de Bell Ville, según confirmó esta revista en fuentes tribunalicias (ver “Los hermanos Passerini”)

Este cóctel que mezcla prostitución, policías y políticos que gobiernan la provincia desde 1999 pone un manto de duda sobre la verdadera intención de la ley aprobada. “Han logrado disimular el estado de las finanzas públicas por 15 días, que es cercano al quebranto”, dijo Birri mientras De la Sota pedía desesperadamente en Washington que las entidades crediticias internacionales aflojaran fondos indispensables para que su administración sobreviva durante el 2012, dada la ruptura de relaciones políticas con el gobierno nacional.

(Puede leer la nota completa en la edición impresa de revista El Sur de junio, de venta en kioscos de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y zona de influencia)

Anita R.

Buena nota de Guillermo!. Felicitaciones!. Pero se confirma, el pacto delasotista y radicales mestristas y que pronto veremos los cordobeses, con cánticos y cuartetazos, su culminación en la edificación en manos de privados, de grandes construcciones en lo que era el Batallón de Comunicaciones 141 (Parque Sarmiento) y que fuera postergado por Giacomino y Juez o impedido. ¡¡Fuerza, alianzas de las vergüenzas, total el pueblo mira para otro lado!.

Mariela

A Montero la puso Ortiz Pellegrini en la Legislatura, eso explica el ataque a Passerini. Y esta revista da por ciertas esa acusación de una legisladora radical-juecista mandada por el abogado más inescrupuloso de Córdoba. Toda esa parte de la historia es lo que no cuenta esta revista.

Luis

Mariela, mas alla de quien haya puesto a quien, me parece que lo que esta bastante mal (por decirlo de algun modo), es que Passerini y su hermano esten sospechado de estar involucrados en una causa de un prostibulo...