Córdoba

Desde Bélgica, esta cordobesa relata su experiencia en el marco del programa de intercambio Aiesec poco antes de comenzar su práctica en una empresa internacional. Mientras tanto, imagina cómo serán las jornadas de Naty y Lucy desde Culiacán (México), “Talo” desde Brasil y Juan en Puerto Rico.

Una inspector de la Policía de Córdoba es denunciada. El Tribunal de Conducta Policial la pasa a situación pasiva y le inicia un sumario. La acusan de cometer una falta gravísima. Pero la justicia ordinaria comprueba que el hecho no existió y la absuelve. Como el Tribunal se tomó cuatro años para resolver su situación, la afectada demanda a la Provincia y logra que la justicia civil ordene a ésta el pago de los haberes caídos en todo ese tiempo. Cerca de 100 mil pesos. El Tribunal de Cuentas Provincial evalúa el expediente.

Anfiteatro José Hernández, en Jesús María. Recital de Carlos Alberto Solari, que vino a presentar su segundo disco solista Porco Rex. Las crónicas del día después hablan de cuarenta mil almas. Estuvimos ahí.

Tres horas de su tiempo es lo que dedicaron más de 30 ciudadanos convocados por la ONG El Agora para debatir la reforma política. Descreimiento y despolitización, falta de información y repolitización de los espacios con pequeños actos cotidianos fueron algunos de los temas expuestos. "En algún momento alguien va a cambiar el sistema. Los de abajo vamos a empujar de manera tal que los de arriba tengan que cambiar", disparó una vecina a modo de cierre de la jornada.

Desde enero en Cruz del Eje hay dos boliches. Denuncian que la funcionaria que los habilitó trabajaría en ambos. El abogado Pablo Olmos presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Instrucción a cargo de Néstor Cuello por supuestas irregularidades cometidas por la secretaria de Economía y Finanzas municipal, Cecilia Mercado. Aseguran que se persigue a quienes intentan algún emprendimiento dedicado al esparcimiento nocturno. Por su parte, el intendente de esa localidad, Mario Blanco, defendió a su funcionaria y atribuye la situación a una "panfleteada" política. Todo eso, cuenta la autora de esta nota desde esa localidad.

Por un momento buscamos representarnos a la Ciudad de Córdoba atestada de obreros y máquinas escarbando a toda hora en la superficie para la obra de subte que el intendente local y la presidenta de la Nación anunciaron ayer y cuyo inicio sería el año próximo. Nos imaginamos una ciudad inmersa en un caos de tránsito y con un ruido contaminante difícil de digerir. Pero sólo es imaginación.

La presidenta del Tribunal de Conducta Policial deslindó responsabilidades en la designación de dos secretarios del organismo que, según publicó ayer nuestro diario, presentan antecedentes penales en la justicia local. Pese a que Ana Becerra prestó acuerdo para las designaciones de estos funcionarios, dijo que la facultad de evaluar los antecedentes no le corresponde a ella sino al Ejecutivo. La funcionaria no quiso adelantar criterio sobre la idoneidad ética para desempeñarse, hasta que no analice los antecedentes.

El ex titular de Lotería de Córdoba, Walter Saieg, salió ayer a respaldar a los empleados del Casino de Alta Gracia que protestan en la calle tras ser cesanteados. El legislador había pedido el pase a planta antes de dejar el cargo pero Schiaretti no accedió. Dijo que ahora le pedirá por nota al gobernador una solución. Los manifestantes acusaron al gobernador de "poner su gente" en sus reemplazos. También fustigaron al vicepresidente de Lotería, Carlos Marrero.

Un funcionario municipal del área de Cultura se comunicó con Sosperiodista para brindar precisiones acerca del saldo que posee la cuenta bancaria abierta el año pasado para la reconstrucción del Teatro Comedia, luego de que este sitio publicara una nota sobre el estado de abandono que sufre tras el incendio sufrido a mediados del año pasado.

Dos secretarios del Tribunal de Conducta Policial de Córdoba aparecen involucrados en causas penales. Uno recibió una condena por usurpación de funciones públicas y el otro fue imputado por el delito de violación de medios de prueba y aparentemente sobreseído por la prescripción del delito. Estos funcionarios intervienen en un organismo cuya competencia es justamente prevenir, detectar y sancionar las conductas reprochables de policías y agentes penitenciarios.