Sosperiodista.

El 4 de julio del 2001, Hugo Sebastián Pereyra y Juana Rosa Aguirre, recibieron en calidad de préstamo un inmueble para vivir en familia.

Se trata de un predio de nueve mil metros cuadrados, en un avanzado estado de abandono, donde funcionara antiguamente ex Talleres Csaky. El inmueble ocupa la manzana que constituyen las calles Obispo Maldonado, Diego de Torres, Ignacio Gorriti y Domingo Matheu, de barrio San Vicente.

En mayo de este año, Pereyra recibió la ingrata noticia de que la propiedad había sido comprada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia supuestamente para destinarla al plan de viviendas Hogar Clase Media.

Los dueños del inmueble le hicieron firmar a Pereyra un Convenio de Desocupación donde se compromete a restituir el inmueble en 60 días. Al mismo tiempo le hicieron firmar una carta, del mismo tenor, pero dirigida al Ministerio de Obras, donde deja asentada su calidad de tenedor precario.

Ese plazo venció el 28 de julio pasado, por junto a su concubina y seis hijos no pueden dormir pensando en el día en que le pidan que se vayan. Desesperado, Pereyra acudió primero al Ministerio de la Solidaridad para solicitar una ayuda. Le ofrecieron el pago de dos meses de alquiler siempre que presentara una orden de desalojo firmada por un juez, que no tienen.

Posteriormente se dirigió al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Aquí Pereyra logró hablar con el coordinador, Carlos Tasile, quien le habría dicho: "No te te hagas problema, te vamos a ayudar, pero no hace falta que vengas (al ministerio) nosotros nos vamos a comunicar con vos". No lo hizo. Pereyra cuenta que intentó contactarse nuevamente con Tasile pero cada vez que iba a buscarlo la secretaria le decía "está de viaje".

Sin solución a la vista, decidió entonces llamar a los medios para decir que tanto su esposa como él están dispuestos a alquilar el vientre o vender un riñón, respectivamente, para conseguir una casa.



"La verdad yo estoy agradecida de vivir aca porque en su momento no teníamos adónde ir, pero ahora la situación nos ha superado. Yo no quiero que me regalen nada. ¿Pero qué me queda? Yo no quiero irme a vivir a una villa o debajo de un puente. Pero si no nos ayudan, de última, alquilaré el vientre. Después de todo, tan feo no me salen los chicos", dice Juana, entre lágrimas, mientras sostiene a una de las gemelas de ocho meses.

Las hermanitas, Abigail y Daniela, sobresalen por su belleza. El resto de la familia se compone de Matías, de 17 años; Luciano (11), Lautaro (7) y Abel (6). Todos van a la escuela. "No sé qué hacer", repite Juana. Su marido la calma: "Antes de alquilar el vientre, lo que me queda es vender un riñón. Yo abajo de un puente no los llevo", jura Pereyra.



La porción del inmueble que ocupa la familia se limita a la parte edificada donde funcionaban los vestuarios y comedor del personal de la metalúrgica que, según Pereyra, "cerró" a principios de los ochenta. El resto del predio está cubierto de yuyales, escombros, hierros y cortinas metálicas deterioradas y madrigueras donde se albergan ratas de gran tamaño. En ese contexto, cuelga a lo lejos un tendedero con ropa. "Los yuyos al principio los cortábamos, ahora ya estamos cansados", dicen.

No es para menos, son nueve mil metros cuadrados. "Abajo los chicos no van, no los dejo porque hay muchos bichos y es peligroso", dice Juana. La inseguridad es otro problema: "Aquí, cada tanto, se te mete alguien". Un perro hace de guardián de la familia.

Sorpresas

Cuando le preguntamos a Pereyra por los propietarios del inmueble, nos cuenta que pertenece al estudio jurídico de "Bossi, Vezzaro y Gramática". (Más adelante, Vezzaro y Gramática desmienten tener alguna vinculación con el referido inmueble)



Pereyra muestra el original de un primer Contrato de Locación, donde como locador aparece el nombre y la supuesta firma de Eugenio Darío Vezzaro, Fiscal General de la Provincia desde febrero de este año. En el contrato, firmado el 4 de julio del 2001, el locador fija domicilio en Laprida 518 y figura con documento nacional de identidad Nº 18.158.009.

El contrato obligaba a Pereyra a la "custodia" del inmueble, como forma de pago mientras ocupara el mismo. En rigor, el contrato de locación fue una formalidad a los fines de evitar una demanda laboral. "Es que antes hubo una familia que hizo problemas", contó Pereyra.

Sin embargo, el 28 de mayo de este año, el que firma el Convenio de Desocupación del predio en representación de la parte propietaria, ya no es Vezzaro que acababa de ser designado fiscal general, sino su socio Marcelo A. Bossi, que también fija domicilio en Laprida 518. Pereyra muestra el papel donde aparece el nombre de Bossi, supuestamente con su firma.

Pereyra dice que fue Bossi quien, al momento de firmar ese convenio, le transmite que la propiedad había sido vendida. Pero no es el socio de Vezzaro el que le dice que habría sido vendida a Obras Públicas, sino que se entera viendo los planos de viviendas del Plan Hogar Clase Media en una de sus visitas al ministerio. "Están en el subsuelo. Ahí pude ver que en esta manzana se construirán 148 viviendas", precisó.



Si efectivamente parte del predio vendido al Estado pertenece a Vezzaro, el fiscal general estaría cometiendo una falta ética ya que el ejercicio de la administración de justicia es incompatible con "la dedicación comercial", según lo estipula el Código de Ética para funcionarios y magistrados.

Sosperiodista intentó sin éxito comunicarse con Vezzaro.

Pero a Pereyra y su familia, esto mucho no le importa. Sólo piden un lugar para vivir con sus seis hijos.

- ¿Qué sabés hacer Hugo?
- Y bueno, hago electricidad, mantenimiento industrial, demoliciones, herrería, carpintería, y me la rebusco como puedo.

Actualizado: El Fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, desmintió haber firmado un contrato de locación con la familia aunque ratificó que su socio en el estudio jurídico que tiene en calle Laprida 518, Marcelo Augusto Bossi, es el dueño del inmueble.

Recordó que el predio fue comprado en un remate judicial entre los años 1996 y 1997. "Tengo entendido que son muchos los dueños", dijo el fiscal, al tiempo que negó alguna participación.

Vale recordar que entre las incompatibilidades que alcanzan a los responsables de administrar justicia, figura el hecho de que no pueden exhibir una "dedicación comercial".

"¿Esa gente dice que tiene un contrato de locación firmado por mí?", preguntó Vezzaro ante la consulta. "No, yo nunca firmé un contrato de alquiler", completó.

"Yo creo que Bossi tiene algo que ver con Talleres Csaky. Si no es el dueño pasa raspando", arriesgó. Aunque, ya más seguro, comentó: "Son muchos los dueños. Sé que en el año, ponéle 96 o 97, Bossi haya comprado eso en un remate. No sé si fue él quien lo compró y luego lo vendió, no lo sé. Sé que tenía algo que ver, pero yo nunca participé en eso", aseveró.

Por su parte, Gabriel Gramática, que comparte el estudio de abogados con Vezzaro y Bossi se comunicó vía mail con este medio para señalar que la información brindada por Pereyra "es errónea" porque no tiene relación de ningún tipo con el inmueble.

"Ni lo conozco ni he escuchado hablar de él", advirtió el abogado, y aclaró que tampoco es parte propietaria del estudio que comparte en Laprida 518: "No soy ni he sido nunca propietario, sino tan sólo en el que desempeño mi profesión de abogado independiente".

Actulizado 15.30 horas. Hugo Pereyra se comunicó con Sosperiodista para informar que personal del ministerio de la Solidaridad visitó el lugar y se comprometió a una pronta solución para la familia.

(fotos de Sosperiodista; en la foto principal, falta el hijo mayor que estaba en la escuela)

13/9/07