Córdoba

La Legislatura de Córdoba modificó la ley que regula la difusión de las declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados del Estado para facilitarle el acceso al ciudadano. Sin embargo, un legislador opositor lamentó tener que ventilar esa información. Hubiera preferido que el soberano transpirara un poco más para obtener esos datos, siendo que el mundo va en sentido contrario, ante la presión ciudadana los poderes buscan transparentar y abrir los grifos de la información.

Para el periodista ciudadano la "concertación público-privada" que consiste en que inversores inmobiliarios mejoren algunos espacios públicos a cambio de poder incumplir normas urbanísticas vigentes se parece bastante a un acto de prostitución. "Conservemos el espacio público. Mejoremos lo que haya que mejorar -si se puede- pero no a expensas de achicar y entregar parte de esos terrenos a la especulación privada". ¿Qué harán los concejales?

Esa podría ser la consigna que más se ajusta al deseo de la mayoría de los legisladores que hoy aprobarán la modificación de la ley de las declaraciones patrimoniales para que cualquiera pueda tener acceso a ellas sin tener que justificar un interés legítimo. Sin embargo, aún no está resuelto dónde serán publicadas, lo que no es menor pues se trata de facilitar el acceso. Legisladores de Unión por Córdoba votarán con cierto desagrado el proyecto de su gobernador.

Temen por el intento del gobierno provincial de modificar el régimen previsional para acabar con el déficit crónico de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Las organizaciones gremiales sospechan que el gobierno intenta instalar en la opinión pública el déficit para justificar una reforma que abarataría las jubilaciones y precarizaría el sistema. Piden una audiencia con el gobernador.

Ya en el 2003 los vecinos de Villa Dolores cuestionaron el vertedero que impuso la Agencia Córdoba Ambiente, pero recién en febrero de 2007 empezó a recibir los residuos de los municipios y comunas que adhirieron al Ente “Traslasierra Limpia”, que administra el sistema en el Valle de Traslasierra. Según afirma nuestro periodista ciudadano, las complicaciones propias de este programa revelan que no fue armado para solucionar un problema ambiental sino para hacer negocios.

El Obispado de Río Cuarto recibió 200 mil pesos, no reintegrables, del gobernador Juan Schiaretti para solventar el pago de indemnizaciones y aportes adeudados a las obras sociales de su radio. ¿Por qué el Estado debe hacerse cargo de los desaguisados o inconvenientes administrativos del medio de comunicación de la Iglesia? El obispo Eduardo Eliseo Martín (foto) gestionó el subsidio con De la Sota y lo cobró hace unos días de manos de Schiaretti.

Como testimonio del busto que homenajea a Baden Powell en el Paseo del Scout en barrio Altos de Vélez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba, sólo quedó indemne del accionar de los vándalos el pilote. A la escultura de Ana Frank, en barrio Nueva Córdoba, le mutilaron parte del rostro. Y el piropo que homenajea a Jardín Florido no puede leerse porque falta la mitad de la placa. Sólo una muestra del ensañamiento sin sentido contra el espacio público que la ciudad sufre a diario.

Son hombres que consiguen la custodia de sus hijos, o que quedan viudos, o a quienes su ex mujer les deja los niños, o incluso aquellos que deciden tener un hijo a pesar de no tener pareja. Según un informe de la Consultora Delfos el 15,9 por ciento de los hogares cordobeses son monoparentales y de esos casi tres de cada 10 son de padres solos. Se calcula que en la ciudad hay casi 15.000 hombres en esta situación.

El "Encuentro de Información, Intercambio, Debate y Reflexión para la Acción, acerca de las problemáticas que surgen a partir de las luchas en defensa del Agua y la Vida" fue el cierre de las numerosas asambleas barriales, radios abiertas y difusión de la problemática que en la provincia desarrolló la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) a lo largo de todo el verano. Entre las acciones que se prevén para los próximos días figura un juicio popular a las privatizaciones.

La municipalidad declaró inadmisible el planteo realizado por una participante del concurso municipal de historia Santiago del Castillo, que denunció un supuesto contubernio entre los premiados y los integrantes del jurado. Un decreto del intendente Daniel Giacomino ratificó el carácter "inapelable" del polémico fallo. En una carta abierta, la damnificada expone sus argumentos en contra de la decisión del municipio y afirma que el decreto "vino a sancionar la confiscación particular de un patrimonio común cuyo sentido, efectiva publicidad y prestigio debiera garantir".