Córdoba

Dos veces pidieron sin suerte desde el juecismo apartar a la jueza electoral Marta Vidal del escrutinio final. Pero el Tribunal Superior, el que debe decidir si se abren las urnas, rechazó los planteos. La jueza cree que su mal momento obedece a las "barbaridades" formuladas por sus adversarios. Se equivoca. De todos modos, ella es sólo un engranaje de un sistema de relaciones y privilegios que la trasciende.

A partir de las 19,30 en la Sala Mercedes Ocón, planta alta del Cabildo. Allí los esperamos a todos: periodistas ciudadanos, lectores asiduos del sitio e interesados en conocer de qué se trata el periodismo ciudadano y las formas de participar. Se trata de dar un paso más para ayudar a consolidar una agenda diferente y de miradas múltiples.

Para Alejandro Olmos Gaona la deuda externa tiene un efecto inmediato en la vida cotidiana: "Tributamos todos los días para pagar algo que no debemos. Nos están sacando plata del bolsillo para pagar un fraude", dice. Su padre, Alejandro Olmos, impulsó hace 18 años la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública de Argentina. Ahora, él sostiene que no pagar no conlleva riesgos y que el presidente Kirchner tiene doble discurso: "Este Gobierno se maneja con los mandatos de la economía convencional impuesta por los organismos financieros internacionales. Y la lógica de la deuda implica pagar aunque no se deba", asegura.

Hugo y Juana tienen seis hijos. Desde hace siete años viven en un inmueble venido a menos, de nueve mil metros cuadrados, que perteneciera a los ex Talleres Csaky, en barrio San Vicente. Hoy deben desalojarlo y no tiene adónde ir. Desesperados, hasta hablan de vender un órgano para conseguir un hogar. El predio que hoy ocupan habría sido adquirido por Obras Públicas para un plan de viviendas. La familia muestra unos papeles donde como locador y comodante del predio figuran el fiscal general Darío Eugenio Vezzaro y su socio en el estudio jurídico, Marcelo Augusto Bossi.

El conflicto que se generó a partir de las elecciones provinciales ya lleva diez días y el periodista ciudadano percibe que los discursos de las partes involucradas, Unión Por Córdoba y el Frente Cívico cambiaron. "Esto me genera una sensación aún más siniestra que la de la semana pasada", dice.

No cayó bien en algunos referentes del Frente Cívico y Social el anuncio de Luis Juez de no presentar listas de candidatos para octubre en repudio a la decisión del gobierno nacional de soltarle la mano y dejarlo solo en su cruzada antifraude tras la elección del 2 de setiembre. Tres fuentes consultadas opinaron que la próxima elección hubiera servido para demostrar la "fortaleza electoral del Frente con votos". Sin embargo, los hombres más cercanos al intendente defienden el voto en blanco como la mejor forma de expresar la bronca frente al supuesto robo electoral. "La credibilidad de la gente está por el piso", dicen.

El año pasado Villa Yacanto fue noticia en Sosperiodista porque su intendente, Oscar Musumecci, había comenzado la construcción de una pileta semiolímpica siendo que el pueblo carece de agua corriente y está rodeado de balnearios. Esa pileta aún no se inauguró, sin embargo hoy vuelve a ser noticia con otro hecho: se ha resuelto cobrarle una entrada a los vecinos que deseen participar de las Fiestas Patronales, que se supone son un ámbito desinteresado de reunión y de gozo entre los miembros de la comunidad. Así lo plantea nuestra periodista ciudadana en este artículo.

Siete días atrás empezaba algo que todavía no termina, pero que lamentablemente no se sabe cuándo terminará. Lo único cierto, entre tanta confusión, es que los candidatos más votados han protagonizado una "derrota moral", afirma nuestro periodista ciudadano.

Muchos se preguntan cómo termina el escándalo que dejó el sospechoso escrutinio de las elecciones a gobernador disputadas el 2 de setiembre pasado. La respuesta es "con normalidad, como terminan siempre estas cosas". Esa normalidad en marcha la encarnan y la llevan a cabo, Kirchner y De la Sota, quienes le han bajado el telón al bochorno y actúan como si nada hubiera pasado.

Para el bloque de legisladores del radicalismo el daño ya está hecho por quien denuncia el presunto fraude, en vez de por quienes lo habrían llevando adelante. De todos modos, concuerdan que "si es necesario, aunque no sea legal, hay que abrir las urnas y contar voto por voto para recuperar la credibilidad del sistema".