Los legisladores cordobeses postergaron por 14 días el tratamiento de la nueva ley de declaraciones juradas de bienes enviada por Schiaretti. Dicen que están buscando el consenso. Es cierto, aún no hay acuerdo, ni siquiera hacia adentro de los bloques. Por ejemplo, en Unión por Córdoba hay algunos que en voz no tan baja discrepan con el gobernador de declarar el valor de mercado de sus bienes, prefieren el irreal valor fiscal. En la UCR, igualmente, con la salvedad de que una legisladora pide respaldar la declaración con un formulario de la Afip. Y en el Frente Cívico "por la transparencia", también hay quienes preferirían cierta discreción, aunque buscan incomodar políticamente al oficialismo pidiendo que la ley alcance a funcionarios de segunda línea.
Un ex titular de la UCA salió ayer a denunciar las irregularidades sufridas en el edificio del motín cuando en un informe a la justicia había destacado las reformas. Una ex funcionaria denunció recientemente que ella había alertado del motín y no la escucharon. Ser críticos cuando ya no hay nada que perder es también una forma de facilitarle las cosas a los autistas que nos siguen gobernando.
"No hay políticas de largo alcance, se trabaja sobre la coyuntura", afirmó Gustavo Arocena, del Distrito 3, luego del motín registrado el lunes en la ex cárcel de Encausados. Los juzgados de ejecución penal en la provincia deben velar por el control de la condena del recluso pero su competencia no alcanza a los detenidos de la UCA. ¿Entonces quién los protege? La nota apunta a echar un poco de luz al tema.
La legisladora de la izquierda Liliana Olivero considera que el atraso de la Legislatura en tratar la ley que modificará la difusión de las declaraciones juradas de funcionarios y empleados del Estado obecede a un "artilugio" del oficialismo que gana tiempo para "esconder" datos reales del patrimonio hacia la ciudadanía.
En menos de siete días el gobernador debió afrontar una protesta de guardiacárceles y un motín en la ex cárcel de Encausados que trajo penosos recuerdos. Fueron seis horas estresantes en las que 150 internos se adueñaron del penal para exigir un mejor trato de detención. Al mismo tiempo, dos agentes de Bouwer fueron agredidos por internos condenados por el motín del 2005. Un sistema carcelario atado con alambre. En la foto un interno se asoma por la ventana.
Se trata de Jorge Navarro, secretario de Participación Ciudadana. Dice que los antecesores del actual intendente apenas hicieron "micro planificación", a diferencia de la verdadera planificación que comenzaría ahora con la reglamentación de las juntas de participación vecinal y la instrumentación del presupuesto participativo. "Se perdieron 12 años en institucionalizar lo que ordenaba la Carta Orgánica", afirma, en alusión a la creación de las juntas de vecinos que espera que comiencen a formalizarse en mayo.
Informe de Actividades en Río Ceballos y II Radio Abierta en el dique La Quebrada. "Córdoba sin agua" realizado por la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV). Esa organización participó durante febrero en la asamblea del Agua, junto a vecinos, organizaciones políticas y sociales de las sierras chicas. Se trata de un nuevo espacio que intenta unificar los reclamos y las problemáticas del agua del departamento Colón.
El gobernador Schiaretti afirmó el jueves pasado que la Organización Internacional del Trabajo "desechó" el derecho de los trabajadores penitenciarios y fuerzas de seguridad a sindicalizarse. Sin embargo, desde la Oficina de la OIT en Argentina, dijeron todo lo contrario. Un fallo de la justicia de Córdoba -apelado por el Gobierno provincial- señala que no cabe derivar que de la existencia de un sindicato, "se pondrá en jaque la prestación del servicio de seguridad".
En Cruz del Eje es usual que la gente circule por la calle y a contramano. Lo hacen las madres con cochecitos, los conductores de motos, bicicletas, de autos sin luz y los peatones. Es muy frecuente en estos últimos caminar ocupando media calzada. Para el periodista ciudadano, una costumbre tan riesgosa como digna de un estudio sociológico.
Vecinos y organizaciones no gubernamentales temen por la venta a grupos inmobiliarios del predio donde hoy funciona el Tercer Cuerpo del Ejército de Córdoba. Hace un año se informó que el cuerpo sería trasladado pero no hubo precisiones sobre su destino. Se trata de un sector rico en recursos naturales y con una importante reserva de agua. Un grupo de ciudadanos pide que se convierta en un parque. Allí también se alberga el Museo de la Memoria de La Perla (foto)
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La lucha de los hermanitos Flores por un tarro de leche
Estamos salvados, llegaron los veedores del Indec

Los medios de comunicación locales aburrieron ayer hasta el hartazgo comentando las implicancias del operativo que se realizará hoy para censar a la mayoría de los hogares provinciales. Los medios centraron sus notas y comentarios en las particularidades del operativo (las credenciales con que se identificarán los censistas, las preguntas que harán, las sanciones previstas para los que no respeten el feriado, etcétera); pero poco se indagó sobre la necesidad real del censo, el uso posterior de esa información y la aplicación de esa información para un fin específico. Por caso, ¿qué hará el gobierno para impedir que información tan sensible se filtre y sea usada con fines deshonestos o ilícitos? ¿Qué garantías existen en este sentido? La sensación es que se perdieron minutos preciosos discutiendo sobre la presunta espectacularidad de un operativo, que no es más que un gran encuesta donde unos preguntan y otros responden, o mostrando los aspectos más superficiales del hecho como la bolsita que llevarán los censistas (foto). Lo verdaderamente interesante es qué hará el gobierno con esa información y si, finalmente, los cordobeses tendremos accesos en el futuro al procesamiento más fino de esos datos, no a los datos vagos y generales que seguramente el poder buscará difundir.