Vilma Chiappello y Patricia González (*)

La expresión más cabal de la crisis de representación fue en el año 2001 dejando al descubierto el descontento de la sociedad por la clase dirigente y el reclamo de una reforma política. En Córdoba, este reclamo popular fue utilizado para impulsar la reforma de la Constitución Provincial, poniendo hincapié en el tamaño del Estado más que en su calidad institucional o su capacidad de gestión.

La propuesta de reforma, alentada por el gobierno de José Manuel de la Sota, se enfocaba básicamente en el achicamiento del Estado en perjuicio y disminución de la representación del pueblo. Sin tener en cuenta que todo proyecto de reforma política debe atender a las causas que le dieron lugar y a las demandas que allí se vieron expresadas.

El costo de la actividad política es cuestionable, especialmente si los ciudadanos no reciben las respuestas a sus demandas, pero no se puede pensar en la reforma política teniendo presentes únicamente criterios economisistas o tecnisistas que pretenden achicar la política, lo que implica el achicamiento sustancial de los espacios de participación ciudadana, sin discutir la calidad de la representación política que queremos y necesitamos. Hay tecnócratas que quieren achicar la política y van a querer que las decisiones pasen por pequeños grupos o élites políticas, estas medidas generan un importante costo a la democracia en lo referente a la representación política, la división de poderes e independencia de los mismos

Uno de los fundamentos del gobierno provincial para llevar a cabo la reforma, utilizado como bandera por los reformistas para alcanzar el apoyo popular, fue buscar una mayor austeridad, mayor representatividad, mayor poder de control, mayor eficiencia y mayor laboriosidad. La reforma no logró los impactos de fondo. El costo de la bicameral no superaba el 2% del presupuesto provincial.

Disminuir el presupuesto del Poder Legislativo fue un símbolo, un gesto de un gobierno que pretendía ser austero en materia económica; pero el impacto político de esta medida economicista fue grande y significativo para la independencia de poderes ya que limitó mucho su accionar, a pesar del esfuerzo de algunos, en especial de los representantes del interior de la provincia que deben costear su hospedaje, oficina, entre otros gastos, hecho que los pone en una condición de desigualdad con respecto a los representantes de Córdoba Capital e imposibilita la adecuada respuesta a las demandas que genera la sociedad a la cual representan.

La conformación actual de la Legislatura, de acuerdo al resultado de las elecciones del 2 de septiembre, conserva la mayoría el oficialismo de Unión por Córdoba, coalición que dirige la Legislatura desde 1999 y lo seguirá haciendo a pesar de haber ganado (según la Justicia Electoral) con el 1,1% de los votos sobre el total de 70% de electores que concurrieron a las urnas, estamos convencidos que esta mayoría del oficialismo en la Unicameral no se condice con la voluntad expresada por los cordobeses con el voto popular.

La necesidad de revalorizar al Parlamento como órgano fundamental del sistema democrático; en la actualidad el órgano deliberativo parece ser funcional al poder ejecutivo de turno donde la mayoría de las leyes que se aprueban tienen su origen en el Poder Ejecutivo Provincial y se observa una importante disminución los pedidos de informes, por ejemplo en el año 2002 de 467 pedidos de informes fueron aprobados 86 y en año 2007 de 159 pedidos de informes fueron aprobados 3, estos datos nos demuestran que esta herramienta de control del Poder Legislativo no es eficiente y no cumple la función que estipula el artículo Nº 102 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Otro punto a tener en cuenta es que en la actualidad, las leyes aprobadas en la Unicameral en su gran parte son iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo, lo que nos deja serias dudas sobre cuál es la función real que hoy tiene el Poder Legislativo, si son levanta manos del Ejecutivo o un poder independiente que legisla y sanciona leyes para el bien de toda la comunidad. Además se desalienta la presentación de proyectos de los partidos políticos minoritarios debido a las pocas chances de ver transformados sus proyectos en leyes. En el año 2001 de 72 leyes aprobadas 47 provenían del Poder Legislativo y 25 del Poder Ejecutivo, mientras que en el 2005, por ejemplo, de 65 leyes aprobadas 16 provienen del Poder Legislativo y 49 del Poder Ejecutivo.

De lo expuesto observamos que no se tiene en cuenta la importancia política del cuerpo deliberativo en la definición de las leyes, en la necesidad de debatir políticas trascendentales para los destinos de la provincia. Parece que prevalece el principio de Gobernabilidad en desmedro del control de gestión, de la participación de las minorías en la discusión y de tener representados la mayor cantidad de expresiones políticas en el parlamento, institución fundamental de cualquier régimen democrático.

La eliminación de una de las cámaras significa, además de disminuir la discusión y debate de los proyectos de ley presentados, una menor representación de los departamentos que componen la provincia, ya que no se tiene en cuenta la cantidad de habitantes, por lo que los departamentos grandes y chicos tienen la misma cantidad de representantes. Hoy, la Legislatura, esta compuesta por un Legislador Departamental y los restantes de acuerdo al criterio de formación de listas de cada partido político. La menor representación de los Departamentos, localidades y ciudades implica menor cantidad de representantes que van a estar en contacto y en conocimiento de los problemas de los distintos lugares y regiones que componen la provincia para gestionar recursos, obras y facilitar la conexión entre los diversos sectores del gobierno con los problemas y necesidades de los ciudadanos.

Hoy a 6 años de la reforma de la Unicameral la sociedad sigue alejada de las acciones de los legisladores, no se lleva a la práctica el sistema de preferencias, ni las internas partidarias, todos iniciativas aprobadas con la propuesta de reforma política, en el año 2001. Los hechos nos demostraron que los dirigentes aplicaron las reformas que más beneficiaban a sus intereses personales. Esta desvalorización del Poder Legislativo nos lleva a que prevalezcan Ejecutivos personalista, autoritarios y con poco respeto a las normas y a las instituciones, ejerciendo su poder sin controles; sin la existencia de los pesos y contrapesos que requiere todo sistema democrático.

No discutiremos si 150 legisladores son mejores que 70, pero si nos planteamos la pregunta si estos 70 legisladores representan los intereses de la sociedad que los elige, si son suficientes para garantizar su correcto funcionamiento, si expresan la voluntad del pueblo que se pronuncia a través de las urnas; si respaldan la legitimidad, la equidad, la responsabilidad pública; el debido proceso de formación de las leyes, la representatividad, la transparencia de los procesos, la protección de los derechos civiles y honradez en la gestión pública y nos parece a la luz de la expuesto que hoy la Legislatura de Córdoba nos deja mas dudas que certezas con respecto a su funcionamiento.

Estamos convencidos que una de las grandes carencias de las democracias no sólo en Córdoba, sino en toda América Latina, está ligada a la desvalorización de los Parlamentos, la creencia de que el órgano indispensable y fundamental es el Poder Ejecutivo. Las instituciones han sufrido el impacto de las crisis, en la medida que son portadoras de un capital social y humano fuertemente cuestionado, hoy debemos justificar el esfuerzo de reconocer su importancia para preservarlo, no como un costo inevitable sino como un bien público fundamental; promoviendo su reparación, renovación y refundación. No impulsado por criterios economisistas sino de eficacia y eficiencia que refuercen las instituciones y el sistema democrático. La revalorización de la Legislatura es un objetivo pendiente de nuestra sociedad si pretendemos crecer democráticamente.

“Democratizar la democracia” (Kliksberg) donde no se aspire a una democracia sólo electoral, sino que se pretenda una democracia activa con transparencia absoluta de la gestión pública, control social, mecanismos que garanticen plenamente los derechos de los ciudadanos frente al aparato del Estado. Actualmente sabemos que es válido y necesario arreglar las estructuras formales, pero el problema de fondo es mucho mas complicado y debe ser resuelto con grandeza alejado de las mezquindades y escuchando al soberano pueblo.

(*) Las autoras de este artículo son licenciadas en Ciencias Políticas.