Sosperiodista.

Si de algo sirvieron las visitas de los funcionarios del Estado provincial y de los directivos de Aguas Cordobesas a la Legislatura para explicar los cambios introducidos al contrato de renegociación del servicio que está en tratamiento parlamentario, fue para ratificar que el impacto económico de las nuevas tarifas lo asumirá la Provincia, o dicho en forma más apropiada, los cordobeses a través del erario público.

Así lo admitieron, en primer lugar, los funcionarios del Ministerio de Obras y Servicios Públicos cuando el viernes pasado pisaron el edificio legislativo. "El sacrificio fiscal lo asume el Estado", dijo un funcionario técnico que responde al ministro Hugo Testa.

Ayer, la admisión la hizo la propia beneficiada, Aguas Cordobesas, a través de su gerente general Gabriel Ríos, quien dejó en claro en cada una de las sucesivas preguntas formuladas por los legisladores, que sin los millonarios subsidios concedidos por el Estado y la condonación del pago del canon otorgada, un acuerdo de este tipo jamás hubiera sido posible.

Esto quedó expuesto cuando le preguntaron porqué en Córdoba pudo ser posible un acuerdo cuando en Buenos Aires y en Santa Fe las negociaciones por un nuevo contrato fracasaron. "Porque hubo un Estado con mayor predisposición a negociar", se sinceró Ríos.

Recordemos que los socios mayoritarios de Aguas Cordobesas, Suez y Aguas de Barcelona, debieron retirarse de esas provincias luego de que el Estado les rescindiera el contrato por serios incumplimientos en materia de obras. En cambio, en Córdoba, si bien Aguas Cordobesas incumplió también algunos aspectos del contrato original de 1997 que establecía la colocación de 150 mil medidores en cinco años (terminó colocando 50 mil y siendo multada por el Ersep, en los tiempos que lo presidía Carmen Rodríguez), el gobierno de José Manuel de la Sota no encontró "causales" para la rescisión del contrato. La excusa fue que esas causales "ya se habían extinguido".

Hoy, lo que se trata en la Legislatura es entonces la minuta de entendimiento acordada entre el gobierno y Aguas que establece la transferencia del 56% de la mayoría del paquete accionario al Grupo Roggio –que se convertiría en el único operador del servicio- y la autorización para un aumento tarifario promedio del 15% para los hogares de clase media, del 18% para barrios cerrados y countries, y una tarifa social de 7 pesos para los sectores más humildes. Para el 2008, el aumento arrancaría del 12% y se ajustaría por inflación.

Ese "predisposición" de la que habla Ríos será costosa para los cordobeses. Porque según cálculos que se desprenden del monto del contrato, se le otorga un subsidio a la empresa de 22,2 millones de pesos para este año y el próximo y se le condonan en concepto de pago de canon 27,4 millones de pesos, por igual período. Sin embargo, la empresa tiene comprometida una inversión sólo para mantenimiento y reparación (no expansión de servicio) de 19,2 millones de pesos. En consecuencia, el sacrificio (¿masoquismo?) del Estado supera en 30,4 millones lo que la empresa prevé invertir. La oposición se pregunta porqué tanto beneficio a un holding del peso de Roggio, al que el Banco de Córdoba le otorgó también un crédito por 5 millones de pesos, con una garantía real hipotecaria que duplica el valor del préstamo, según precisó ayer Ríos.

El canon no es un subsidio pero su condonación opera como si lo fuera. En la empresa prefieren hablar de "herramienta que le quita onerosidad al impacto tarifario", es el eufemismo utilizado.

Sin embargo, Ríos (si fuera Passarella le dirían que "llora") afirma que "la rentabilidad no está garantizada". Lo que no puede negar es que estos millonarios subsidios otorgados por el gobierno son un buen aliciente, un buen arranque para lograrla. "Todo depende de la eficiencia del servicio", dijo.

"¿Pero cuál es el riesgo empresario?", lo indagó el juecista Ricardo Fonseca, a lo que Ríos contestó diciendo que desde la adjudicación la empresa lleva 130 millones de dólares invertidos.

Pero los legisladores opositores José Maiocco y Heriberto Martínez querían saber cuánto va a ganar la empresa. "¿En términos de qué?", les replicaba Ríos buscando (y a veces logrando) desorientarlos. "De inversión, de patrimonio, de ventas, de tasas de retorno..." "Mmmm....", vacilaban los legisladores. "Bueno, respecto al capital invertido la rentabilidad va a estar en orden de los contratos de servicios públicos en el mundo, de entre 8 y 9 por ciento", reveló el gerente. Los legisladores tenían cara de no querer porcentajes sino cifras, cifras estimativas pero concretas.

Ríos precisó que la empresa perdió 50 millones de pesos entre el 2002 y 2005 y que la utilidad en el 2005 fue de 14 millones, y que treparía a 18 millones a fin de este año. El gerente precisó también que la tarifa actual es de 18 pesos promedio, más IVA. "Son monedas", diría después en tren de diálogo con los periodistas aludiendo a que es una tarifa accesible dada la calidad del servicio.

Pero lo que es una "caja de pandora" es lo que va a pasar con la tarifa en el 2008. Recordemos que los aumentos del 15% y 18% de este y todo el año próximo, no se tocan. A cambio, se incrementa un 12% la tarifa a partir del 1 de enero del 2008, a cuenta de la diferencia de inflación del 2006 y del 2007, estimada en un piso del 6% cada año. Si la inflación o los costos operativos de la concesionaria superaran ese margen la mesa de evaluación que debe autorizar los aumentos (integrada por la empresa y tres representantes del Ejecutivo) debe analizarlos y justificar si corresponden o no. Si correspondieran, la concesionaria deberá aplicarlos en dos cuotas semestrales.

Pero a la diferencia inflacionaria de estos dos primeros años hay que sumarle las variaciones de precios semestrales, que si llegaran a superar el 8% de costos propios que la empresa acordó como piso con el gobierno, las tarifas se incrementarán. También sufrirían otro impacto en caso de que el gobierno próximo restablezca el pago del canon por derecho de uso, cuyo no-pago vence en el 2008. Si lo hace, se traslada a la tarifa. Según Ríos, el impacto sería del 14%, alrededor de 3 pesos por factura. Pero sería demasiado: nadie sería tan ingenuo de querer pagar semejante costo político.

Aunque el próximo gobierno pretenda mantener el status quo actual, tendrá que afrontar pedidos de incrementos tarifario de la empresa, con seguridad. Ante esto, no hay mucha alternativa: o el gobierno accede al pedido de ajuste tarifario o tendrá que echar mano a otra herramienta (como subsidios) para morigerar el impacto tarifario, dijo Ríos. 

Es decir que menudo dilema le deja De la Sota a su sucesor, sea de su mismo partido o no.

De alguna forma, los legisladores oficialistas Dante Heredia y Francisco Fortuna (en sus escasas intervenciones), como abriendo el paraguas frente a un eventual triunfo de Luis Juez en la Provincia -que quiere invalidar el contrato por inconstitucional-, animaron sutilmente a que Ríos dejara bien en claro que "el único facultado para fijar la política tarifaria es el concedente, el Estado provincial". 

En consecuencia, De la Sota se aseguró que el grifo de posibles aumentos esté cerrado durante dos años –inclusive el del 2007 que será un año electoral- que le quedan de gobierno, y que vuelva a abrirse, cuando él esté de diplomático por el mundo o descansando en Río Cuarto con su actual pareja, la ministro Adriana Nazario, según las versiones sobre su futuro.

Política y empresa, siempre han sido buenos compinches.

..............................................

¿Está asegurada la calidad y cantidad?

La cantidad, la empresa dijo que sí.

Ríos desechó una eventual escasez del vital flujo cuando afirmó que el pico de mayor demanda llega a los 7 metros cúbicos por segundo mientras que la actual capacidad de producción supera los 10 metros. Así que no habría problemas en ese sentido.

Respecto a la calidad, señaló que "estamos definiendo qué empresa del grupo (Suez o Aguas de Barcelona) prestará la asistencia técnica para el servicio". Dijo que el modelo de asistencia técnica deben presentarlo en el 2007, como parte del plan de inversiones.

La legisladora Liliana Olivero, ya al término de la reunión, arrojó dudas sobre la calidad al revelar que el folio 74 del Anexo sobre Calidad del Agua, del contrato de renegociación, autoriza a la empresa a que cuando resulte imposible suministrar agua con un contenido inferior de nitratos más nitritos, se solicitará permiso a la Autoridad Sanitaria Provincial para hacerlo, advirtiéndole a la población que los lactantes se abstengan de ingerirla.

Olivero prometió presentar un informe completo de esta situación en el debate parlamentario.

El jueves será el turno de la audiencia pública. Juan Schiaretti, el vicegobernador, ya reservó 10 minutos para hablar del contrato. No se sabe si Juez cumplirá con su insinuación de ir.

...........................................................

Suez y el Ciadi

Ríos y los suyos (otros directivos que estuvieron más como expectadores) atravesaron sin tropiezos las consultas de los legisladores.

El momento de mayor rispidez fue cuando la kirchnerista Mónica Gutiérrez insistía con las "condiciones" que empujaron al retiro del Grupo Suez de la concesionaria. Ríos admitió que fueron estrictamente "comerciales", como consecuencia de una estrategia del grupo en el mundo de retirarse de los países emergentes. Pero tras esto se excusó diciendo que son cuestiones privativas del grupo.

No obstante Gutiérrez logró que Ríos confesara que la permanencia de Suez en Aguas Cordobesas se estirará por tres años más, aunque la mayoría de sus acciones pasarán al Grupo Roggio apenas se apruebe este convenio. Conservará un 10% pero ya sin injerencia en la operatoria del negocio.

Respecto al retiro de la demanda ante el Ciadi por más de 100 millones de dólares que el gobierno sujetó a la aprobación de este contrato, Ríos dijo que el pedido de retiro ante el tribunal arbitral ya fue realizado y que a raíz de eso, el juicio está hoy suspendido. Y aclaró que es un juicio independiente al que Suez y Aguas de Barcelona tienen contra el Estado argentino y Santa Fe.

(foto de Sosperiodista; en la misma, Ríos le responde una consulta al legislador juecista Ricardo Fonseca)

14/10/06

José Alberto Cmet

Del minucioso relato precedente, lamentablemente se desprende que los legisladores no muestran una correcta preparación técnica-profesional en materia económica-financiera-patrimonial. Los representantes del Poder Legislativo, no provienen del saber y del entender en las disciplinas en "administración gubernamental" y frente a un operador-empresario, hacen "agua" y de las "aguas cordobesas", no por sus posibles condiciones de honorabilidad, sino por desconocimiento en materia de negocios con empresas multinacionales o locales. Simplemente el ciudadano debe tener acceso en este negocio, conociendo: Ingresos y Egresos operativos anualizaods del ente. Calidad de los egresos (sueldos de la totalidad de la planta y en especial de los cargos directivos y sus cargas sociales, insumos, gastos administrativos, etc. etc. que por razones de espacio, la lista es extensa). Plan de inversiones y conservación de los activos. Una vez que se obtenga el estado patrimonial y de ingresos y egresos, surge con exactitud la rentabilidad del negocio, con las respectivas estimaciones a futuro (años de la concesión), bajo un sincero (sin pautas mentirosas) del respectivo "proyecto de inversión". El motivo o razón en la existencia de un ente empresario, bajo el sistema amplio yliberal es: "minimizar los costos-maximizar las ganancias" y no es "empresa" cuando sus operaciones se dirigen a la prestación de servicios públicos a precio de venta social. Los propietarios de estas empresas no hacen "obras de bien" para brindarles utilidades a la "Fundacion Madre Teresa de Calcuta". Hacen negocios a los dueños del ente y por lo tanto los profesionales en ciencias económicas con vocación de servicio social, son los indicados en dirigir y entablar una correcta interpelación y su posterior control. Imaginemos que nos represente en esta unicameral provincial, como legislador el profesor Salvador Treber para estos temas tan oscuros y tediosos para el no entendido. ¡Estaremos frente a debates para alquilar balcones!. Claro, conviene que el legislador sea dócil y con obediencia debida. Saludos a todos.